Laboral
Los siete acusados de extorsión por movilizaciones contra la empresa Limpiezas Arana de Bilbao pasan a declarar

El 14 de abril entró en vigor la derogación del artículo 315.3 del Código Penal que criminalizaba los piquetes informativos de los sindicatos en jornadas de huelga. Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, casi 300 sindicalistas fueron denunciados en todo el Estado, algunos de ellos entraron en prisión. El 15 de abril, cinco personas de Bilboko Langile Autodefentsa Sarea (LAS), red de autodefensa para la clase trabajadora, declararon en los juzgados de Bilbao, acusados de un delito de extorsión, por movilizarse para defender los derechos de una trabajadora de limpieza migrada y sin contrato de la empresa Limpiezas Arana. Hoy, 16 de abril, declararán otras dos. 

La jueza ha abierto diligencias basándose en el informe de la Brigada de Crimen Organizado de la Policía Nacional y, tras los testimonios recabados entre hoy y ayer, decidirá si imputarles o no. El delito de extorsión está penado con cárcel hasta cinco años. Tras declarar, los jóvenes tenían la sensación de que su testimonio había sido escuchado de forma imparcial y que el peso del informe de la Brigada Criminal determinará su futuro.

No hablan de montaje policial, pero casi. “El empresario nos denunció previamente a la Ertzaintza por un delito de extorsión y coacciones, que fue rebajado por otro juez a coacciones y finalmente no tuvo recorrido. Entonces, volvió a denunciarnos, esta vez ante la Policía Nacional. Desde ahí, la Brigada Criminal nos hizo seguimientos y finalmente practicó nuestras detenciones”, explicó a las puertas del juzgado uno de los jóvenes que declaró ayer y prefiere no dar su nombre. Uno de los siete fue detenido a raíz de una entrevista en un medio de comunicación.

Tras tomar declaración, la jueza decidirá si imputarles o no un delito de extorsión, penado con hasta cinco años de cárcel

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Jo ta ke es ETA

Las diligencias judiciales se asientan en un informe de la Brigada de Crimen Organizado de la Policía Nacional, en el que se incluyen tres puntos que fuerzan un relato para inducir un delito de extorsión, explican los declarantes: cantar Jo ta ke (dale duro, en traducción no literal; eslogan usado tanto por miembros de ETA como por la afición del Athletic en el estadio de San Mamés para jalear a los futbolistas), que había violencia ambiental en las concentraciones (se usaba megáfono) y que las movilizaciones han aparecido recogidas en ciertos medios de comunicación que no son constitucionalistas.  

No es nada nuevo que jóvenes vascos que no tienen edad para recordar la violencia de ETA sean relacionados con violencia terrorista, pero aparte de ello, desde LAS insisten que “es evidente el grave precedente que puede significar esta causa judicial, en la que la legítima defensa de los derechos en un conflicto laboral y la respuesta autoorganizada de las trabajadoras acabe siendo juzgada por extorsión”.

“Queda bien reflejado que la represión es un arma indispensable para perpetuar el poder de la clase dirigente, debilitar y criminalizar las luchas, mientras las verdaderas acciones violentas, como las que pone en práctica esta empresa, quedan ocultas”, sostienen. 

“Es evidente el grave precedente que puede significar esta causa, en la que la legítima defensa de los derechos en un conflicto laboral y la respuesta autoorganizada de las trabajadoras acabe siendo juzgada por extorsión”

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“Vamos muy tranquilos al juicio, lo único que hicimos fue hacer sindicalismo”, asegura uno de los imputados.

Limpiezas Arana es una empresa que se dedica a limpiar negocios de restauración y pisos turísticos, entre otros servicios de limpieza. Una de sus trabajadoras, una mujer de 42 años originaria de Colombia, acudió a la red de autodefensa buscando ayuda para su caso: explicó que la empresa le exigía un horario laxo (estar siempre disponible), que solo cobraba una hora por piso limpiado con independencia del tiempo necesario para esa labor, que ante una queja sobre la limpieza en Airbnb la empresa le multó con retirarle 200 euros del sueldo —de una nómina de 700— y que fue despedida sin cobrar el último mes ni el finiquito. 

A la concentración de apoyo acudieron miembros del Movimiento de Pensionistas, de la CGT, Galdakaoko Etxebizitza Sarea, entre otros. Un total de 23 colectivos, como los sindicatos ELA y LAB, los colectivos Sos Racismo, Kem-Moc, Irola Irratia, Ernai, GKS y Sukar Horia, respaldan su manifiesto, disponible en la página web korapiloaskatu.com.