Catalunya
18 activistas del movimiento por la vivienda de Barcelona se niegan a declarar ante el juez

“Esto es una venganza”, sostiene Àxel, inquilino desahuciado de una de las 24 viviendas del Bloc Llavors, un edificio de Barcelona propiedad de un fondo buidre finés que en estos últimos años se ha convertido en un símbolo para el movimiento por la vivienda, y en una pesadilla para los sucesivos Gobiernos de la Generalitat. El 25 de mayo de 2021, cuatro días después de ser investido Pere Aragonès (ERC), un amplio dispositivo policial de los Mossos d’Esquadra, en presencia de miembros de Desokupa, hizo efectivo el desahucio de Àxel, Arkaitz y Manel. 

Los Mossos identificaron a más de 60 activistas y les cosieron a multas amparándose en la Ley Mordaza. La sorpresa llegó el pasado febrero, cuando los Mossos practicaron cuatro detenciones y, en los meses posteriores, citaron a declarar como imputados a 18 personas por supuestos delitos de desórdenes públicos, daños, resistencia a la autoridad, atentado a la autoridad y lesiones. Les investigó la Unidad Central de Investigación de Extremismos Violentos. En lenguaje coloquial, la unidad antiterrorista. Estas 18 activistas estaban citadas para declarar ante el juez el pasado viernes y ayer. Ninguna ha entrado en los juzgados, ninguna ha declarado. 

Exigen la retirada de la unidad antiterrorista en las investigaciones al movimiento social por la vivienda

Gessamí Forner

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Mossos d'Esquadra Exigen la retirada de la unidad antiterrorista en las investigaciones al movimiento social por la vivienda

Gessamí Forner

La Unidad Central de Investigación de Extremismos Violentos, subordinada al Área Central de Información de los Mossos d’Esquadra, firma los “informes de visionamiento” de los cuatro detenidos por el desahucio del Bloc Llavors.

Si la entrada en acción de la unidad antiterrorista y las imputaciones supusieron un nuevo paso en la estrategia de represión jurídicopolicial y política al movimiento por la vivienda catalán, la toma de decisión colectiva de no declarar implica una nueva respuesta. Max Carbonell, miembro de la comisión jurídica del movimiento, avanza que “vendrán más cosas”. No puede explicar más, pero indica que la intención es generar un debate público, ruido, que los catalanes se planteen si fondos buitre y vivienda maridan bien en este contexto de trabajos precarios e inflación, en una ciudad hace años gentrificada. 

“No nos doblegarán, no tenemos otra opción. La clase trabajadora de este país no podemos pagar un alquiler, las facturas y la comida”, considera Àxel, desahuciado e imputado

Àxel tiene 29 años. Combina el paro con los trabajos que le van saliendo, que nunca serán suficientes para afrontar un alquiler en la capital condal, cada vez menos industrial y cada día más de sector servicios. Presentó un informe de vulnerabilidad al juez que selló la orden de desahucio. “Le dio igual, todo da igual. Pero no nos doblegarán, porque no tenemos otra opción. La clase trabajadora de este país no podemos pagar un alquiler, las facturas y la comida”, considera. Acusa a la Generalitat de mostrarse “totalmente servil” a los intereses económicos de grandes propietarios, y que para ello “no dudan en utilizar a los Mossos como brazo armado contra los trabajadores”. Además de desahuciado, es uno de los 18 imputados que no han comparecido ante el juez.

🔴 Avui 25 d'Abril hem fet una roda de premsa per iniciar una causa política contra @perearagones, el @govern i la @generalitat. Avui, el Moviment per l'Habitatge us acusa, #UsAcusem. Obrim fil amb algunes intervencions: pic.twitter.com/tdkszykARY

— 1r Congrés d'habitatge de Catalunya (@congreshabcat) April 25, 2022

Desde septiembre de 2018 hasta ayer, el movimiento por la vivienda en Catalunya, País Valencià y Balears ha contabilizado más de 500 personas multadas por la Ley Mordaza, con sanciones que ascienden a casi 300.000 euros. Asimismo, han registrado 59 hechos represivos, que han generado 48 procesos judiciales con más de 250 personas implicadas. 

Operación policial en Barcelona detiene a cuatro activistas identificados en desahucios

Ana R. Santana

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Desahucios

Vivienda Operación policial en Barcelona detiene a cuatro activistas identificados en desahucios

Ana R. Santana

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Continúan las detenciones de militantes vinculados al movimiento por la vivienda en la Ciudad Condal.

En paralelo a la estrategia represiva contra el movimiento social, desde los despachos de abogados y desde la judicatura existe otra vía para afianzar a los fondos buitre: la Audiencia de Barcelona ha reabierto la causa contra la alcaldesa Ada Colau

Reabierta la causa contra Ada Colau

En paralelo a la estrategia represiva contra el movimiento social, desde los despachos de abogados y desde la judicatura existe otra vía para afianzar a los fondos buitre: la Audiencia de Barcelona ha reabierto la causa contra la alcaldesa Ada Colau, a quien el fondo buitre Vauras Investments —el dueño del Bloc Llavors— la acusa de de prevaricación administrativa y coacciones por haber aplicado la legislación catalana en materia de vivienda, que permitió al consistorio sancionar al fondo buitre por no ofrecer un alquiler social a los inquilinos de Llavors —semillas, en catalán—.

El concejal de Sants Montjuïc, Marc Serra, quien también está imputado, indicó ayer en rueda de prensa que “se nos acusa de aplicar la legislación que estaba aprobada por el Parlament de Catalunya y protege el derecho de los vecinos. No podíamos hacer otra cosa que aplicarla, y lo hicimos tanto por convicción como por obligación legal”. Serra indicó que e Ayuntamiento acumula diez demandas como esta, “todas provienen de multinacionales, lobbys de ultraderecha y fondos buitre. Confiamos que todas serán archivadas”.

El edificio Bloc Llavors pertenece al fondo buitre finés Vauras Investments, que lo compró a la espera de echar los antiguos inquilinos para revenderlo a un mejor precio. En 2017, el movimiento por la vivienda entró en varias viviendas, donde se instalaron vecinos que no podían hacer frente al alquiler de libre mercado, ni habían sido atendidos por los servicios públicos para optar a una vivienda de alquiler social. Antes de la pandemia, el 3 de marzo de 2020, 17 furgonetas antidisturbios ejecutaron el desahucio de seis familias. Quedaron otras tres. Para una, la formada por Axel, Arkaitz y Manel, le llegó la orden de desahucio programado el 18 de mayo, que se pospuso hasta el 25 de ese mes. Ese mismo día, los activistas se trasladaron a la sede del partido Esquerra Republicana de Catalunya, para ocuparla en protesta por lo sucedido.