Editorial
Un Madrid urgente

Al cierre de esta edición, aún desconocemos quién estará al frente de la Comunidad de Madrid en los cuatro próximos años. Pero hay decisiones que no pueden aplazarse más, gobierne quien gobierne. Más allá de las siglas, las emergencias en materia de sanidad, educación, vivienda y protección del medio ambiente deben ser atendidas sin dilación.

Son inasumibles cuatro años más con una sanidad pública que languidece infrapresupuestada, entre listas de espera, recortes en personal y desvíos de fondos de manera directa e indirecta a los centros de gestión privada. La comunidad que menos invierte en esta materia —en torno a un 3,7% del PIB— necesita incrementar su financiación para llegar hasta el 7,5% del PIB. Parte de ella debería destinarse a atención primaria, puerta de entrada al sistema y garante de la salud pública. Las y los médicos no pueden seguir atendiendo a 50 pacientes diarios. Mejorar sus condiciones laborales con un pseudocaramelo —recortar las consultas hasta las 18.30h— no es más que un parche que terminará por reventar. Además, esta atención primaria sigue sin ser universal, pese a las promesas que hizo Cifuentes.

Tampoco la educación puede seguir así, objeto de mercadeo en beneficio de escuelas concertadas y privadas, mientras zonas enteras siguen desprovistas de centros públicos de referencia o sufren de un modelo de construcción por fases que condena al alumnado a acudir durante años a establecimientos en obras, carentes de equipamientos básicos. El PP potencia la privatización, manteniendo la financiación pública para la concertada mientras deja sin ejecutar el menguante presupuesto de la pública y dilapida la capacidad transformadora de los centros educativos bajo irreales planes de bilingüismo, criticados por docentes y familias.

Es imprescindible también una estrategia de ordenación territorial que garantice vivir en un entorno libre de contaminación y medioambientalmente sostenible, frente al modelo de los grandes desarrollos urbanísticos. Es decisivo racionalizar las infraestructuras, mejorar la gestión de los residuos, fomentando su reducción en origen y apostar por una ley del suelo que responda a las necesidades de vivienda y espacios verdes, en vez de a la maximización de la plusvalía.

La gestión en vivienda no ha sido menos desastrosa. A los 2.935 pisos del antiguo IVIMA (actual Agencia de Vivienda Social) vendidos en 2013 a fondos buitre se suma una legislación que la CAM no ha puesto ni en agenda. A la angustiante emergencia habitacional y el encarecimiento de los alquileres, los 253.000 pisos vacíos que hay en la CAM mientras 20.000 solicitantes aguardan en listas de espera. La ley no se utiliza para movilizar esos recursos, pero sí para castigar a las personas que tengan la peregrina idea de ocupar. Para mitigar este nefasto balance, destaquemos que tres partidos han aceptado poner en el primer orden del día de la próxima legislatura la Ley de Vivienda de la PAH. Por supuesto, el Partido Popular y Ciudadanos no están entre ellos.