Derechos reproductivos
El Gobierno aprueba la reforma de la ley del aborto que quiere garantizar la IVE en centros públicos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Salud sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, un paso con el que remite el texto para su tramitación y debate en las Cortes.

La reforma, ha explicado la ministra de Igualdad Irene Montero, pivota sobre dos ejes. El primero es el de mejorar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En ese sentido, el texto pretende blindar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos —los datos son claros al respecto e indican que el 85% se hace en centros concertados—. Para ello, una de las claves es la regulación de la objeción de conciencia, algo que se haría de manera similar a como se regula en la ley de muerte digna, es decir, creando registros de personal objetor a partir de los cuales garantizar que existe personal no objetor en todos los centros hospitalarios.

Otra de las claves es que las mujeres de 16 y 17 años no necesitarán el consentimiento de sus tutores legales para acceder a la interrupción, como ocurre ahora debido a la modificación introducida en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy. También se elimina el periodo de reflexión de tres días que ahora es obligatorio.

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Patricia Reguero Ríos

Aborto

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El aborto farmacológico aumenta significativamente en las comunidades que mayores esfuerzos han hecho por incluir esta prestación en centros públicos en detrimento del instrumental. La calidad en la prestación pasa por ofrecer a las mujeres los dos métodos disponibles.

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Garantizar la administración de la píldora del día después en centros de salud y su disponibilidad en todas las farmacias así como medidas para hacer a los hombres corresponsables de la anticoncepción, dando acceso a anticonceptivos masculinos, son otros de los contenidos de la propuesta.

El otro eje es la ampliación de derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido se plantea mejorar y ampliar el acompañamiento al embarazo y al parto, creando un permiso preparto desde la semana 39 (que no resta tiempo del permiso de maternidad). Además, se creará un protocolo para que “las directrices estatales e internacionales sobre parto respetado lleguen a todos los paritorios”, ha explicado Montero, un enfoque que, como ya se conoció en mayo, difiere del plan inicial del MInisterio de Igualdad, que era incluir el concepto de “violencia obstétrica”.

Otra de las medidas novedosas es la inclusión del derecho a la salud menstrual, que aborda diferentes medidas como la administración de productos de gestión menstrual de forma gratuita en centros públicos o la creación de una baja menstrual en el caso de reglas dolorosas.

La explotación reproductiva o la esterilización forzosa también se abordan en el texto, aunque no se entra en medidas concretas sobre la gestación subrogada, como pedían algunas organizaciones.

La ministra ha presentado este proyecto de reforma de ley como complementario de la ley de libertad sexual aprobada en el último Pleno del Congreso. “Estamos transformando las políticas públicas para construir una arquitectura de políticas públicas verdaderamente feministas para transitar hacia otra cultura sexual basada en el consentimiento”, ha valorado. “Es una ley para la garantía de los derechos sexuales que son un medido de la calidad democrática de un país; decidir sobre nuestro cuerpo forma parte del derecho a la salud y es la puerta de entrada al ejercicio de otros muchos derechos”, ha dicho la ministra.

El texto da este paso hacia adelante sin los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, que  han incumplido los plazos y tienen aun pendiente pronunciarse sobre el proyecto.