Crisis económica
Manual para maquillar la austeridad

En los últimos meses se ha abierto un debate de cierto calado sobre la falta de efectividad de las medidas del gobierno de coalición en el denominado Escudo social. Las medidas de vivienda o el Ingreso Mínimo Vital ─además de insuficientes y mal enfocadas, como se criticaba en un principio─, se han desvelado como una simple cortina de humo que no resuelve los problemas generados por la crisis.

Quienes aún conservan cierta ilusión con el Gobierno de coalición, en el momento en que se empieza a hablar de los presupuestos de este año, ahora nos auguran una lluvia de millones. La eliminación de la regla de gasto ─cuya supresión se ha anunciado a bombo y platillo hasta tres veces a lo largo de este año─, sería su medida estrella. Pero, ¿qué está pasando con el presupuesto? ¿qué plan existe para afrontar las viejas políticas de austeridad?

Empecemos por un ejemplo. De entre las muchas cosas que sucedieron el año pasado en medio de la pandemia en el muy combativo pero estigmatizado barrio de Vallecas, es que muchas asociaciones del ámbito educativo empezaron a preguntar por las inversiones de mejora que cada verano emprende el Ayuntamiento en sus colegios. La respuesta fue contundente, este año, muchas de las obras básicas de colegios y otras muchas instalaciones deportivas, culturales y sociales, no se podrían hacer porque el Gobierno había decidido no permitir que los ayuntamientos contasen con las conocidas como Inversiones Financieramente Sostenibles. Pero, ¿qué es esto?

Estas inversiones, son de las pocas que permite la Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la norma que desarrolla el famoso artículo 135 de la Constitución y que determina el destino de los remanentes de tesorería (superávit) de los ayuntamientos cada año. Lo que no se gaste por este procedimiento debe ir a pagar deuda.

La mayoría recordarán la enorme batalla que se produjo durante el ciclo municipalista entre 2015 y 2019 contra el ministro Cristóbal Montoro para que suavizara y eliminara esas trabas. El objetivo era que los ayuntamientos pudiesen utilizar ese superávit para garantizar inversiones reales en sus ciudades. A pesar de que la batalla no se ganó y le costó la cabeza al entonces concejal de Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, el ministro Montoro sí hizo algunas concesiones que permitieron liberar parte de los 26.000 millones de euros que en esos años acumularon en forma de superávit los ayuntamientos de todo el Estado.

Cierta lógica ingenua diría que, con la llegada al gobierno de la coalición progresista, la utilización del superávit municipal se habría ganado. Para hacernos una primera idea, hablamos nada más y nada menos que de 5.000 millones de euros en los próximos dos años y de ahorros que se estiman en cerca de 14.000 millones.

Sin embargo no ha sido así. La cierto es que la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra María Jesús Montero dieron un volantazo que dejó al PP de Montoro como mero aprendiz neoliberal. De un solo golpe decidieron suprimir las Inversiones Financieramente Sostenibles al conjunto de los ayuntamientos. Sólo dos decretos de pandemia, los Reales Decretos 8/2020 y 11/2020, habilitaron cierto margen para invertir una pequeña proporción de las mismas en cuestiones muy urgentes propias de la pandemia. En el caso de Madrid sólo 70 millones de los 420 millones disponibles para 2020.

El culebrón del verano

La pregunta del millón es ¿por qué se tomó esta decisión? ¿En qué momento nos encontramos? La propuesta del gobierno para el uso de estos remanentes llegó con el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales. En este decreto se proponía que los remanentes de tesorería municipales se cediesen al Estado a cambio de un plan de inversión basado en créditos concedidos a las propias corporaciones locales. Esto es, cambiar dinero disponible llegado de los propios presupuestos y transformarlo en deuda a 10 años.

Con este decreto comenzó el culebrón del verano. La batalla por estos casi 20.000 millones de los que quería apropiarse el Estado encontró con la oposición de los ayuntamientos más diversos. El culebrón tuvo su punto álgido cuando el PSOE forzó en la Junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias una votación a favor de este acuerdo y lo ganó tan solo por el voto de calidad de su presidente Abel Caballero y por la abstención de Izquierda Unida-Podemos.

En términos financieros el superávit municipal era una de las partidas de mayor solvencia del conjunto de los presupuestos públicos

La respuesta de muchos ayuntamientos no se hizo esperar y el 7 de agosto diez alcaldes, entre los que estaban desde José Luis Martínez Almeida, de Madrid, hasta José Luis González “Kichi”, de Cádiz, firmaban un manifiesto contra este acuerdo, por significar la confiscación de sus cuentas. Incluso la alcaldesa de Barcelona Ada Colau aseguró el 11 de agosto que su superávit se invertiría en su ciudad, mostrando su rechazo al decreto.

Esta batalla por el decreto sobre el uso del superávit municipal tocó a su fin en la votación parlamentaria que se produjo el pasado viernes 11 de septiembre en el Congreso de los Diputados. Como era de esperar, el Gobierno de coalición se quedó solo y perdió la votación que debía refrendar este Real Decreto. Lo más curioso es que en esta votación ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni siquiera Los Comunes de Ada Colau se desmarcaron, y votaron a favor junto a Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Nadia Calviño. Es un malísimo precedente para afrontar el arranque de las negociaciones de los Presupuestos General del Estado.

Una nueva forma de austeridad

La respuesta ante semejante bofetada parlamentaria fue otro clásico, salir a las bravas. El pasado 13 de septiembre María Jesús Montero anunciaba por tercera vez en este año y de acuerdo con lo que ya marcó Bruselas de cara a la pandemia, que se suspendía la regla de gasto. Y aseguraba que los ayuntamientos dispondrán del superávit libremente para la inversión. Lo cierto es que la estructura interna de la regla de gasto impide que se mantenga operativa en un contexto de depresión económica.

La regla de gasto es una legislación procíclica que aspira a que las administraciones ahorren durante los tiempos de bonanza económica para gastar fondos propios durante las crisis. Desde aquí, y esto es lo verdaderamente importante desde el punto de vista del poder económico europeo, las administraciones locales y regionales españolas no van a necesitar endeudarse. De hecho, no es posible entender el corsé presupuestario que supone la regla de gasto sin recordar que fue la propia canciller Merkel en 2013 quien puso toda la insistencia posible en que existiera un mecanismo de control semi automático del gasto en comunidades y ayuntamientos españoles, a los que consideraba fuente permanente y escasamente controlada de déficit.

Esta batalla por el superávit municipal es ya un clásico dentro de las políticas de ajuste y austeridad desde 2008. Esta se trata de que en los últimos años, al menos desde 2013, los ayuntamientos han ofrecido el único polo de superávit presupuestario dentro del conjunto de administraciones públicas. En términos financieros el superávit municipal era una de las partidas de mayor solvencia del conjunto de los presupuestos públicos, aquel que con mayor eficacia se podía destinar a saldar deudas y a alimentar al sistema financiero. Aunque los remanentes son una cifra importante, es previsible que se queden muy muy cortos en relación con las necesidades, tanto como los planes de estímulo europeo.

Por tanto, esta escaramuza veraniega abre la batalla por entender las contrapartidas y repercusiones que pueden tener a medio plazo la llegada de los 140.000 millones de euros que el Fondo de Recuperación Europeo tendrá asignado para España. Como sabemos, este fondo de recuperación no es otra cosa que los viejos Planes de Ajuste Estructural con añadidos de Green New Deal, y tendrá contrapartidas presupuestarias que ya se empiezan a vislumbrar. El intento de apropiarse del superávit municipal ha sido una de ellas, pero el retraso de la edad de jubilación o la falta de una política fiscal ambiciosa se inscriben en el mismo terreno. La partida para las negociaciones en este ámbito empiezan mal, España cuenta ya con una deuda equivalente al 110% de su PIB y la previsión de pérdida de ingresos fiscales por la crisis se sitúa a día de hoy en más de 12.400 millones de euros.