Corrupción
Acciona, Ferrovial, OHL, Sacyr y otras constructoras amañaron concursos mientras gobernaba el Partido Popular

En el listado se encuentran todas las grandes empresas constructoras del país. Muchas de las que salían en los papeles de Bárcenas. La ACS de Florentino, la OHL de Juan Villar-Mir, la Ferrovial de Rafael del Pino o Sacyr, entre otras. El funcionamiento estaba perfectamente organizado. Quedaban para “tomar café” y establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado. El cártel agrupaba las diferentes licitaciones en grupos para los que se acordaban unos criterios comunes de presentación de ofertas económicas. El cártel asignaba una “bolsa” de puntos para cada grupo de licitaciones que se iban consumiendo por las empresas en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación. Cuanto mayores fueran las bajas que presentasen en sus respectivas ofertas económicas, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos.

De este modo se limitaba el número de contratos en los que las empresas presentaban descuentos altos en cada grupo de licitaciones, ya que el número de puntos de la bolsa nunca era suficiente como para tratar de conseguir todos los contratos de cada grupo. Este sistema incentivaba a cada empresa del cártel a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones, presentando en las restantes, ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura.

La ACS de Florentino, la OHL de Juan Villar-Mir, la Ferrovial de Rafael del Pino o Sacyr, entre otras, amañaban los concursos de conservación y explotación de las carreteras mientras gobernaba Rajoy

Así es como, según la investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las grandes constructoras se repartieron los contratos de carreteras durante la época en la que gobernaba Mariano Rajoy. Las empresas sancionadas por formar parte de este cártel son Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. (Acciona Mantenimiento) y solidariamente su matriz Acciona, S.A., Aceinsa Movilidad, S.A. (Aceinsa), Alvac, S.A. (Alvac), API Movilidad, S.A. (API) y solidariamente su matriz ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., Audeca, S.L.U. (Audeca) y solidariamente su matriz Elecnor, S.A., Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa (COPASA), Elsamex, S.A. (Elsamex), Elsan, S.A. (Elsan), y solidariamente su matriz Obrascón Huarte Laín, S.A., Ferroser Infraestructras, S.A. (Ferroser) y solidariamente su matriz Ferrovial Servicios, S.A., Innovia Coptalia, S.A. (Innovia) y solidariamente su matriz Copcisa Corp. S.L., Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. (Matinsa) y solidariamente su matriz Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., Sacyr Conservación, S.A.U. (Sacyr Conservación) y solidariamente su matriz Sacyr, S.A.

La CNMC ha podido acreditar que el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque se han detectado conversaciones desde 2009. Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. La CNMC ha sancionado con un total de 61,28 millones de euros a 12 empresas por una infracción constitutiva de cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento 

Prohibición de no contratar

Respecto a la prohibición de contratar con las administraciones públicas, las conductas anticompetitivas sancionadas se han prolongado más allá de la fecha de entrada en vigor de la prohibición de contratar, en octubre de 2015, por lo que se aplica la prohibición de contratar a las empresas participantes en el cártel. En este sentido, la CNMC ha decidido remitir a la Junta de Contratación del Estado la notificación de esta resolución a fin de que se inicie el procedimiento de determinación de la duración y alcance a las empresas sancionadas, en la medida que puedan seguir siendo licitantes en procedimientos de contratación pública.