Congreso de los Diputados
El Gobierno choca con la complejidad aritmética del Parlamento en la negociación de tres decretos clave

Los primeros compases de la legislatura tras la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023 traen un recordatorio al Gobierno: no será nada fácil legislar con la actual composición del Congreso de los Diputados. La convalidación de tres reales decretos el próximo miércoles 10 de enero es la prueba de que el Ejecutivo de Sánchez no puede dar por hecha ninguna votación. 

Los tres decretos incluyen una serie de medidas del llamado escudo social y, caso de no ser aprobados, el Ejecutivo puede arriesgarse a perder el cobro de 10.000 millones de euros de los fondos de recuperación de la UE. Se trata del Real Decreto-ley 6/2023 –llamado Ómnibus–,  para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; el 7/2023, de conciliación de la vida familiar, y el Real Decreto-ley 8/2023, para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania.

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Bajo esas formulaciones se agrupan la revalorización de las pensiones y medidas del llamado “escudo social” como el tope a los aumentos del alquiler, el descuento al transporte, la rebaja del IVA a los alimentos básicos, los impuestos especiales a la banca y las energéticas. Pero también se ponen a prueba las precarias alianzas alcanzadas el pasado otoño y los intereses divergentes de los socios de investidura.

El 'no' de Junts

Ya se sabía que Junts es el elemento más imprevisible de todos los grupos que invistieron a Sánchez, también que 2024 es un año clave para las próximas elecciones autonómicas en Catalunya, y que no es fácil concitar el acuerdo con el grupo representado en el Congreso por Míriam Nogueras con los grupos progresistas y de izquierdas del hemiciclo. 

Ayer, 8 de enero, Junts anunció que votará en contra de los tres decretos que se llevan a debate el miércoles. La formación postconvergente explicó que no hay un acuerdo de legislatura firmado con PSOE y Sumar, y que votarán en contra si el PSOE no se abre a negociar el contenido de las normas. Para esto, los decretos tendrían que ser convalidados y que el Congreso votara en la misma sesión su trámite como proyecto de ley.

Las críticas del grupo catalán se han centrado hasta la fecha en el Real Decreto-ley 6/2023, en cuanto incluye medidas en materia del servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Este Decreto incluye una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que, según Junts, podría paralizar los efectos de la Ley de Amnistía, que también se discute esta semana en el Congreso. El texto del Decreto afectará a la paralización de las causas judiciales si un magistrado plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo, algo habitual en los procesos,  pero que, según la interpretación de Junts, puede afectar a la amnistía.

Además, Josep Rius, portavoz del partido, criticó el conjunto de decretos como una “macedonia” de temas y porque, según su partido, afectan a las competencias de la Generalitat y van en contra de la financiación de Catalunya.

El 'de entrada no' de Podemos

Los cinco diputados de Podemos, en el grupo mixto, también se han inclinado en las últimas horas por criticar los decretos aprobados en diciembre. En concreto, la formación de Ione Belarra rechaza una de las disposiciones del Real Decreto-ley 8/2023 “para completar la transposición de la Directiva del Parlamento Europeo relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo”.

Desde el partido magenta se defiende que, aunque el porcentaje de la base de cotización se reduzca, el aumento del SMI compensa la posible bajada de la cuantía a percibir

Es en ese último aspecto, el de la asistencia a la protección por desempleo, en el que Podemos ha encontrado un elemento de discrepancia con sus anteriores socios de Gobierno. En concreto, se trata de la Disposición transitoria tercera del Real Decreto, sobre el régimen transitorio de cotización aplicable al subsidio de mayores de 52 años.

Se trata de una reversión de una medida aprobada en 2019 que introdujo una cotización del 125% sobre la base mínima para personas en desempleo involuntario, sin rentas o con cargas familiares y mayores de 52 años. Estos parados, cuya situación es más proclive al paro de larga duración, seguirán cobrando el mismo subsidio, pero su cotización desciende en un periodo transitorio hasta 2028 a razón de un 5% menos cada año.

Los portavoces de Podemos han denunciado esta disposición como un recorte. También la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) ha denunciado una medida “que perjudicará notablemente a las pensiones futuras”, con reducciones de entre el 2 y el 3% de la cuantía de las mismas.

Desde el Gobierno, el ministro de Cultura, ejerciendo como portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, defendió ayer que no se trata de un recorte sino que la subida a la cotización del 125% obedeció a otro contexto: “Era un parche para compensar un SMI extremadamente bajo en el país”, defendió Urtasun, para concluir que la subida del salario mínimo del 50% ha generado una situación “completamente distinta”. Desde el partido magenta se defiende que, aunque el porcentaje de la base de cotización se reduzca, el aumento del SMI compensa la posible bajada de la cuantía a percibir. 

El paquete de medidas incluye algunas como la mejora de las cuantías del subsidio de desempleo cuando se agota la prestación contributiva, que pasará de los 480 euros actuales a 570 euros en los seis primeros meses (el 95% del IPREM). El acuerdo también extendió la prestación a las personas desempleadas menores de 45 años sin cargas familiares, los eventuales agrarios y las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla. También se elimina el mes de espera para comenzar a percibir la ayuda.

En Sumar se pide “responsabilidad” a los posibles socios en la votación del miércoles, aunque su portavoz evitó cargar las tintas contra Podemos, consciente de que su voto será necesario si se consigue mover a Junts del 'no' anunciado el lunes. 

“Queremos votar a favor, pero no podemos votar a un Real Decreto que implique recortes”, manifestó Isa Serra, portavoz de los morados citando al PSOE para una negociación antes de la votación clave de mañana. Serra avanzó en rueda de prensa que su partido también quiere conseguir que en el Real Decreto-ley 8/2023 se incluyan dos medidas: una reducción del 3% al 2% de los límites a la subida de los alquileres en 2024 y una imposición de un límite del 2% de los márgenes de beneficio a las grandes compañías de la distribución alimentaria, una vieja reclamación de Podemos, que no pudo obtener del PSOE en la anterior legislatura.

Las cuentas del PSOE

A lo largo de la jornada del martes está previsto que el PSOE intente desatascar las negociaciones con Junts y Podemos. EH Bildu y ERC apoyaron ayer que los decretos sean discutidos como propuestas de ley, lo que permitía integrar las demandas de esos y otros partidos y evitaría lo que, a lunes por la noche, parece el primer gran fracaso del nuevo Gobierno de Sánchez.

Tanto los de Mertxe Aizpurua como los de Gabriel Rufián han avanzado que apoyan los decretos. Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco y el Bloque Nacionalista Galego se encuentran en fase de estudio de los textos antes de decantar su voto.

No se espera que el Partido Popular preste sus votos para asegurar la aprobación de los Decretos, pese a lo cual, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha puesto sobre la mesa una serie de medidas que cambiarían el signo de su voto. Ayer, la vicepresidenta María Jesús Montero descartó que sean medidas propuestas en serio sino de señuelos del PP para justificar su rechazo.

En caso de que decayeran los Decretos, las medidas aprobadas a finales de diciembre quedarían sin efecto. El Gobierno podría entonces por promulgar otra normativa similar, pero eso no soluciona el problema que marcará toda la legislatura: la necesidad de llegar a acuerdos a muchas bandas de un Gobierno formado por dos grupos que solo suman 148 diputados.