Fronteras
De las calles del Rif a la patera: “La muerte antes que la rendición”

Durante el verano, cientos de rifeños trataron de alcanzar las costas andaluzas. Muchos de ellos, activistas que han estado implicados en la lucha social del Rif. Su esperanza, una vez cruzado el “charco mortal”, era solicitar protección internacional por la persecución política a la que se ven sometidos.

Trece de ellos llegaron hace un mes a las costas españolas tras pasar 26 horas a merced del Mediterráneo. Su embarcación había salido de Alhucemas, región al norte de Marruecos que hizo tambalearse al todopoderoso makhzen, forma en la que se denomina al entramado político que posee el poder efectivo más allá del Gobierno, un mero brazo ejecutor.

En el tránsito gritaban vivas al Rif y hacían promesas, mientras lo grababan con sus móviles por si desaparecían sin dejar rastro. La “muerte antes que rendición”, gritaban mientras cruzaban los 180 kilómetros que separan Alhucemas de Motril.

Lemas con los que los rifeños han salido a las calles desde que se iniciaron las manifestaciones en octubre de 2016 con la muerte de Mohssine Fikri, un vendedor de pescado que trató de salvar la mercancía requisada por la policía. Su muerte impulsó un movimiento de protesta que puso en evidencia la marginación y olvido que sufre el pueblo rifeño.

A principios de 2017, el Gobierno reconocía la legitimidad de las protestas, mientras enviaba cerca de 20.000 operativos policiales para silenciar las manifestaciones, pacíficas desde su inicio. A finales de mayo, comenzaron las detenciones y unas condenas que oscilan entre tres meses y 21 años de cárcel.

Antes de llegar a las costas andaluzas, los 13 fueron interceptados por el Servicio Marítimo Provincial de Granada y llevados a la comisaría de la ciudad portuaria. Tres horas después serían desplazados por falta de espacio al C.A.T.E., el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, para el que el Defensor del Pueblo ha pedido el cierre por su “carácter de insalubridad”.

Durante sus primeras horas en la península, no contaron con ningún intérprete en la lengua originaria de su tierra, el amazigh, por lo que no entendieron su situación ni sus derechos. Tras recibir órdenes de expulsión, se les otorgó un abogado de oficio que se limitó a firmar sus hojas de expulsión, grupales, sin presentar recurso y sin atender su derecho a la protección internacional. El letrado asegura que les explicó la posibilidad de solicitud de asilo, ya que muchos habían sido perseguidos por su acción política e incluso, algunos, habían pasado por prisión. Sin embargo, ellos niegan haber recibido esta información.

Ante la falta de espacio en el C.A.T.E. fueron puestos en libertad con la orden de expulsión en el bolsillo y se dirigieron a la estación de autobuses desde donde tomaron dirección a la capital. Es entonces cuando entran en contacto con activistas de la diáspora rifeña y organizaciones que les explican el proceso a seguir para poder tramitar su solicitud de asilo.

Así fue como llegaron a Madrid dos hermanos El Annabi, originarios de Imzouren, a 20 kilómetros de Alhucemas, uno de ellos indultado por el rey Mohamed VI el pasado 20 de agosto junto a otros 186 rifeños encarcelados por protestar. Tres de los hermanos Annabi fueron condenados por su participación en las manifestaciones a un total de 75 meses de prisión, pero solo uno de los condenados está en suelo español, los demás esperan su oportunidad.

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Redacción El Salto

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Rif

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Cincuenta y tres personas, detenidas a raíz de las protestas que se desarrollan en el Rif desde octubre de 2016, han sido condenadas por un tribunal marroquí a penas que van desde uno hasta 20 años de prisión.

“Me detuvieron en agosto de 2017, entraron en mi casa alrededor de las 15:00, eran 17 policías”, comenta Mohammed a El Salto. “Vinieron por mí porque me habían hecho fotos, fue durante la manifestación del 20 de julio”, la última gran movilización en la que un cartucho de gas lacrimógeno alcanzaría a Imad Attabi y acabaría con su vida. “Estábamos presentes cuando lo mataron, éramos un grupo y tras su muerte nos detuvieron”.

A Mohammed lo apresaron junto a otros nueve. En comisaría sufrió la peor de las violencias. “Me preguntaban por Zefzafi [líder de las protestas que se encuentra en la cárcel de Oukacha, Casablanca, condenado a 20 años de prisión a la espera de respuesta ante el recurso de su sentencia], me preguntaban por otros activistas, me dijeron que dejara de manifestarme, pero les dije que no”, comenta.

De la comisaría les llevaron al juicio, pero allí “el juez simplemente ratificó la sentencia que había sido elaborada en comisaría, donde tenías que firmar un testimonio que ellos escribían. Si no, te molían a palos”. Por este motivo, no les quedó otra que firmar y esperar a que pasara la condena cuanto antes.

Tres días después fue trasladado a la cárcel de Alhucemas, donde permanecería cinco meses. Cuenta que cada día entraba un grupo de rifeños. “Sabían quienes llegaban por manifestarse, a esos les impedían tener acceso a teléfonos y realizar llamadas. Se ejercía un acoso determinado, era una doble condena”.

De ahí fue trasladado a Oukacha, que describe como un infierno: “Conté los días, once, no nos dieron de comer, aislados y con cinco minutos de patio al día”. Finalmente,  sería trasladado a la cárcel de Fez, donde pasó nueve meses, antes de ser indultado. En ésta última prisión se hizo un tatuaje en el hombro derecho en el que se puede leerse “3acha Rif” (viva el Rif). “Fue mi forma de resistir preso”, señala.

Nunca imaginó que sería indultado. Tampoco pensó en marcharse de una tierra por la que había luchado en busca de un presente mejor. Pero cuando salió, todo cambió. “No había nada que hacer, todo está parado, apenas queda gente, decidí marcharme, esa es la salida que tenemos, allí solo permanece la hogra [término que evoca a la vez el desprecio, el abuso de poder y la injusticia]”, lamenta. Apenas pasó veinte días en libertad y le llegó la oportunidad.

Una semana antes, había emprendido el mismo viaje Monir (23 años), nombre ficticio, detenido tras una manifestación en Cala Bonita (Alhucemas). “Me encerraron tras un juicio rápido, fui condenado a cuatro meses de prisión y una multa de 1.500 dirhams (unos 140 euros), por daños a la propiedad y altercados públicos”, relata. Cargos por los que se ha encerrado a rifeños en cárceles diseminadas por todo el reino.

“Estuve 20 días durmiendo en el suelo porque la cárcel de Alhucemas estaba llena de activistas”, recuerda. Como Mohammed, señala el “recibimiento especial” para activistas: “Palizas y golpes a palos, automáticamente recordé a los hermanos asesinados el 20 de febrero de 2011, jóvenes a los que mataron a golpes en comisaría y que después colocaron en una sucursal bancaria a la que prendieron fuego para culparles de robo. Ellos son parte de la historia de represión contra del Rif, como lo somos nosotros ahora”.

Monir llegó a España a mediados de septiembre, en una embarcación de tres metros junto a otros dos rifeños tras veintisiete horas de navegación, con el agua hasta las rodillas. “Muerte antes que rendición”, comenta mientras relata su viaje. “Nasser nos sacaba a la calle, ahora qué nos queda, barrios vacíos de aquellos que resisten, si no ha sido por la amenaza y el acoso, ha sido la represión, los que no están esperando el momento, es porque ya cruzaron el charco”, comenta.

Explica que otro factor que le motivó a huir fue el servicio militar. El 20 de agosto, Mohamed VI anunciaba la recuperación de este servicio obligatorio para hombres y mujeres de edades entre 19 y 25 años, para “encuadrar los valores de los jóvenes marroquíes”. Una ley elaborada en secreto que no figuraba en el debate público, ni en el programa de ningún partido. El Annabi señala que la policía acudió a casa de un vecino para notificarle que iba a ser llamado para el servicio: “Los activistas rifeños somos los primeros a los que avisan de que estamos registrados para el servicio”.

Una postura que comparte Ibrahim (22 años), de Temsaman, una región rifeña de la provincia de Driouch, que también iba en la embarcación junto a Mohammed. “Las autoridades marroquíes llegaron a mi casa, yo no estaba, pero le dijeron a mis hermanos que tenía dos opciones: irme de allí o presentarme en el servicio militar. Yo pensé para mis adentros, cuando vuelvan estaré en España”, y así fue. Por ello defiende que “el servicio militar obligatorio ha sido recuperado para asustar a quienes seguíamos resistiendo, para expulsarnos”.

Desde que estalló el Hirak, este joven pescador que lleva trabajando desde los diez años ha participado en manifestaciones. “Al principio en mi pueblo éramos miles, al final quedamos diez”, lamenta. Explica que antes guardaba imágenes de todas las protestas, pero hubo un momento en el que las borró: “Es darles pruebas para encerrarte por años”. Después de luchar por cambiar su situación, decidió subirse a una patera, algo que solo el Movimiento Popular del Rif había pospuesto.

Las pateras del Rif

Las pateras que salen del Rif son tan viejas como lo es el makhzen, pero la situación de opresión, la represión, el bloqueo político, la asfixia económica y la pérdida de esperanza han provocado una de las mayores movilizaciones forzando a toda una generación de jóvenes. Mientras, Europa mira otro lado, protegiendo sus empresas en suelo marroquí, y para no romper relaciones con un socio que protege sus fronteras. Un Marruecos desigual es un país que surte de mano de obra barata.

Estos rifeños aseguran que, durante unos días, el rumor de la gratuidad de las pateras alentó a todo tipo de población a salir en busca de “la oportunidad”, una información que corrió como la pólvora en redes sociales sin saberse de dónde surgió. Quien sí ha sabido aprovechar la coyuntura ha sido Gobierno de Marruecos, para sostener que se ve superado por los flujos migratorios, a pesar de contar con un dispositivo de protección del Estrecho “muy costoso que necesita de inyección de materiales, equipamiento y presupuesto”.

Unos días antes, la Secretaria de Estado para las Migraciones, Consuelo Rumí, en visita oficial en Rabat para estrechar la colaboración entre países y canalizar flujos migratorios, defendió que Marruecos “se ha encontrado con un flujo de migrantes y necesita colaboración, medios”. Además de expresar que España se comprometía a ser la “voz” del país norteafricano en el seno de la Unión Europea para una mejor colaboración en el plano financiero y material, señaló que los rifeños piden solicitudes de asilo “para demorar sus expulsiones”, antes de añadir, “las vamos a resolver con todas las garantías, pero de forma exprés”. Al tiempo que cientos de rifeños huyen de la represión.

De los más de 33.000 migrantes en situación administrativa irregular que han llegado a las costas españolas este año, 6.400 son marroquíes, según cifras del Ministerio del Interior. Y según diversas ONG, la mayoría rifeños. Durante todo 2017, época de mayor represión en el Rif, apenas unas 530 peticiones de asilo fueron admitidas a marroquíes que alegaban persecución. Se trata de una cifra baja en comparación con otros países.

Sin embargo, a excepción de un rifeño que reside en Melilla y que guarda su anonimato, ningún otro activista ha recibido la aprobación de su petición. La concesión del estatus de asilo supone toda una declaración de intenciones que implica reconocer que Marruecos persigue y encarcela a personas por sus ideas políticas, un extremo que lejos de abordar como lo hacen informes de oenegés como Amnistía Internacional o Human Right Watch, la secretaria de Estado para las Migraciones niega.

Represión en el Rif y nuevos "Hirak" en Marruecos por una vida digna

Youssef Ouled

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Marruecos

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Youssef Ouled

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"Cuando hablamos de los problemas del Rif, hablamos de los problemas de todos”, dice Ahmed Zefzafi, padre del dirigente Movimiento Popular del Rif (Hirak) encarcelado en Marruecos junto a cientos de activistas, mientras las movilizaciones por una vida digna se extienden a otras regiones del país.

Mientras, continúan las condenas. Recientemente, Bilal M., un menor rifeño de 15 años, fue condenado por el Tribunal de Primera Instancia de Alhucemas a un año en el Centro de Internamiento de Menores de Nador, a 100 kilómetros de su hogar, por su participación en las protestas de su localidad, Bukadiren. Había sido acusado de la “quema intencionada de bienes”, “obstaculizar las vías públicas” y “humillar a las fuerzas del orden”. Los mismos cargos por lo que Monir pasó cuatro meses de prisión. Bilal había salido a protestar contra las condenas de cárcel impuestas a quienes piden mejoras socioeconómicas.