Corrupción
El PSE de Lasarte se abstuvo de firmar el acuerdo judicial en el que Ana Urchueguía reconoce malversación

En una junta de portavoces, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria convocó a las formaciones políticas a un pleno extraordinario a puerta cerrada, una anomalía que no reconoce el propio reglamento del consistorio. Según ha podido conocer El Salto por fuentes que asistieron a dicho pleno, que se celebró el 12 de abril, el Ayuntamiento gobernado por el PSE presentó la propuesta de acuerdo judicial como tercer punto del día. Los anteriores, aprobar la urgencia de la sesión y que se celebrara a puerta cerrada. Una vez entrados en materia, EH Bildu (cuatro concejales), PNV (tres) y Elkarrekin Podemos (dos) votaron a favor de firmar el acuerdo judicial, del que el propio Ayuntamiento es acusación particular. El PSE optó por abstenerse. En el acuerdo, la exalcaldesa socialista Ana Urchueguía reconoce haber cometido entre 2000 y 2008 delitos continuados de malversación y prevaricación, acepta unas penas mínimas —una multa de 2.160 euros e inhabilitación de 18 años— y evita ir a juicio.

El PSE de Lasarte ha enviado hoy un comunicado en el que desean manifestar su “máximo respeto al acuerdo, en la misma línea del respeto que nuestra formación política siempre ha manifestado con todas las decisiones judiciales, fueran del ámbito que fueran”. Aseguran que “en todo momento” ha sido interés del PSE-EE “esclarecer las posibles dudas existentes” en relación a la cooperación que el Ayuntamiento de Lasarte-Oria mantuvo entre 2000 y 2008 con el pueblo de Somoto de Nicaragua. Incluso señalan que durante los únicos cuatro años que el PSE ha estado en la oposición del consistorio “en todo momento instó al gobierno municipal de Bildu, PNV y la Plataforma Ciudadana a que interpusieran una demanda al respecto”. 

Los intentos por investigar la malversación y prevaricación que ahora reconoce Ana Urchueguía en el acuerdo judicial son de sobra conocidos: tanto por Ezker Batua, como EH Bildu e incluso PNV

Los intentos por investigar la malversación y prevaricación que ahora reconoce Ana Urchueguía en el acuerdo judicial son de sobra conocidos, desde un concejal de Ezker Batua, pasando por el propio Pablo Barrio, exalcalde de EH Bildu que ejerció —y ejerce— de acusación popular para evitar que el procedimiento decayera, hasta el PNV. Sin embargo, el proceso encontró “obstáculos”, tal y como señalan otras fuentes consultadas por El Salto, en numerosas ocasiones. El más importante, que Nicaragua dificultara la aportación de pruebas para juzgar a Urchuegía en la Audiencia de Gipuzkoa. 

Urchueguía, conocida como 'La Marquesa', fue la alcaldesa de Lasarte desde que este municipio se independizó de Donostia en 1986 y hasta 2010. En total, 24 años de alcaldía. La condenada no perdió la alcaldía en unas elecciones, sino que renunció a su acta para ser designada por el PSE de Patxi López como delegada del Gobierno vasco en Chile y Perú. Se da la casualidad que el Gobierno vasco de Íñigo Urkullu también designó al condenado por corrupción Alfredo de Miguel en Itxas Garapen Elkartea (Grupo de Acción Local Pesquera). Según recogió eldiario.es, De Miguel constaba como “manager” en documentación de la Unión Europea y ejercía de representante vasco en las visitas oficiales de proyectos vinculados a la pesca, en los que “podía gestionar ayudas públicas y recibir denuncias de posibles fraudes en el sector”.

Ahora, el PSE habría suspendido cautelarmente de militancia a Urchueguía, según ha avanzado hoy el Diario Vasco. 

La condenada reconoce todas las imputaciones, pero con una salvedad importante: no reconoce que se lucró personalmente

El acuerdo

El acuerdo judicial está firmado a cuatro bandas: fiscalía, investigada y las dos acusaciones, la particular que ejerce el Ayuntamiento de Lasarte, que desde 2015 vuelve a estar gobernado por el PSE —solo entre 2011 y 2015 fue gobernado por EH Bildu, gracias a los votos de PNV y la Plataforma Ciudadana— y la popular ejercida por Pablo Barrio desde 2016, cuando el PSE volvió a gobernar. Recoge 81 expedientes de concesión de subvenciones “al margen y prescindiendo del procedimiento legal” y otros 39 casos de desviaciones de fondos públicos del Ayuntamiento de Lasarte en materia de cooperación con el pueblo nicaragüense de Somoto. 

La condenada reconoce todas las imputaciones, pero con una salvedad importante: no reconoce que se lucró personalmente. Según consta en el punto 10.bis del acuerdo, “no se ha probado que doña Ana Urchueguía se apropiara de cantidades destinadas a las subvenciones, ni que de las múltiples desviaciones, que entre los años 2000 y 2008 protagonizó dicha regidora del Ayuntamiento de Lasarte-Oria, resultaran daños o entorpecimientos graves al servicio al que estuvieran consignadas”. 

Este es el punto clave del acuerdo. Según la última reforma del Código Penal pactada en enero entre PSOE y ERC, los delitos de malversación distinguen ahora si el dinero malversado es para “enriquecimiento personal o no”, indicó la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La lectura del acuerdo judicial es que no se ha probado que se utilizara para enriquecimiento, por lo que se le aplicaría a la condenada las penas nuevas del delito de malversación atenuada. 

El caso de prevaricación y malversación de la exalcaldesa de Lasarte, que ahora tiene 71 años, fue muy sonado a partir de 2007, con un imparable runrún en el municipio, actuaciones estrafalarias de la propia alcaldesa y artículos publicados en prensa y rebatidos por el propio Patxi López en el Parlamento Vasco, cuando era lehendakari.

Finalmente, Urchueguía ha aceptado el acuerdo, el cual posiblemente pondrá fin a otras vías judiciales. A la exalcaldesa también se le impone el pago de todas las costas, incluidas las de la acusación particular y popular. El último paso es que el Tribunal Superior de Justicia de Gipuzkoa, donde será remitido el acuerdo, lo ratifique. Tanto PNV como EH Bildu comparecerán mañana para valorar el acuerdo. Elkarrekin Podemos mandará una nota de prensa a lo largo de la tarde de hoy.