Iglesia católica
Europa Laica denuncia como inaceptable que el Estado asuma los pagos a las víctimas de abusos eclesiales

La organización Europa Laica ha emitido un comunicado crítico con los resultados del informe presentado el viernes por el Defensor del Pueblo y que evaluaba que el 1% de la población mayor de edad ha sufrido abusos sexuales por parte de religiosos o personas del entorno de la Iglesia Católica.

Además de la encuesta, el trabajo recoge los testimonios de 487 víctimas, que en su mayoría han dado testimonios directos de los abusos (en 153 casos fue indirecto) a la Unidad de Atención a las Víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia católica creada en julio de 2022. Para Europa Laica, el informe de la oficina de Ángel Gabilondo, “no garantiza los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

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Adolfo Martínez estudió en el colegio de los carmelitas de Villarreal (Castelló). Asegura que durante su estancia sufrió maltrato físico continuado.

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Esta asociación rechaza que el Estado se haga cargo de las indemnizaciones a las víctimas de abusos eclesiales, algo que consideran inaceptable: “Recordemos, a este respecto, que la institución que ha propiciado y ocultado los abusos sexuales no carece de recursos económicos, y que su inmensa riqueza la ha acumulado en gran parte precisamente gracias a la 'generosidad' del Estado, a través de la acción o inacción de los distintos gobiernos pre y postconstitucionales”.

Los cálculos de Europa Laica estiman que la Iglesia Católica recibe del Estado 12.000 millones de euros anuales “entre asignaciones directas, exenciones de impuestos, asignación tributaria, etc.”

Desde esta organización se considera que no puede dejarse en manos de la Iglesia que se realicen compromisos públicos para el reconocimiento de las víctimas, la reparación y la reforma institucional para que haya garantía de no repetición. 

Para Europa Laica, es necesario cortar de raíz toda relación de la Iglesia con la educación de la infancia. Además, indican que "no puede ser que el Estado financie escuelas confesionales a través de los llamados conciertos educativos”.

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