Cuidados
Claves para cerrar con políticas públicas la brecha de los cuidados que la pandemia ha contribuido a visibilizar

Las madres se encargaron en mayor medida que los padres del seguimiento de los hijos e hijas que tuvieron que asistir a sus clases a distancia durante el confinamiento, trabajaron más habitualmente que ellos de madrugada y se encargaron en mayor medida del cuidado de los niños y niñas durante el confinamiento. Son datos de uno de los estudios que tratan de fotografiar la situación de los cuidados desde marzo de este año, momento en el que se declaró el estado de alarma. Se trata del estudio Usos del tiempo durante el confinamiento, realizado por Amparo Aguado y Cristina Benlloch, profesoras la Universidad de Valencia, y que la economista feminista Astrid Agenjo menciona para señalar un hecho: la crisis de los cuidados viene de lejos, pero el coronavirus ha visibilizado su virulencia como nunca antes.

Agenjo, doctora en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, llama la atención sobre otras cuestiones que ha puesto de manifiesto esta crisis sanitaria, económica y social. En primer lugar, que es crucial contar con servicios públicos que estén dotados de recursos suficientes. En segundo lugar, que las mujeres siguen estando a la cabeza de la organización social del cuidado: “Las mujeres en los hogares estamos cuidando de forma principal, pero es que también somos las principales empleadas en los sectores esenciales asociados al cuidado”.

Agenjo hace una tercera apreciación, y pone como ejemplo de ello la imagen de Valentina Cepeda, la trabajadora del Congreso que en el pleno monográfico sobre el coronavirus desinfectaba la tribuna tras las intervenciones, lo que le valió un aplauso de las personas presentes. “El hecho de que los trabajos relacionados con los cuidados ahora se valoren y se aplaudan socialmente es un paso interesante, la cuestión es qué va a pasar con las condiciones laborales de estas trabajadoras”, apunta la economista.

Este es el contexto en el que entran en juego varias medidas anunciadas recientemente por el Gobierno y que pretenden dar la vuelta a las desigualdades en los usos del tiempo dedicados a cuidar por unas y otros, una medidas que tienen la intención de poner la primera piedra en el camino hacia una nueva generación de políticas públicas de conciliación y corresponsabilidad.

La iniciativa más novedosa es el Plan Corresponsables, al que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) reservan 200 millones de euros que gestionará el Ministerio de Igualdad. Además, los PGE contemplan destinar 300 millones de la Seguridad Social a igualar los permisos de paternidad con los de maternidad en 16 semanas en 2021. Fuentes de Igualdad incluyen en la estrategia para abordar la crisis de los cuidados la partida de 200 millones de euros para impulsar la creación de plazas públicas en el primer ciclo de la Educación Infantil (0-3) y el aumento de los fondos para la Ley de Dependencia.

A estas medidas se suma la creación de una Ley de Tiempo Corresponsable que el Gobierno anunció en junio y del que no se conocen más detalles, aunque la propuesta que Podemos presentó en noviembre de 2018 puede dar algunas pistas. Esta proposición de ley, presentada el 16 de noviembre de 2018 planteaba medidas encaminadas a poner en valor los contratos a tiempo parcial, la creación de bancos de horas para facilitar las ausencias por motivos de cuidados o el derecho a la desconexión.

A excepción de la inversión en Dependencia, se trata de medidas que apuntan a un mismo lugar. “Este tipo de medidas están atacando a una parte fundamental de la brecha, que es la que tiene que ver con el cuidado de menores”, dice Agenjo, que señala que las encuestas de uso del tiempo reflejan de manera clara cómo la brecha de los cuidados se ensancha cuando entra en la ecuación la maternidad o paternidad. Sin embargo, Agenjo pide mirar más allá: “Entiendo que la urgencia es lo laboral, pero es el momento de imaginar otro tipo de políticas”, explica. 

La abogada especializada en conciliación Emilia de Sousa, la secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO Mari Cruz Vicente y la socióloga de la Universidad del País Vasco Matxalen Legarreta, junto a Astrid Agenjo, dan algunas claves para unas políticas públicas que contribuyan a cerrar la brecha de los cuidados.

Más allá de la población con empleo 

“Centrarse solamente en el empleo deja fuera a gran parte de la población que no está trabajando de forma remunerada y que tiene una carga de cuidado que puede ser mayor que la de las personas que están trabajando de forma remunerada”, explica Matxalen Legarreta. Lo ilustra con un dato: las mujeres desempleadas cada vez dedican más tiempo a este trabajo, algo que reflejan las encuestas de uso del tiempo que se llevan realizando desde hace 25 años en el País Vasco.

Pasa lo mismo, dice la socióloga, con las mujeres que están ya jubiladas, las que son pensionistas, o las que han sido amas de casa a tiempo completo toda su vida. “Al final, estas mujeres asumen una carga de cuidado importante y que es mucho más difícil de regular”, reflexiona.

Matxalen Legarreta, socióloga: “Centrarse solamente en el empleo deja fuera a gran parte de la población que no está trabajando de forma remunerada”

Por eso, igualar los permisos de maternidad y paternidad, crear más plazas en la educación de 0 a 3 años o crear una ley que regule los tiempos de trabajo son propuestas que, entiende, nacen con la limitación de poner el foco únicamente en las personas con empleo.

En el mismo sentido se manifiesta Mari Cruz Vicente: “Los cuidados corresponsables no pueden ser solo una cosa del ámbito familiar ni laboral, son una cuestión del conjunto de la sociedad y, por tanto, es fundamental la intervención pública”. Vicente subraya que “para CC OO los cuidados, en su más amplia expresión, deben formar parte del Estado de Bienestar y, por tanto, ser un derecho universal como lo es la enseñanza o la sanidad”, advierte.

Hacia un plan estatal 

Fuentes del ministerio de Igualdad definen el Plan Corresponsables como una  política “semilla”, que supondría el primer paso de un cambio estructural. El objetivo, explican desde el ministerio, sería crear un Sistema Estatal de Cuidados, de modo que el Plan Corresponsables tendría la misión de establecer los mecanismos y líneas de actuación que garanticen el derecho al cuidado en España. 

Sin embargo, el plan que ha anunciado Igualdad, aunque podría cubrir diversas necesidades en un futuro según explican fuentes del ministerio, se concretará en un primer momento en garantizar el apoyo a las familias en el cuidado de hijas e hijos menores de 14 años a su cargo a través de la contratación pública de cuidadoras y cuidadores profesionales.

Sobre si esta iniciativa forma un buen equipo con una hipotética ley de tiempo corresponsable —aunque Igualdad ha desligado estas dos iniciativas—, la abogada Emilia de Sousa advierte: “Cualquier avance lo veo siempre positivo, pero no le veo sentido a tanta separación entre planes y leyes... Sería más práctico y daría mayor seguridad jurídica hacer un Plan Nacional de Conciliación donde se incluya todo”.

De Sousa recuerda que los permisos de paternidad y maternidad están aun regulados por un real decreto, y cita dos decretos recientes que tienen aspectos convergentes con una posible ley que regule la corresponsabilidad: el que regula el trabajo a distancia y el que insta a las empresas a comprometerse con la igualdad salarial.

“La corresponsabilidad hay que implementarla poco a poco y exige de medidas transversales”, explica, y pone un ejemplo: los datos de la Seguridad Social conocidos en octubre de este año reflejan cómo desde enero de 2020 se han vuelto a dar más permisos de paternidad que de maternidad: “Es decir: las mujeres trabajamos en negro, en precario, no cotizamos lo suficiente y por lo tanto no podemos acogernos a los permisos de maternidad, porque no son universales”.

Transposición de nueva normativa 

De Sousa cree que la apuesta debe ser por una medidas universales, que den derecho a todas las personas y no solo a las trabajadoras. Sobre el plan de crear una ley de tiempo corresponsable en el trabajo, advierte de que cualquier iniciativa en este sentido tendrá que incorporar la normativa posterior a la propuesta inicial de Podemos, de 2018.

Así, menciona la Directiva Europea 2019/1158, que establece los requisitos mínimos relacionados con el permiso de paternidad, el permiso parental y el permiso para cuidadores. Este documento  insta a poner en marcha fórmulas de trabajo flexible para los trabajadores que sean progenitores o cuidadores. El mandato para los estados miembros es trasponer esta directiva antes de agosto de 2022.

Emilia de Sousa, abogada: “No nos podemos olvidar de las familias monomarentales y monoparentales”

De Sousa hace otro apunte que, espera, sea tenido en cuenta en cualquier plan sobre corresponsabilidad y conciliación: “No nos podemos olvidar de las familias monomarentales y monoparentales”.

Según argumenta la abogada, los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles “han creado una discriminación que roza la inconstitucionalidad” ya que, de facto, provoca que los niños nacidos en familias con un solo progenitor tienen menos derechos que los niños que nacen en familias con dos progenitores.

Reconocimiento de la diversidad familiar 

La socióloga Matxalen Legarreta suma a las claves para unas políticas de corresponsabilidad transversales la necesidad de afrontarlas desde una perspectiva amplia de lo que es una familia. Porque, asegura, la proposición de ley de tiempo corresponsable que se presentó en 2018 tiene un sesgo derivado de partir de un modelo de familia monolítico: “La propuesta tiene en la cabeza un contexto en el que hay dos personas, hombre y mujer, en una familia de doble ingreso, que tienen criaturas y que tienen que conciliar y repartirse el trabajo tanto dentro como fuera de casa”. La realidad, advierte, es que existen unos núcleos de convivencia mucho más allá de este modelo. Además, Legarreta cree que es posible partir de una definición de cuidado mucho más amplia.

En cualquier caso, como explica Astrid Agenjo, hay que entender que la organización social del cuidado que aporta la economía feminista parte de la idea del diamante de cuatro picos: mercado, estado, redes sociales o comunitarias y hogares. En ese sentido, “las políticas públicas tienen una función esencial en uno de esos vértices, aunque todo con políticas públicas no se puede resolver”. 

Al final, explica, las propuestas que se plantean en este momento inciden en uno de los cuatro picos, pero además “no dejan de ser políticas públicas en el marco de un sistema económico muy concreto”. Como economista feminista, entiende el sentido de atajar lo urgente, pero cree que se pueden plantear también algunas cuestiones a medio o largo plazo. “Hablo desde mi visión, que es la de que hay que intentar detraer recursos al uso capitalista del tiempo de la manera que sea”, justifica.

Hacia la jornada completa de 32 horas 

En ese planteamiento a largo plazo, Agenjo menciona una medida muy concreta: la reducción del tiempo de duración legal de la jornada completa de trabajo. Lo mínimo, explica, sería una reducción a 35 horas.

Un plan que pretenda contribuir a la revolución cultural necesaria en el uso de los tiempos, de la corresponsabilidad y de los cuidados debe plantear este debate, opina también Mari Cruz Vicente. “El desarrollo tecnológico, que está irrumpiendo con fuerza, debe de liberar el volumen de las horas de trabajo, con una distribución racional y flexible negociada en el ámbito de las empresas”, explica. Es decir, una jornada de menos horas no tendría que ir asociada a una menor productividad.

Mari Cruz Vicente, de CC OO, recuerda la jornada de 35 horas se ha ido imponiendo en algunos convenios mientras que la Confederación Europea de Sindicatos acordó orientar las jornadas a las 32 horas semanales

“Llevamos muchos años con la jornada laboral de 40 horas semanales, aunque de hecho se ha ido reduciendo a las 35 en algunos convenios y en algunas empresas, por lo tanto se trata de ir avanzando”, explica. Sin embargo, no cree que haya que hablar de una jornada de 35 horas como lo más óptimo y recuerda que, en el Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) celebrado en mayo de 2019 se acordó orientar las jornadas hacia las 32 horas semanales.

“Somos conscientes de que en nuestro país hay un retraso importante, y hay que ir marcando otras pautas, más aun teniendo en cuenta que la productividad que se genera a través del uso de las nuevas tecnologías genera unos beneficios, y una forma de repartir beneficios sin lugar a duda es reducir la jornada”.

Más allá de la pandemia 

Emilia de Sousa finaliza con dos apuntes: el primero, que unas políticas públicas que estén pensadas a largo plazo no son útiles para la situación de excepcionalidad que vivimos, que puede durar mucho tiempo. El segundo, que la normativa que se cree en estos momentos se va a implementar “sobre una mala base, que es la que estamos viviendo y la que va a quedar después”.

En esa amplitud de la mirada incide también Astrid Agenjo cuando asegura que “hay que comprender que los cuidados trascienden las políticas sectoriales“. Para Agenjo, “cuando hablamos de poner el cuidado en el centro hablamos de políticas que contemplen el ámbito de la vivienda, de la alimentación, los derechos de conciliación... hay que intentar hacer políticas transversales, empezando por la propia política fiscal”, dice Agenjo.

“El derecho al cuidado es una cuestión que puede ser problemática: tiene que conllevar una reforma a nivel laboral pero también una reforma en los servicios públicos que se ofrecen porque, si no tienes alternativas, el derecho al cuidado pasa a ser una obligación”, dice Legarreta, que llama la atención sobre la oportunidad que supone la situación actual y que, por ahora, da por perdida: “La pandemia puede servir para reforzar el sistema público de sanidad y los servicios de cuidados, pero en lugar de eso se está individualizando el problema y responsabilizando a la ciudadanía”.