Catalunya
“Los hijos de puta como tú no deberíais ni respirar”: la persecución racista a jóvenes migrantes

“No vas a durar mucho […] los hijos de puta como tu no deberíais ni respirar. Vigila por ahí”. “Ojalá os deporten a todos putos menas de mierda. Solo hacéis que robar. Como te vea te envío de vuelta a tu país”. Son algunos de los mensajes que Rashid —nombre ficticio para proteger su anonimato— ha ido recibiendo en redes sociales las últimas semanas.

Todo empezó la tarde del jueves 18 de febrero, cuando un grupo de vecinos de Torredembarra, un pueblo cerca de Tarragona, se concentraba para reclamarle a los cuerpos de seguridad y al Ayuntamiento soluciones ante la creciente inseguridad que estaban viviendo.

“Que quede muy claro, nosotros no señalamos a nadie”, aclaraba por el megáfono uno de los portavoces de la concentración. Al poco tiempo uno de los allí congregados animaba a todo lo contrario: “Ahora vamos ahí donde viven ellos, ahí a tocar los huevos ahora”. Una vez finalizada la concentración, un grupo de alrededor de 50 manifestantes se dirigía a la casa ocupada a la que muchos achacaban esa inseguridad. Allí llevaban meses viviendo seis jóvenes migrantes, la mayoría extutelados.

El grupo siguió su caza y acabó atacando a dos menores del centro de acogida de la misma localidad, profiriéndoles tal paliza que ambos acabaron en urgencias en el hospital

Abdel —nombre ficticio para proteger su anonimato— y su primo fueron los primeros en entrar en la casa que más tarde generaría tanta discordia, porque la alternativa era la calle en pleno invierno y en plena segunda ola de covid en España. La vivienda estaba en estado de abandono y llena de muebles y cristales rotos, cajas, papeles y todo tipo de objetos tirados por el suelo: “La encontramos muy sucia y la limpiamos toda, los dos pisos”. Poco a poco fueron llegando varios chicos más. “Si nosotros tuviéramos para alquilar una habitación, la alquilaríamos. Ninguno de los que estábamos ahí teníamos ayuda [económica]. Yo la tenía, pero dejaron de pasármela y en diciembre me dijeron que en un mes o dos me la volverían a pasar, pero sigo sin recibirla”, contextualiza Rashid.

Tampoco tenían agua corriente, así que para ducharse tenían que calentar en cazuelas el agua que hubieran podido almacenar y echársela por encima, o conseguir que alguno de los otros jóvenes migrantes que sí que viven en pisos les dejaran ir para asearse.

El 18 de febrero por la noche, el grupo de manifestantes que había decidido tomarse la justicia por su mano llegaba a esa casa profiriendo gritos, pero un cordón policial la estaba protegiendo en ese momento y ninguno de los jóvenes migrantes se encontraba allí, ya que habían sido alertados de lo que podía pasar. El grupo siguió su caza y acabó atacando a dos menores del centro de acogida de la misma localidad, profiriéndoles tal paliza que ambos acabaron en urgencias en el hospital. Uno de ellos tiene la nariz rota y ahora está pendiente de ser operado, según afirman desde el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

Pero eso no fue todo, sin éxito en la casa ocupada, enfocaron su punto de mira al centro de acogida y destrozaron parte de la entrada, rompiendo varios cristales. En ese momento había trabajadores y menores allí, y tuvieron que esconderse. “¿Qué culpa tienen los menores del centro? Hay gente en Torredembarra que tiene algo raro en la cabeza. Si eres marroquí, ya está, eres ladrón, delincuente”, reivindica Rashid. Según afirma el cuerpo de Mossos de Tarragona se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Este es el cuarto ataque a centros de acogida de menores migrantes en Catalunya en los últimos tres años.

Según los datos de la Generalitat de Catalunya, casi un tercio de los menores y jóvenes migrados solos que viven en Catalunya están en la provincia de Tarragona

La plataforma Coordinadora Obrim Fronteres (COF) publicaba un comunicado de condena al que se adherían más de 50 entidades y colectivos. Denunciaban “la instrumentalización que un grupo fascista y racista ha hecho de un episodio de protesta popular como la del jueves en Torredembarra para difundir su discurso de odio y llevar a cabo acciones violentas y vandálicas” y ponían de manifiesto la peligrosidad de este tipo de discursos “que vienen de partidos xenófobos pero que son normalizados y amplificados por medios de comunicación, tertulianos, políticos de todos los colores y personajes públicos varios que insisten en separarnos por nuestro color de piel, por nuestro origen o por nuestra situación administrativa”. Cerraban el comunicado expresando su “preocupación ante la pasividad de las autoridades cuando, anteriormente, fuerzas políticas de Torredembarra ya habían advertido de la alta posibilidad de que se produjera un episodio como este”.

La CUP de Torredembarra también se sumaba al rechazo de los hechos acontecidos, se ofrecía trabajar con los vecinos para “erradicar las causas que provocan estas situaciones” y se preguntaba si hubiera sucedido lo mismo si los supuestos autores de actos delictivos en el municipio hubieran sido personas autóctonas: “No se dirigieron a la vivienda porque esta genere un problema en el barrio sino porque sus ocupantes son personas migradas. Hubo gritos racistas, persecuciones y agresiones”.

La raíz del problema

El Ayuntamiento de Torredembarra también manifestaba su repulsa ante las agresiones, pero hacía una distinción: “Hay que desvincular firmemente la delincuencia en el entorno de la vivienda de la calle de las Mimosas con el centro de acompañamiento de menores. Son personas diferentes, sin ninguna conexión, más allá que algunos pueden coincidir en la nacionalidad”. La realidad es que sí que hay conexiones, pero no a nivel delictivo. Alguno de los jóvenes que residían en la casa ocupada de la calle Mimosas había sido anteriormente un menor tutelado en ese mismo centro.

Se trata de un chico que asegura no haber cometido ningún robo en Torredembarra y que también está sufriendo esta situación: “La gente siempre piensa mal, ve a un marroquí en una casa ocupada y piensa que es un ladrón. Veo que hay gente que no quiere que esté aquí, pero yo voy a quedarme aquí porque he venido para conseguir un futuro. Quiero trabajar, tener una casa, tener una buena vida, no he venido para ser un delincuente. Tengo el título de hostelería y he enviado casi 200 currículos a muchos restaurantes de Tarragona, pero nadie me contesta”.

La conexión es, por tanto, temporal: para decenas de jóvenes cuando cumplen 18 años el paso posterior al centro de acogida es la calle. Según los datos del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, casi un tercio de los menores y jóvenes migrados solos que viven en Catalunya están en la provincia de Tarragona. De ellos, más de 640 son mayores de edad.

En cambio, en la provincia de Tarragona, el total de plazas en pisos del Area de Suport del Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) y pisos de inserción laboral, para jóvenes de entre 16 y máximo 21 años, suma 231. La diferencia es abismal y pese a que una vez cumplida la mayoría de edad se puede pedir una prórroga en el centro de acogida de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), ese no es un recurso indefinido. Actualmente hay alrededor de 90 jóvenes extutelados sin hogar en la ciudad de Tarragona que van moviéndose por los pueblos de los alrededores, porque sin permiso de trabajo, muchos también sin prestación económica, se tienen que buscar la vida como pueden.

La dureza de la calle, los traumas vividos, estar lejos de sus seres queridos y la presión por ayudarles económicamente puede abocar al abuso de sustancias, al deterioro de la salud física y mental, y a veces también a actos delictivos. Hace un año, cuando estalló la pandemia en España y se decretó el primer confinamiento, el gobierno del Estado recomendó a las comunidades paralizar las expulsiones de los centros a jóvenes cuando cumplían 18 años.

La mayoría de las comunidades lo aceptaron, incluyendo Catalunya. Pero entidades y colectivos denuncian que eso no se ha respetado y que los jóvenes han seguido quedando en situación de calle. Según un comunicado de la COF, en las últimas semanas se ha expulsado a tres jóvenes migrantes del servicio de acogida y protección de la DGAIA. Denuncian que esto sigue repitiéndose sistemáticamente cuando cumplen la mayoría de edad, “bajo la justificación del no cumplimiento de la normativa de los centros”, abocándolos al infierno de la vida en la calle. Reivindican que no se expulse a nadie más sin ofrecer una alternativa habitacional digna y que se reincorpore a aquellos que ya han sido echados y que se encuentren “en situación de calle o en condiciones de vivienda no dignas”. Muchos de estos chicos están, además, en situación irregular por diferentes motivos.

Uno de ellos es que las exigencias administrativas para renovar el permiso de residencia son inalcanzables. En la primera renovación los jóvenes deben disponer de recursos económicos propios superiores a 537 euros, aunque muchos no tienen permiso de trabajo, y para la segunda y las posteriores se les pide que acrediten unos ingresos de 2.100 euros mensuales, más que el salario medio en España.

Según publicaba el Síndic de Greuges de Catalunya, estos criterios propician la exclusión social y laboral, y todas las defensorías del Estado comparten la necesidad de modificar parte de la Ley de Extranjería para adaptarla a la Ley de protección jurídica del menor y a los criterios de del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Una necesidad que el Govern de la Generalitat también comparte, especialmente ahora en situación de pandemia, y por eso reclama al Estado el permiso de trabajo para los jóvenes tutelados cuando cumplen 18 años y alerta de que con los requisitos actuales podrían quedar “en irregularidad administrativa 6.000 jóvenes en dos años en Catalunya”. Esa es, por tanto, la realidad de los jóvenes que vivían ocupando en Torredembarra y que después del ataque han sido reubicados.

Alguno de ellos quiso explicárselo a los vecinos del pueblo cuando el pasado domingo 21 de febrero Torredembarra Antifeixista convocó una protesta para condenar las agresiones. El joven cogió el megáfono para dar su versión, para poder ser visible y ser escuchado. Pero apenas había empezado la frase cuando una mujer le tiró del brazo apartándole del megáfono y junto con otras dos mujeres le obligaron a irse por la fuerza. Estas son algunas de las palabras que el joven había preparado y que hubiera leído si le hubieran dejado: “Soy uno de los muchos inmigrantes marroquíes que estamos sufriendo estas agresiones tanto verbales como físicas […] Nos hemos jugado la vida viniendo en patera en unas condiciones pésimas […] para llegar a un país donde no se nos acepta y no se nos trata con respeto solo por el hecho de ser inmigrantes. Pienso que se nos está juzgando a todos por igual […] Solo pedimos que se nos trate con respeto y poder tener los mismos derechos como todas las personas. Que os quede claro, ser inmigrante no significa ser delincuente”.