Ayuntamiento de Madrid
La sombra de Montoro sobre Madrid

Si la semana pasada el clima político madrileño anunciaba temporal, el lunes se desataba la tempestad. La ciudad amanecía con el cese súbito de Carlos Sánchez Mato, concejal del ayuntamiento del área de Economía y Hacienda, y su acelerada sustitución por Jorge García Castaño –edil en los distritos de Centro y Chamberí–. Después de varios episodios de tensión, Manuela Carmena decidía finalmente relevar al concejal del cargo y ceder el puesto a una persona de su entorno de confianza.

El motivo de la discordia lo anticipaba unos días antes la plataforma Madrid No Se Toca, dando a conocer la aprobación de un próximo Plan Económico Financiero (PEF) para la ciudad de Madrid. Las alarmas estaban más que justificadas: el nuevo PEF –acordado con el ministro Montoro– se basa en una interpretación tan salvaje de la regla de gasto que supone la puesta en jaque de las finanzas del consistorio para lo que resta de legislatura.

Tras una breve justificación del cese de Sánchez Mato por parte de a alcaldesa, el PEF se aprobaba el lunes en un pleno extraordinario. Por lo demás, el sentido del voto fue bastante elocuente: 34 votos a favor de la aprobación del plan, repartidos entre Ahora Madrid y el Partido Popular, y 16 en contra distribuidos entre PSOE y Ciudadanos. Seis concejales se ausentaron del pleno: Pablo Carmona, Montserrat Galcerán, Rommy Arce de Ganemos Madrid, y Mauricio Valiente, Yolanda Rodríguez y el propio Sánchez Mato de Izquierda Unida.

La argumentación de Ganemos para no votar fue clara: una rotunda negativa a la aprobación de un plan que compromete los presupuestos del consistorio en más de 500 millones, "los madrileños y madrileñas no votaron a Ahora Madrid para gestionar miserias con “honestidad”, señalaban en un artículo. Del lado de IU –y tras una infructuosa petición de consulta a las bases– se criticó el cese de Sánchez Mato como consecuencia de las presiones de Montoro, lanzándose un mensaje que apelaba a gestionar mejor el disenso dentro de Ahora Madrid.

Las llamadas IFS no sirven para desarrollar un gran número de proyectos, no permiten construir polideportivos, centros de mayores, escuelas infantiles ni acometer grandes obras

Más allá del oportunismo del PSOE y Ciudadanos en las votaciones, a quienes Manuela Carmena se lo ha puesto muy fácil –¿Y quién demonios no sacaría tajada de unos recortes por 533 millones?–, la defensa del PEF por parte de alcaldía resultó bastante endeble y contradictoria. Empezando por la imputación de la elaboración del plan a Sánchez Mato: el PEF no fue desarrollado por el concejal saliente, sino por los técnicos del área de economía.

De hecho, la figura del concejal –junto con su organización– parece haber jugado el papel de chivo expiatorio en el discurso de la alcaldesa: críticas al partidismo, un concejal del que se celebra su buen hacer al tiempo que se afea su radicalismo... y una llamada a la "despolitización" de Ahora Madrid. Despolitización que habría que entender, más bien, como una llamada al orden y al cierre de filas en torno a las decisiones de alcaldía. En cualquier caso, creer que uno sólo gestiona y no hace política es uno de los peores males del gobernismo.

El PEF ¿acuerdo o capitulación?

Lo sorprendente de la aprobación del PEF ha sido su defensa por parte de alcaldía y el nuevo concejal de economía. Más allá de expresar el lógico desacuerdo con una regla de gasto injusta, la negociación con Montoro se ha vendido como un verdadero éxito: desbloqueo de 300 millones de euros paralizados, levantamiento de las medidas cautelares que frenaban la ejecución de proyectos y el regreso a la senda de la inversión social. Normalidad y orden restablecido: Montoro habría dejado de intervenir las cuentas del ayuntamiento. No habría recorte social alguno en los presupuestos, y en 2018 podrían acometerse las subidas salariales prometidas al personal, nuevas obras, el mantenimiento de las subvenciones, los proyectos licitados de las escuelas infantiles, etc.

La reducción de los capítulos presupuestarios –pues a todas luces habría restricciones– se compensaría mediante Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS en jerga técnica), paliando así los déficits del presupuesto general. Ahora bien, cuando miramos este discurso más de cerca es inevitable preguntarse por el elefante en el salón: los dichosos 533 millones.

Para empezar, asumir un recorte por una cantidad tan brutal significa perder cualquier forma de iniciativa política a un año de las elecciones: a la incapacidad para invertir y cumplir los proyectos programados –la mayoría concentrados en 2018– habrá que sumarle el malestar social por una batería de recortes imposible de gestionar.

La Plataforma de afectadxs por la Vivienda Pública y Social de Madrid (PAVPS Madrid) ha denunciado recortes por valor 100,4 millones de euros en subvenciones a las familias, asociaciones y programas de vivienda, 22.751.842 euros a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) –en relación con las transferencias para el pago de servicios– y 22.822.460 euros en construcción de vivienda pública. El consistorio se enfrentaría a la pérdida de 250 millones en nuevos proyectos y gasto social –por ejemplo, 24.623.486 euros del servicio de ayuda a domicilio– y a un recorte en el gasto de personal de unos 20 millones. De ahí hasta alcanzar la escandalosa cifra total.

Si ya resulta absurdo entonar el "no habrá recortes" cuando los acuerdos firmados comprometen a ello, peor aún es vender una derrota como un triunfo

Por otro lado, las llamadas IFS no sirven para desarrollar un gran número de proyectos, no permiten construir polideportivos, centros de mayores, escuelas infantiles ni acometer grandes obras, su objetivo es la rehabilitación de edificios, el arreglo de las vías públicas o los parques. Con lo cual, resulta inviable pensar que a través de esta forma de financiación podrá paliarse un recorte tan extremo.

Si ya resulta absurdo entonar el "no habrá recortes" cuando los acuerdos firmados comprometen a ello, peor aún es vender una derrota como un triunfo. Y sobre todo insistir en la idea de que Montoro ya no tutela Madrid: este PEF es, de facto, la peor tutela posible -y todo apunta a que nunca fue necesario-. Miseria del marketing político. A un lado parece haber quedado la lucha contra la deuda, la pugna por el reequilibrio territorial –todavía está por ver cómo se concretan los recortes en los distritos de la periferia– o la defensa del derecho a la vivienda. De hecho, junto con el pelotazo de Chamartín, este PEF supone un punto de inflexión para el municipalismo madrileño tal y como lo hemos conocido: es rendirse al marco de la austeridad.

There is no alternative?

El PEF se ha defendido por parte del espacio político del cambio entonando el "no hay alternativa" –un clásico eslogan de acento británico-, afeando además la posición del concejal destituido. También se ha llegado a señalar el deber de cumplir la ley mientras se lucha en el Parlamento –"no es vuestro turno, dejadnos hacer a nosotros"–.

En realidad, hemos tenido discursos para todos los gustos: según algunos Mato habría hecho una DUI o habría desempeñado el papel de Varoufakis en la crisis griega, haciendo gala de audacia o de un heroísmo irresponsable... en fin, hay argumentarios para todos los colores.

También se ha caricaturizado la situación polarizándola entre responsables e insumisos: los primeros ajustados a la ley, impulsados por un conocimiento técnico y pragmático de la situación, y los voluntaristas desobedientes, cegados por un idealismo maximalista y un exceso de pureza ideológica que roza el transtorno edípico (sic). Como ven, para todos los gustos. Incluso los más culturetas.

Perder la batalla por Madrid golpeará a toda la constelación de municipios surgida del ciclo 15M-Podemos

Lo cierto es que había alternativas que no pasaban por una insumisión cortoplacista, como aquella que proponía el concejal degradado y parte de Ahora Madrid: la pugna jurídica en los tribunales habría permitido ganar tiempo, prorrogándose los presupuestos en 2018. En este caso, de haber recortes no los ejecutaría el consistorio, sino el propio Ministerio de Hacienda –Montoro, la figura en la sombra en toda esta historia–.

Un escenario así hubiese permitido combinar una lucha política en tres frentes: el judicial, el de la opinión pública y hubiese dado el impulso suficiente para construir un espacio movilizado contra los recortes –algo que, recordemos, estaba en el ADN de la candidatura y el 15M–.

En cualquier caso, desarrollar cualquier acción mínimamente audaz requiere cierta capacidad estratégica -trazar una hoja de ruta con otros municipios- y mantener una buena posición "en la calle", es decir, crear una buena relación con los movimientos y asociaciones de la ciudad -y últimamente se encuentran bastante desafectos-.

Ante un escenario de recortes tan sangrante, sostener el conflicto en el tiempo hubiese brindado la oportunidad de abrir una batalla en diversas escalas, aprovechando así la tramitación del proyecto de ley de Unidos Podemos que tiene como objeto la flexibilización de la regla de gasto –aunque no hay que descartar las acciones del PP en el Tribunal Constitucional, el art. 135 no será fácil de batir–. Sin embargo, la precipitación del PEF ha bloqueado parcialmente esa posibilidad.

Otro problema del acuerdo –y no menor– es que difícilmente podrán ejecutarse 120 millones de las inversiones desbloqueadas: estas tendrían que realizarse antes de finalizar el año, y ello no parece posible.

Así las cosas, 2018 no plantea un panorama nada halagüeño para el ayuntamiento madrileño, tampoco para el municipalismo: perder la batalla por Madrid golpeará a toda la constelación de municipios surgida del ciclo 15M-Podemos. Frente a esta capitulación inicial, el ecosistema municipalista se verá obligado a defender su autonomía y a redoblar el esfuerzo por seguir superando sus propios límites en los territorios, reconectando con el tejido social y federando esfuerzos para ganar la guerra contra Montoro, el techo de gasto y la deuda. Algo que requerirá movimiento. Aunque todo esto sea mucho más fácil decirlo que hacerlo.