Caza
Querella contra 73 cazadores y el propietario de una finca en la que fueron abatidos 450 animales

Las imágenes no dejan indiferente. Cientos de animales muertos y alineados, puestos para su exposición. Los hechos tuvieron lugar a finales de enero en la Finca Los Posteruelos (Villaviciosa de Córdoba), un exclusivo emplazamiento de 3.200 hectáreas utilizado habitualmente por cazadores. Ecologistas en Acción ya denunciaba entonces que “en condiciones normales, sería imposible matar a 300 ejemplares, entre ciervos y jabalíes, en una sola jornada de caza en una finca abierta”. Solo en fincas cerradas con un perímetro vallado podía perpetrarse lo que desde el nodo cordobés de la confederación ecologistas califican de “orgía de sangre y muerte”.

Ahora, el Partido Animalista Pacma ha presentado una querella contra los 73 cazadores que participaron en la jornada que dio muerte a 450 animales, según los números que maneja la formación, en la conocida finca cordobesa. También contra el propietario del inmueble.

La clave del posible juicio es que los animales fueron criados, presuntamente, en cautividad. Según el equipo legal de la formación política animalista, el artículo 337 del Código Penal establece como delito el menoscabo de la salud o la muerte provocada a animales que, temporal o permanentemente, vivan bajo el control humano o no vivan en estado salvaje.

Según la prensa local cada cazador habría pagado, de media, mil euros para poder cazar seis animales

En concreto, el supuesto legal al que se ha acogido el partido para presentar la querella es señala que “será castigado con la pena de […] el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a un animal doméstico o amansado, un animal de los que habitualmente están domesticados, un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o cualquier animal que no viva en estado salvaje”.

Para el equipo legal de Pacma queda establecido así que cualquier animal que se encuentre, aunque sea temporalmente, bajo el control humano no puede ser objeto de caza. “En estos casos, cada uno de los cazadores son responsables del delito y el criador es el cooperador necesario de tales hechos delictivos”, señalan fuentes del mismo.

Mil euros, seis ciervos

Informaciones aparecidas en prensa local y en el periódico República de las ideas señalan que cada cazador habría pagado, de media, mil euros por escopeta para poder cazar seis animales. “Esto es mucho más de lo que se suele obtener en un espacio abierto y más en el tiempo que emplearon”, explica la vicepresidenta y abogada del Partido Animalista, Cristina García.

A raíz de prácticas como esta, Pacma insta a la administración a “la revisión urgente sobre la ilegalidad de las ‘granjas cinegéticas’

El presidente de la formación, Javier Luna, asegura que prácticas como la que se dio en la finca cordobesa son frecuentes y desmontan el argumento de que la caza tiene lugar para realizar un control poblacional de las especies. “. “En la mayoría de los casos estos animales son criados en las fincas, alimentados y puestos a disposición de los cazadores cuando alcanzan cierta edad. Son animales que, de alguna manera, han dependido de la mano humana en algún momento”, señala.

Más de 200 organizaciones acusan a Planas de oscurantismo y de servir al lobby cinegético con la estrategia nacional de caza

Redacción El Salto

Caza

Caza Más de 200 organizaciones acusan a Planas de oscurantismo y de servir al lobby cinegético con la estrategia nacional de caza

Redacción El Salto

Mientras el Ministerio de Agricultura defiende que la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética fomenta la “caza sostenible”, decenas de organizaciones acusan al ministro Luis Planas y a las comunidades autónomas de cerrar a puerta cerrada, con informes sesgados y de forma poca rigurosa el documento.

A raíz de prácticas como esta, Pacma insta a la administración a “la revisión urgente sobre la ilegalidad de las ‘granjas cinegéticas’ a partir del primero de julio de 2015, derivando de la modificación del Código Penal, siendo estas espacios dedicados a la cría en exclusiva de animales incluidos en el catálogo de especies cinegéticas, es decir, a la producción de animales para repoblar terrenos y mantener en ellos la posibilidad de cazar”.

“Al ser el Código Penal una Ley Orgánica, toda autorización de granjas cinegéticas y toda autorización de caza de animales criados en ellas es nula de pleno de derecho”, señala el presidente del partido animalista, “ya que la normativa actual que permite la existencia de granjas cinegéticas y autorizaciones de caza de dichos animales supone una violación flagrante del Principio de Jerarquía Normativa”.