Lawfare
Pedro Sánchez no está solo: estos son los precedentes a su caso de ‘lawfare’

“Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas y el día que ustedes quieran reaccionar les habrán fulminado también a ustedes”. Estas palabras son de Mónica Oltra, ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, antes de dimitir del cargo después de una campaña de la ultraderecha, encabezada por la fundadora de Vox Cristina Seguí, que la llevó hasta la imputación por supuestamente haber encubierto los abusos sexuales hacia una menor atribuidos a su exmarido. Hace unas semanas se conocía el archivo de la causa, pero ya era tarde. Oltra tuvo que dejar su cargo, presionada por las filas socialistas que formaban parte del gobierno de coalición que integraban junto a Compromís, tal y como ella misma confesaba.

Las palabras de Oltra se han viralizado en redes este miércoles 24 de abril después de que Pedro Sánchez emitiera la carta a la ciudadanía para anunciar que había cancelado su agenda para reflexionar si vale la pena seguir en el cargo. Esa misma mañana, un juzgado de instrucción había admitido a trámite una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias contra su pareja, Begoña Gómez, por un supuesto caso de tráfico de influencias. “Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa”, escribía Pedro Sánchez. Pero no, un repaso al lawfare ejercido por la derecha y la ultraderecha en los últimos años demuestra que el ataque a Sánchez tiene varios precedentes con víctimas de la izquierda y Oltra es el mejor ejemplo de ello. A continuación hacemos un repaso de las víctimas de esta estrategia que se despliega sin que se hayan puesto sobre la mesa medidas para impedirla.

Mónica Oltra se queda sola

Corría 2022 cuando la derecha y la ultraderecha comenzaban a acorralar a la por aquel entonces vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, por un caso que salpicaba a su ex. La denuncia de una menor tutelada, que habría sufrido abusos sexuales por parte de la ex pareja de Oltra, era utilizada como artillería contra Oltra. Primero en medios de comunicación afines a Vox y PP. Finalmente, y como en el caso de Sánchez, en los tribunales.

La caída de Mónica Oltra o cuando la derecha, la extrema derecha y el lobby sanitario hacen piña

Sara Plaza Casares

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Sanidad pública

Sanidad Pública La caída de Mónica Oltra o cuando la derecha, la extrema derecha y el lobby sanitario hacen piña

Sara Plaza Casares

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La justicia acaba de archivar la causa contra Mónica Oltra, impulsada por la extrema derecha. Repasamos el papel del lobby sanitario en la caída de la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana.

Oltra era imputada por supuestamente haber encubierto estos abusos, tras una denuncia interpuesta por la asociación Gobierna-te, de Seguí. Teresa, la joven que denunció los abusos, fue defendida por el abogado José Luis Roberto Navarro, ex líder​ de la formación ultraderechista España 2.000. 

El 21 de junio, cinco días después de ser imputada, Oltra dejó su cargo como vicepresidenta, presionada por los miembros del gobierno de coalición, integrado con el PSOE, tal y como ella denunció ante las cámaras de La Sexta. 

Oltra confesaba que la presión hizo que el PSOE amenazase con sacarla del Gobierno y eso “hubiese sido una bomba que habría roto la coalición”. “El PSOE fantaseaba con gobernar a solas y como sé lo que es y lo poco que se diferencia muchas veces de los gobiernos con los que hemos combatido, decidí que era más importante salvaguardarlo”, indicaba.

Mientras, Teresa, la joven que denunció abusos sexuales, más tarde afirmó en el medio Levante-EMV haberse sentido “utilizada” por el entente que cargó contra Mónica Oltra para luego “dejarla tirada”, sin la casa y el trabajo en Madrid que le habían prometido.

El pasado 2 de abril, el juzgado archivaba la investigación contra Oltra al no apreciar “indicios de la comisión de delito alguno”. “Y ello —prosigue el auto— aun cuando en la denuncia y querella iniciales se hicieran de manera meramente provisional calificaciones jurídico-penales que resultan insostenibles con arreglo a lo actuado”.

Vicky Rosell, el exjuez Alba y el exministro Soria

“De una víctima oficial de lawfare y corrupción judicial, Presidente: no merece la pena. Lo siento. Pero la decisión puede ser que ganen, perdiendo democracia, o poner fin a esta hipertrofia de la judicialización de la vida política con reformas. Del poder judicial y del CGPJ”. La exdelegada del Gobierno contra la violencia de género y también jueza Victoria Rosell respondía así en X a la carta publicada por Pedro Sánchez, animando a que, más allá de abandonar la carrera política, el actual presidente pase a la acción con aspectos como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva cinco años enquistado y que contribuiría a la regeneración del ámbito judicial.

Rosell lleva soportando desde 2015 la persecución del exjuez Salvador Alba, actualmente en prisión tras ser condenado a seis años de cárcel por conspirar contra ella

Y es que Rosell lleva soportando desde 2015 la persecución del exjuez Salvador Alba, actualmente en prisión tras ser condenado a seis años de cárcel por conspirar contra ella. Una persecución que utilizó una denuncia del ex ministro de Industria, José Manuel Soria, por un presunto caso de prevaricación y cohecho para favorecer al marido de Rosell, Carlos Sosa, en una causa que la magistrada instruía contra Miguel Ángel Ramírez, un empresario que mantenía negocios con Sosa. Rosell, que fue finalmente investigada por esta causa, se vio obligada a dejar la primera línea política como diputada al no volver a ser cabeza de lista en Podemos por Las Palmas para las elecciones de junio de 2016. Elecciones en las que Soria se presentaba también como cabeza de lista por Las Palmas con el PP.

El juez Alba fue sustituto de Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. El empresario Ramírez denunció que este juez se había reunido en privado con él antes de tomarle declaración y le había dicho lo que tenía que manifestar para, presuntamente, perjudicar a la ex diputada de Podemos. Y, además, aportó una grabación de la charla. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias archivaba la denuncia de Soria contra Rosell y esta pudo seguir su carrera política llegando a ser Delegada de Gobierno contra la violencia de género.

Pero la sombra del lawfare aún no se despega de Rosell ni de su marido. El exjuez Salvador Alba presentó el pasado año una querella contra Sosa, director del medio de comunicación Canarias Ahora, a quien acusa de tres delitos continuados de revelación de secretos, además de uno de odio. Un juzgado de Madrid ha decidido abrir juicio oral contra el periodista y le exige una fianza de 422.500 euros, la misma cantidad que reclamaba el exjuez en su escrito de acusación, además de 23 años de cárcel.

El caso niñera o la veintena de causas contra Podemos

Desde 2015 se han archivado más de 20 querellas contra Podemos. El caso más duradero en su instrucción ha sido el conocido como Neurona, donde un juez, Juan José Escalonilla, investigó a varios miembros de Podemos por presuntos delitos de financiación ilegal y que permaneció abierto desde julio de 2020 hasta finales de 2023, cuando recibía carpetazo definitivo. El caso se inicia por la denuncia de un ex abogado del partido, José Manuel Calvente, por una presunta mala utilización de la caja de solidaridad de la formación morada y se llegaron a desarrollar ocho líneas de investigación.

¿Y qué esperabas, Pedro?

Yago Álvarez Barba

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Los gobiernos de derechas llevan años alimentando con dinero público a sus medios afines que esparcen bulos y manipulan sin que el Gobierno haya hecho nada para evitarlo.

“No siendo parte en el procedimiento Pablo Iglesias, y habiéndose incluido indebidamente en el encabezamiento de las resoluciones, procédase a subsanar dicho extremo”, reconocía el magistrado el 9 de febrero de 2023 para admitir que imputó al que fue líder de la formación sin tener que hacerlo. Hacía ya casi dos años que Iglesias había dejado la política, tras llegar a ser vicepresidente del Gobierno, en parte empujado por la persecución judicial y política de una ultraderecha que le asediaba hasta en la puerta de su domicilio.

Desde 2015 se han archivado más de 20 querellas contra Podemos. El más duradero en cuanto a su instrucción ha sido el caso Neurona, que permaneció abierto desde julio de 2020 hasta finales de 2023

Pero el caso Neurona no es el único. Casos más rocambolescos aún se abrieron sobre integrantes de la formación morada. Entre ellos el más inverosímil es el caso Niñera, que señaló a la ex ministra de Igualdad Irene Montero, tras las acusaciones ejercidas por Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege.

Un caso admitido a trámite por el juez José María Escribano, que deriva del caso Neurona. En el seno de esa causa, una ex abogada del partido enfrentada con la formación, Mónica Carmona, aseguró que Irene Montero había utilizado a una de sus asesoras de Igualdad, María Teresa Arévalo, para cuidar a su hija menor durante un viaje a Alicante para celebrar un mitin. Las pruebas: Arévalo cogió a la bebé en brazos en momentos puntuales y el partido le pagó unos billetes de tren. Arévalo rechazó ante el juez las acusaciones, negando que trabajara como niñera para Montero, y argumentando que acudió al mitin como miembro del partido. Doce meses después, el juzgado archivaba la causa contra Irene Montero.