Madres protectoras
“He hecho todo lo que tengo que hacer y sigo sin mis hijos”

El 22 de octubre de 2022, África Martínez recibió la sentencia que, pensaba, pondría fin a cuatro años de lucha para conseguir la custodia de sus hijos. Un tribunal de familia de Portugal dictó entonces, con la aprobación de la fiscalía, que aunque sus dos hijos —de 7 y 9 años— llevaran cuatro años con su padre en Portugal desde que la pareja se separó en 2017 y ella regresó a España, lo mejor para su estabilidad y es que se fueran a vivir con la madre en España. 

El juzgado le atribuía la guarda y custodia porque entendía que es la madre quien “tiene mejores condiciones para cuidar a los niños de manera permanente”, dice la sentencia a la que ha tenido acceso El Salto, ya que “tiene una entrega y un compromiso que no se ve en el padre” y ella es “autónoma en el cuidado de los niños mientras que el padre necesita apoyo de terceros”.

Los informes realizados a ambos progenitores concluyen que es la madre quien tiene mejores condiciones para hacerse cargo de los dos niños de forma permanente porque es autónoma en el cuidado, no como el padre

El juez que dicta la sentencia basándose en informes profesionales realizados a ambos progenitores tiene en cuenta que, en el tiempo que los niños están bajo custodia del padre, quien se encarga de cuidarlos es la abuela. También valora que el ejercicio de la paternidad del padre está condicionado por el mantenimiento de un seguimiento médico psiquiátrico. Por todo ello, concluye que no hay que excluir a ninguno de los progenitores del cuidado de los hijos pero sí establecer quién tiene mayor competencia para cuidarlos en atención al interés superior del menor y concluye que es su madre.

Esa sentencia venía a corregir “una decisión provisional que ha durado cuatro años”, señala irónicamente África, y por la que los dos pequeños han vivido en Portugal entre 2018 y 2022. Pero el calvario de África continúa: el padre se niega a cumplir la sentencia y se ha llevado dos veces a los niños a Portugal saltándose los acuerdos que habían alcanzado, y ha conseguido que un juez de Portugal establezca que la sentencia de octubre de 2022 no es aplicable mientras no se resuelve el recurso interpuesto por el padre contra esa decisión.

Una decisión excepcional

La historia comienza en 2017. Entonces, la pareja se separa y ella se va a vivir con los niños a Cádiz sin existir un acuerdo que regule la situación tras la separación. Mientras África trata de lograr un acuerdo enviando una propuesta a la que él nunca respondió, su expareja interpone varias denuncias contra ella —una denuncia por sustracción internacional de menores y otra por robo de coche— que acabaron con el dictado en 2018 de esa sentencia provisional mientras se resolvía la custodia de los niños que establece que los niños deben quedarse en la que era hasta ahora su residencia habitual, en Portugal.

Desde diciembre de 2018, África se preocupa en cumplir los acuerdos pedidos por ella a los juzgados y visita a los niños cada quince días en Portugal, al principio, y luego una semana al mes, a partir de la situación de alerta sanitaria, a la espera de que se resuelva definitivamente la situación, algo que África esperaba que ocurriera con la sentencia de octubre de 2022.

Pero entonces, cuando llega la sentencia que estaba esperando, África acude al colegio de los niños para llevárselos con ella y se encuentra con que no han ido al colegio. Tras cinco días sin poder localizarlos, regresa a España, desde donde contacta con el colegio para aclarar la situación. Finalmente, regresa con ellos a España el 10 de noviembre. Enseguida los escolariza y trata de normalizar su nueva vida familiar, pero recibe constantes presiones del padre, por lo que pide a un juzgado de Cádiz que establezca medidas cautelares ante el miedo de que él se los lleve en una de las visitas, como finalmente ocurre en diciembre. 

Los niños pasan un mes y medio fuera. Mientras, el 23 de enero,  el juzgado se pronuncia sobre el recurso que el padre ha interpuesto contra la sentencia que da la custodia a la madre. Dice que admite el recurso, pero que le da un efecto devolutivo, es decir, que la sentencia que se recurre debe ejecutarse mientras esta se resuelve, como establece la normativa portuguesa en su Régimen General del Proceso Tutelar Civil. Esto hace que el entregue a los niños, cosa que hace el 27 de enero: “Me los trae con una bolsita de plástico”, lamenta África. “Venían con la ropa puesta, sin los libros del colegio”, explica a El Salto. 

Una decisión excepcional de tribunal de apelaciones hizo que la sentencia que le daba la custodia a África no tenga efecto a pesar de la decisión del juzgado que analizó su caso 

El 31 de enero, el Tribunal de Apelaciones dice que acepta el recurso y que le va a dar un efecto suspensivo y no devolutivo, contrariando la decisión del juzgado que conoce el caso y que había establecido el efecto devolutivo. Además, este Tribunal no fija una cantidad económica en forma de garantía, como establece la normativa para los casos excepcionales en los que se contempla el efecto suspensivo de los recursos. África interpone una reclamación contra esta decisión judicial mientras los niños siguen con ella.

Entonces empieza lo que califica como “otra ofensiva”: la vuelve a denunciar por sustracción de menores —la segunda—, mientras los niños siguen con ella en España y ella pide, de nuevo, medidas cautelares ante el riesgo de que él aproveche sus visitas para llevárselos, como de hecho ocurre en la vacaciones de Semana Santa, y los niños no son devueltos el 6 de abril, tras las vacaciones de semana santa. 

El 12 de abril, África recibe una nueva notificación: el juez del tribunal de apelaciones ha decidido que el recurso interpuesto por el padre tenga efecto suspensivo, algo que la normativa establece solo para casos excepcionales. Con esta decisión, se suspende la sentencia que le da la custodia hasta que se resuelva el recurso, lo que devuelve África a la situación “provisional”: la de la sentencia de 2018. Esta decisión excepcional pilla por sorpresa a la madre y a su abogada, que piden que la decisión sea valorada por dos jueces más

“He hecho todo lo que tengo que hacer, pero la justicia permite que esto se alargue”, cuenta África a El Salto. “No sé a quién acudir para poner fin a esta tortura que sufro yo, pero que también sufren las criaturas”. África cree que su caso “es un caso más” de desprotección institucional y lamenta que la situación no solo la mantiene alejada de sus hijos pese a que un juzgado ha decidido en base a exámenes profesionales de ambos progenitores que es la más capacitada para cuidarlos, sino que también la está machacando a nivel personal y económico. “¿Si no es a los niños, a quién protege la justicia y porqué?”, se pregunta.