Ertzaintza
Ertzainas plantean crear una asociación como Jusapol

En los grupos de whatsapp de ertzainas circulan varios audios: una agente explica que se ha puesto en contacto con un guardia civil del cuartel de Intxaurrondo que es miembro de Jucil, la asociación profesional de este cuerpo que nace de Jusapol —la de los policías nacionales—. Indica que tienen contratada una póliza que les cubre la nómina durante un año en caso de suspensión de sueldo y que les presta asesoría jurídica para la defensa en procedimientos disciplinares. Todo ello por entre 40 y 50 euros de cuota anual, siempre que monten una asociación profesional. De lo contrario, advierte, sale más caro. A continuación valora positivamente la creación de una asociación porque también sirve para “tener voz y voto en los convenios y en las mesas” de negociación. Otro agente le responde —“eskerrik asko, muy bien, perfecto, si hay que crear una asociación, se crea y ya está, a ver qué estatutos tienen [en Jucil]”—. 

La agente vuelve a responder explicando las “ventajas” económicas de asociarse, ya que individualmente la póliza “saldría mucho más cara”. Detalla que cubre alrededor de 1.500 euros al mes durante un año como máximo —en el ejemplo que Jucil ofrecen en su web figuran 2.000 euros mensuales—. El mismo agente vuelve a responderle: “Qué buena noticia, de verdad. Si queréis podemos sacar a votación que sea una asociación o individual. Pero ya sabéis, en el momento en el que estamos ahora los sindicatos dirán que este es el primer paso para crear otro sindicato y mil mierdas más, pero bueno, como lo veáis vosotros. Se saca a votación. A mí me parece buena idea crear una asociación y chispum. Nos quitamos de encima a estos sinvergüenzas”.

El colectivo Ertzainas en lucha pide un aumento mensual de 1.100 euros al mes o torpedear el dispositivo de seguridad del Tour de Francia, que este año tiene tres etapas en el País Vasco

El colectivo ‘Ertzainas en lucha’

‘Ertzainas en lucha’ es un “movimiento” de reciente creación. Su eslogan es “Sin acuerdo, no hay Tour” y su definición, “Sin sindicatos, ertzainas todos a una”. Han realizado dos movilizaciones: el 25 de mayo, entre 2.000 y 4.000 agentes se manifestaron en coche por las tres capitales vascas, colapsando el tráfico rodado con retenciones kilométricas. Entre otras cosas, piden un incremento de 1.100 euros al mes. De no obtenerlo, amenazan con torpedear el dispositivo de seguridad del gran evento organizado por el PNV este año: que el Tour de Francia arranque en Bilbao el 1 de julio. El pasado viernes se concentraron frente al Parlamento Vasco de Gasteiz. Alrededor de mil ertzainas fuera de servicio cortaron durante una hora la circulación del tranvía. No fueron identificados, cuestionados ni disueltos por sus compañeros en servicio que formaban el dispositivo policial. El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, indicó posteriormente que el Departamento abriría expedientes disciplinarios por este proceder.

Si montan la asociación profesional de la que hablan los audios a los que El Salto ha tenido acceso, este sería el tercer paso de la deriva de la Ertzaintza: el primero fue la casi total desaparición de los sindicatos de clase —ELA, CC OO y UGT—, que fueron sustituidos por sindicatos corporativos policiales —Erne, Esan, Euspel y Sipe—. El segundo, la creación de este colectivo que aglutina el malestar interno ante la firma de acuerdos a la baja, como por ejemplo, el de una carrera profesional discriminatoria con respecto a la de este mismo complemento en Osakidetza. El tercer y último paso sería presentar una nueva asociación profesional que “barra a los sindicatos policiales corporativos en las próximas elecciones”, advierte el portavoz de ELA en la Ertzaintza, Tomás Rodríguez. Este es el único sindicato de clase que pervive, con un 9% de representación, porcentaje insuficiente para estar en la mesa de negociación —requiere el 10%—. 

En ‘Ertzainas en lucha’ participan afiliados de los cuatro sindicatos corporativos policiales, a los que amenazan con seguir sus propuestas o, de lo contrario, darse de baja

Populismo

Las reivindicaciones de Ertzainas en lucha han llamado la atención de la población. Tomás Rodríguez contextualiza que el “listón elevadísimo” de las peticiones se enmarca dentro de un “populismo bien recibido”, que ha virado a la coerción para asentarse: explica que en la plataforma participan ertzainas afiliados a los cuatro sindicatos policiales. Funcionan como “grupos de presión” y “amenazan a esos sindicatos con darse de baja si no les siguen en sus propuestas”.

“No tenemos datos, pero sí una sospecha: cuando Jusapol se implantó en la Policía Nacional de forma mayoritaria, cuestionó desde dentro a los sindicatos corporativos policiales que estaban en la mesa de negociación porque no eran capaces de solucionar las problemáticas. También pusieron un listón elevadísimo. Luego crearon el sindicato y les barrieron a todos”, advierte Rodríguez.

“El Gobierno vasco ha potenciado a los sindicatos corporativos policiales que practican un modelo sindical clientelar y de concertación”, Tomás Rodríguez (ertzaina)

Problema de fondo

Considera que el problema de fondo es institucional: “Inicialmente, el Gobierno vasco no tenía mucho problema con que ELA, CC OO y UGT estuviéramos en la mesa de negociación de la Ertzaintza como sindicatos de clase. CC OO y UGT fueron perdiendo por distintas cuestiones y ELA nos mantuvimos. Desde entonces, han potenciado a los sindicatos corporativos policiales que practican un modelo sindical clientelar y de concertación. Al Gobierno vasco le venía muy bien porque el nivel de exigencia de esos sindicatos acababa en la firma de acuerdos bajos en materia de mejoras laborales. Toda esta situación ha generado un caldo de cultivo que nos ha traído a donde estamos ahora. Ha explotado todo y nos preocupa que se den pasos similares a los que ya hemos visto en la Policía Nacional, la Guardia Civil e incluso en los Mossos, con mensajes autoritarios”.

La Ertzaintza cuenta con alrededor de 7.500 trabajadores. Entre las últimas incorporaciones, solo al 50% le exigían perfiles de euskera —CC OO y UGT llevan años denunciando los perfiles lingüísticos requeridos en las oposiciones públicas—. Sobre las peticiones que el delegado de ELA entiende necesarias, enumera la recuperación del poder adquisitivo en la función pública vasca, que se sitúa en el 20% desde 2010, revertir el recorte de personal —Interior ha plantado un 10% menos de lo que consideran necesario para 2026—, la precariedad del departamento de investigación —recogida de denuncias, elaboración de atestados, etc.—, que ha creado afectación en salud laboral —síndrome del quemado— y la falta de inversiones en materiales —el helicóptero de rescate tiene más de 25 años y no puede volar con el 100% del combustible porque entonces presenta problemas de estabilidad—, entre otros aspectos. 

“Los perfiles de selección en la Ertzaintza están muy lejos de reflejar pluralidad ideológica, cultural, de género y de religión”, advierte Igor Eizagirre (ELA) 

Por su parte, el responsable de servicios públicos de ELA, Igor Eizagirre, añade que otro problema de fondo de la Ertzaintza son los criterios de selección de los agentes —a través de las pruebas psicotécnicas— y la formación que reciben. Sobre la selección, indica que “ELA siempre ha defendido que la Ertzaintza debe ser un fiel reflejo de la sociedad que debe servir: plural ideológica y culturalmente, en género y también en religión. Pero los perfiles que hoy se eligen están muy lejos de eso”. En cuanto a la formación, “debería incluir cuestiones tan básicas como los derechos humanos, laborales y sociales. Obviarlo es fomentar carencias graves, que luego afectan al deterioro de la imagen pública en actuaciones como las que hemos visto en los conflictos de Tubacex o Gorabide”.

Los jóvenes imputados durante la huelga de Tubacex denuncian que se trata de un montaje policial

Gessamí Forner

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Represión

Fiscalía Los jóvenes imputados durante la huelga de Tubacex denuncian que se trata de un montaje policial

Gessamí Forner

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La fiscalía solicita cuatro años y siete meses de prisión a tres jóvenes por altercados sucedidos durante la huelga de Tubacex.

La imagen de la Ertzaintza empezó a deteriorarse con dos intervenciones: el homicidio de Iñigo Cabacas y la detención de un enfermo mental durante la pandemia

Deterioro de la imagen pública

La imagen de la Ertzaintza empezó a deteriorarse de forma generalizada con dos intervenciones: la que provocó la muerte del aficionado del Athletic Bilbao Iñigo Cabacas en 2012 y la detención de un joven con problemas de salud mental en la pandemia. Cuando el sindicato ELA criticó esta detención practicada en 2020, tuvo más de 300 bajas entre agentes de distintos cuerpos —Policía Municipal y Ertzaintza—. “Fue un cisma”, indican fuentes del sindicato, que defiende un modelo policial basado en la prevención y la atención ciudadana.

En ambos casos, políticamente se cerraron filas entorno a la Ertzaintza: el exconsejero de Seguridad en el caso Cabacas, el socialista Rodolfo Ares, defendió la intervención desproporcionada. Madres y padres de jóvenes que salen a ver el partido de los leones empatizaron con la familia que vivía una pérdida. El alcalde de Bilbao, Jose Mari Aburto (PNV), justificó la detención innecesaria del enfermo que salió de su casa con su madre durante un encierro que estaba enloqueciendo hasta a los cuerdos. El vídeo que grabó un vecino con el arresto se hizo viral. La ciudad empatizó. 

Desde el sindicato ELA advierten de que Gobierno vasco ha premiado en los últimos años —quizá 15, quizá más— a los sindicatos corporativos policiales que se presentan a las elecciones de la Ertzaintza. No cuestionan el modelo policial actual. “Crean departamentos estancos y van en contra de quienes les critican lo que ellos consideran como ataques injustificados”, detalla Rodríguez. Cierran filas en materia de represión y alcanzan acuerdos “baratos” en cuanto a condiciones laborales, según ELA. Ni una cosa ni la otra concuerda con la práctica de este sindicato: defiende un modelo policial basado en la prevención, cercanía y la asistencia a la ciudadanía y en el que la sociedad civil participe en la elaboración de los protocolos policiales. Y propugna un sindicalismo “en el que la movilización es un instrumento indispensable para conseguir mejoras laborales para la clase trabajadora”, indica el propio Rodríguez. 

De ello se desprenden dos razonamientos: a un ertzaina afiliado a un sindicato de clase le costará más aporrear a un trabajador en huelga y las mejoras para la clase trabajadora evitan conflictividad social, algo que redunda positivamente en los ertzainas —que haya menos desahucios, que los alquileres puedan pagarse, por ejemplo—.

Rodríguez lo resume de otro modo: “Hay dos formas de confrontar: a palos o hablando, y si el sindicalismo de clase estuviera más arraigado, la respuesta sería más favorable para la clase trabajadora”. Por el contrario, señala que el sindicalismo policial deriva en un sindicalismo “clientelar” en el que los agentes “viven dentro de una burbuja en la que los problemas de la gente importan poco”. Recientemente, ELA apoyó “claramente” la reforma de la Ley Mordaza, recuerda el ertzaina. 

Protocolos en Araba

Al homicidio de Cabacas y la detención del enfermo durante la pandemia, el 28 de mayo se agregó un posible tercer caso de desprestigio para la Ertzaintza: la gaizteiztarra Maialen Mazón, de 32 años, fue asesinada delante de su hija de tres años. Estaba embarazada de mellizos, había denunciado a su expareja, se había registrado con nombre falso en el hotel donde se halló el cadáver y a su hija, sobre su asesino pesaba una orden de alejamiento. En Alicante, donde había convido con su agresor, la Guardia Civil la había calificado como víctima en “riesgo extremo”. Al mudarse o refugiarse en Gasteiz, la Ertzaintza la entrevistó en enero por primera vez y, por segunda vez, diez días antes de ser asesinada. Tras aplicarle un protocolo de veinte preguntas con respuestas de sí o no, resultó tipificada con un riesgo “mínimo”. Hasta la semana pasada, la Ertzaintza en Araba consideraba que el quebrantamiento “consentido” de una orden de alejamiento no era motivo de detención.

El movimiento feminista de Gasteiz denunció en la concentración de repulsa que “no vamos a permitir lecturas misóginas que reproducen la victimización y culpabilización de las mujeres que sufren violencias machistas. Josu Erkoreka, más que dedicaros a justificar vuestra actuación, dedicaros a revisar protocolos, identificar qué ha fallado, poner en marcha medidas efectivas y asumir la responsabilidad que os corresponde desde las instituciones”.

En el Consejo de Gobierno celebrado ayer, Erkoreka reconoció una “concatenación de errores de comunicación entre instituciones [la Ertzaintza y la Guardia Civil]”, pero volvió a defender la actuación de la Ertzaintza —“cumplió la labor que le correspondía y que podía llevar a cabo en ese momento”—. La Fiscalía de Araba cambió el 1 de junio los protocolos para promulgar detenciones en caso de quebrantamientos de órdenes de alejamiento. El Tribunal Supremo ya aprobó en 2008 un acuerdo en el que clarificó esta situación: “El consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del artículo 468 del Código Penal”. La Policía Municipal de Gasteiz así actúa; los protocolos de la Ertzaintza de Araba han cambiado esta semana, tras el asesinato de Maialen Mazón.

En un escueto comunicado, la familia de la víctima solicitó que “no se busquen más culpables” que el asesino. Una petición extraña que levantó sospechas en un momento en que los medios de comunicación estaban focalizando la atención en los errores cometidos en los protocolos de la Ertzaintza. Un cuerpo sobre el que políticamente se han vuelto a cerrar filas. 

El Tour saldrá y llegará a Bilbao el 1 de julio en una etapa circular de 185 kilómetros, todos ellos en territorio vizcaíno. La segunda etapa, de 209 km, unirá Gasteiz con Donostia. La tercera y última saldrá de Amorebieta y llegará a Baiona.