Caza
Piden explicaciones al Comité Olímpico Español por posicionarse junto a los lobbies procaza

Polémica en altos organismos deportivos del Estado relativos a la futura Ley de Bienestar Animal, en el día en que los animales han dejado de ser considerados “cosas” con la promulgación de la Ley 17/2021, que modifica el régimen jurídico de los animales en el Código Civil. El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, apoyaba a tres días de finalizar el año el posicionamiento sobre el Anteproyecto de Ley de Protección de los Animales de ocho organizaciones relacionadas con la caza y la pesca, según recogían varios diarios deportivos y portales procaza.

En las informaciones redactadas a raíz de una nota de prensa de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Blanco señalaba, supuestamente, su “expreso apoyo” a las reivindicaciones de las ochos federaciones, capitaneadas por la RFEC. Este organismo, que pide la retirada el anteproyecto de Ley de Bienestar Animal, es considerado el principal lobby cinegético en España y se ha manifestado reiteradamente contra las medidas que traería un anteproyecto de ley que está listo desde hace meses pero que no acaba de llegar al Congreso.

Ante lo que consideran “una clara extralimitación en las funciones del Comité Olímpico Español”, al no ser la caza una disciplina olímpica, desde Alianza Verde (AV) —formación integrada en Unidas Podemos— han registrado una batería de preguntas al Gobierno en el Congreso. En ellas, el diputado y coordinador de AV, Juantxo López de Uralde, ha planteado la necesidad de “investigar el supuesto posicionamiento del Comité Olímpico Español a favor de la desprotección de animales a nivel normativo”.

“La caza no es una disciplina olímpica y su propia dinámica dista mucho de los valores de respeto que representan los Juegos Olímpicos”, ha señalado López de Uralde. Asimismo, el diputado de UP continuaba: “Es lamentable que el COE se dedique a hacer política mientras representa a todas y todos los deportistas olímpicos y los emplea como un ariete para tratar de tumbar propuestas legislativas que situarían a España un poco más cerca de los estándares mundiales sobre protección de los animales”.

Alianza Verde pide así que sea a través del Consejo Superior de Deportes como se investigue el supuesto apoyo de Blanco al lobby de la caza y se pidan explicaciones al COE , y recuerda que las principales funciones del COE son “promover y difundir el Movimiento Olímpico, sus ideales y la gestión de la participación española en los Juegos Olímpicos”.

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La RFEC se ha caracterizado por ser un activo grupo de presión contra medidas de carácter medioamboental llevadas a cabo por el Gobierno, manifestándose a favor de la caza en el Parque Nacional de Monfragüe o batallando la legislación que prohíbe la caza en todo el territorio español del lobo ibérico, una especie de la que apenas quedan 300 manadas en todo el territorio estatal.

Ley bloqueada

Las preguntas registradas por López de Uralde tienen el objetivo de “desbloquear de una vez la futura ley de bienestar animal”, una normativa que desde Unidas Podemos consideran actualmente paralizada.

En ese sentido, el coordinador de AV ha registrado otra iniciativa, esta vez dirigida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dirigido por Luis Planas, en la que le reprocha “su urgencia por desproteger a los perros explotados en cacerías”. López de Uralde hacía referencia a la puesta en marcha este 5 de enero por parte de Agricultura del procedimiento de consulta pública de la Estrategia de Gestión Cinegética, en la que se apuesta por que los perros de caza y las rehalas queden fuera de la ley de Bienestar Animal.

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López de Uralde califica esta Estrategia de “documento a medida para los lobbies con el que [Agricultura] pretende plantear cuestiones carentes de cualquier carácter científico como la exclusión de los perros explotados en cacerías de un rango de protección adecuado, como podría ser la futura Ley de Protección de los Animales, todavía en anteproyecto”.

De hecho, desde AV acusan a Agricultura de “constantes bloqueos de un anteproyecto llamado a homogeneizar las normas autonómicas en un marco básico de protección animal”, y piden a este Ministerio que deje de “apoyar a un ínfimo porcentaje de la población, los cazadores, desprotegiendo a decenas de miles de canes”.