Actualidad africana
Del penoso éxodo en Sudán al recorte de derechos en Uganda

Comunidades concretas, sensibilidades políticas, grupos sociales o la población civil, en general. La violencia se ejerce con mayor insistencia sobre colectivos inocentes. Dos generales intentan mantener sus posiciones de poder en Sudán y para ello arrasan el país y obligan a cientos de miles de personas a dejar atrás sus vidas. En Uganda, la clase política dominante desvía la atención hacia la diversidad sexual y afectiva pisoteando derechos. En Senegal, un presidente flirtea con dinamitar la democracia. En Kenia, los predicadores charlatanes embaucan a los más vulnerables. Y en Burkina Faso, los límites se desdibujan cuando se lucha contra el terrorismo.

Las desesperadas huidas de un Sudán en llamas

Mientras que el pasado martes 2 de mayo se anunciaba una tregua orientada a organizar las primeras conversaciones de paz en Sudán las fronteras del país seguían colapsadas por un desesperado éxodo de población civil que intenta huir de los enfrentamientos. Hoy se cumplen 21 días desde que se iniciaron los combates entre las fuerzas armadas (FAS) y las milicias de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que hasta el inicio del conflicto habían acompañado y apoyado al ejército. Una de las pocas dudas que se ha desvelado en estos días es que esta disputa abierta que está devastando el país es el resultado de una lucha de poder en el seno del gobierno militar, del desencuentro entre el presidente, el general Abdel Fattah al-Burhan, que controla el ejército regular, y su segundo, el también general Mohamed Hamdan Dagalo “Hemedti”, que lidera a los paramilitares de las RSF.

La virulencia de la contienda en Jartum ha hecho que los y las ciudadanas que han podido hayan cogido lo esencial intentando abandonar la ciudad en un éxodo marcado por las dificultades

Desde un primer momento, los enfrentamientos han tenido como escenario las áreas pobladas, comenzando por la capital, Jartum, donde las zonas residenciales han estado bajo un intenso fuego de artillería, tiroteos en combates cuerpo a cuerpo e incluso ataques aéreos. La virulencia de la contienda ha hecho que los y las ciudadanas que han podido hayan cogido lo esencial y hayan intentando abandonar la ciudad en un éxodo marcado por las dificultades. Otras de las zonas más castigadas por los combates ha sido la región de Darfur, donde la violencia se ha reactivado y ha empujado a muchos y muchas sudanesas al exilio.

La espiral de golpes de Estado en Sudán y la esperanza de nuevas resistencias

Carlos Bajo Erro

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Actualidad africana La espiral de golpes de Estado en Sudán y la esperanza de nuevas resistencias

Carlos Bajo Erro

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Sudán ha vivido el tercer golpe de Estado que trata de frustrar el regreso a la democracia, mientras la sociedad sigue organizándose para resistir. La actualidad africana desvela otros combates políticos.

ACNUR cifraba en más de 100.000 las personas que habían abandonado el país en busca de refugio. Los relatos de la huida, sobre todo, entre quienes dejaban atrás Jartum, narraban largos y tortuosos viajes en autobús hasta la frontera egipcia o hasta Port Sudan, intentando buscar el traslado en barco a Arabia Saudí. Pero muchos han sido los que han buscado abrigo en otros países vecinos con situaciones extremadamente precarias, como Chad, la República Centroafricana, Sudán del Sur o Etiopía. Las mismas agencias de Naciones Unidas avanzan que más de 800.000 personas podrían seguir el camino del exilio (una cifra que otras fuentes preveen que se supere), entre ellas, ciudadanos sudaneses pero también otros que se encontraban refugiados en el país (fundamentalmente sursudaneses y etíopes) y que podrían buscar ahora el regreso precipitado a los países de los que huyeron.

Entre tantas cifras, las historias compartidas por los y las protagonistas reflejan los obstáculos del camino y la desesperación que se vive en las fronteras. Mientras los medios del Norte global han puesto durante unos días el acento en la evacuación de sus ciudadanos, los y las sudanesas y otros nacionales de países con menos capacidad diplomática, se veían atrapados en esa huida desesperada, en la que los países receptores aparecen desbordados y se producen larguísimas colas de espera para la validación de los visados sin ningún tipo de asistencia. En paralelo, como ha ocurrido desde el principio de la crisis, la población sudanesa se ha organizado con iniciativas de base, para intentar brindar un apoyo, al menos, mínimo. Y las redes sociales se han convertido en un canal de comunicación de informaciones prácticas fundamentales para la supervivencia tanto en las zonas en conflicto, como en el camino hacia el exilio, siempre a través de la solidaridad de otras y otros ciudadanos.

Los parlamentarios ugandeses se enrocan en la ley contra la homosexualidad

La pelota de la durísima ley anti-homosexualidad ugandesa vuelve a estar en el tejado del presidente Yoweri Museveni, pero es improbable que ejerza su potestad para revocar este ataque a los derechos fundamentales de la ciudadanía del país. El parlamento ugandés votó y aprobó en marzo una de las leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo más duras del mundo. Contempla incluso una posibilidad de aplicar la pena de muerte en los casos que se consideran “homosexualidad agravada” que es la manera como se tipifica la posibilidad de mantener relaciones sexuales sabiendo que se es portador del VIH. Además de esta medida una de las que más alarmas ha activado ha sido la pena de 20 años de prisión por “promover la homosexualidad”, un principio en el que los y las activistas han encontrado una amenaza a cualquier actividad de protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el país.

De la legislación contra las personas LGTBIQ+ en Uganda, preocupa particularmente la previsión de penas de 20 años de prisión por “promover la homosexualidad”, lo que se interpreta como una amenaza a cualquier actividad de protección de los derechos de la comunidad

El presidente Yoweri Museveni tenía la potestad de sancionar o no la ley y optó por devolverla al parlamento en un evidente ejercicio de soberbia ya que aplaudió la iniciativa de los legisladores y solamente propuso algunas enmiendas cosméticas, como la introducción de prácticas de “rehabilitación”, que no han sido incluidas en el texto actualizado. El martes la cámara de representantes volvió a votar y aprobar la ley con ligeras variaciones, como la retirada del deber de denuncia pública, que no afecta a las sanciones más importantes y que asume parcialmente las propuestas realizadas por Museveni. Ahora el presidente tiene la potestad de firmar la ley o devolverla por última vez a la cámara de legisladores, aunque en ese caso ya no podría revocarla. A pesar de las críticas internacionales, parece improbable que sea Museveni quien eche abajo esa legislación, teniendo en cuenta que, en una reciente comparecencia, alabó a los parlamentarios por no haberse dejado influir por los imperialistas. Su discurso se apoya en que la homosexualidad es una especie de plaga introducida por Occidente en Uganda para dinamitar la sociedad local.

La última esperanza de los y las defensoras de los derechos fundamentales para frenar esta ley es una denuncia ante el tribunal constitucional, como ya ocurrió con un intento previo de endurecer las penas contra las relaciones entre personas del mismo sexo. De momento, la crispación aumenta las amenazas contra las personas LGBTIQ+ de Uganda.

La sospecha es cada vez más pesada en Senegal

Los dos últimos episodios de la escalada de tensión en Senegal confirman un aumento de crispación que se proyecta hacia las elecciones presidenciales que se celebrarán en febrero de 2024. En primer lugar, la entrevista que el presidente senegalés ofrece tradicionalmente a los medios con motivo de la celebración de la Korité, que marca el final del Ramadán, ha levantado ampollas entre el frente amplio de colectivos movilizados para defender los principios democráticos. De nuevo, Macky Sall esquivó en los micrófonos de la radio RFM pronunciarse inequívocamente sobre su posible candidatura a las próximas elecciones presidenciales que tensaría la cuerda de las instituciones senegalesas ante la posibilidad de un tercer mandato, prohibido expresamente por la ley nacional.

“Entiendo la inquietud de los senegaleses, pero llegará el momento de aclararlo. Será pronto”, respondió lacónica y ambiguamente el jefe del Estado senegalés a las preguntas del periodista. En su anterior aparición en medios, un mes antes, el 20 de marzo, a través de una entrevista exclusiva a la revista francesa L’Express utilizó una fórmula similar, asegurando que tenía “una agenda, una labor que hacer” y que cuando llegase el momento comunicaría su decisión. En aquella ocasión, en el semanario galo, aderezó la respuesta con una afirmación en la que apuntaba que legalmente nada le impedía presentarse porque el Consejo Constitucional ante una consulta, había determinado que su primer mandato no entraba dentro de las limitaciones establecidas por la ley, pues fue durante esa legislatura cuando se modificó la Constitución para hacer pasar la duración de los mandatos de siete a cinco años. Un argumento que no gustó a la oposición política ni a la sociedad civil.

Macky Sall ha esquivado pronunciarse inequívocamente ante la prensa sobre su posible candidatura a las próximas elecciones presidenciales, algo que tensaría la cuerda de las instituciones senegalesas ante la posibilidad de un tercer mandato

En el caso de la última comparecencia, la respuesta se ha mantenido abierta, sin embargo, con un periodo de tiempo más corto por delante. Lo que ha terminado de soliviantar a algunos miembros del F24, la agrupación de partidos de la oposición y organizaciones sociales, que pretende ser el baluarte del respeto a las reglas de juego democrático, es que Sall negó la existencia de prisioneros políticos en el país, cuya liberación está reclamando el F24.

Por otro lado, mientras este frente se prepara para la primera de las movilizaciones convocadas como coalición para el próximo 12 de mayo, el principal candidato opositor también ha echado más gasolina al fuego. Ousmane Sonko, que se ha visto salpicado por diversos procesos judiciales denunciados como manejos para apartarle de la carrera presidencial, acusó a las autoridades de intento de asesinato a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

El 16 de marzo Sonko fue detenido en el marco del proceso por difamación al ministro de Turismo que se seguía contra él. Durante aquel turbulento arresto, el candidato opositor aseguró haber sido rociado con un líquido que le hizo sentirse mal y pasó varios días hospitalizado después de su puesta en libertad. El pasado 26 de abril, Ousmane Sonko anunció el resultado de unos análisis encargados a un laboratorio independiente. “Los resultados confirman claramente el atentado contra mi persona, perpetrado por elementos de las Fuerzas de Defensa y Seguridad. (…) Daremos seguimiento judicial en el ámbito internacional y político en el interno a este intento de magnicidio, del cual aún desconocemos todas las consecuencias en nuestra salud”, señalaba en el comunicado publicado en las redes sociales. Y la tensión política en el país continúa aumentando.

Pueblos

Resistencias al capitalismo verde y digital en Senegal

Clara Sancho Talbot Abdoulaye Diallo

Minería

Extractivismo Resistencias al capitalismo verde y digital en Senegal

Clara Sancho Talbot ,  Abdoulaye Diallo

El proyecto de minería de circonio en la región de Ziguinchor, botón de muestra de la ampliación de la frontera extractiva por todo el continente africano, no ha llegado a implementarse gracias a la resistencia social y comunitaria.

Kenia pone la lupa sobre los predicadores

El macabro hallazgo de 109 cuerpos sin vida en lo que se ha bautizado como “la masacre del bosque de Shakahola”, en la costa sureste de Kenia, ha llamado la atención sobre la proliferación de cultos radicales en el país y en toda la región. En los últimos días, esta atención ha llevado a una cascada de medidas contra estas sectas que tienen un considerable impacto en la sociedad keniana. En lo que se refiere al caso de bosque de Shakahola, las autoridades empezaron a tirar del hilo dejado por la muerte de dos niños por inanición en marzo. Presuntamente, los padres de los niños era seguidores de la iglesia Internacional de la Buena Nueva (Good News International Ministries), la del pastor Paul Mackenzie Nthenge. La situación se reprodujo después en Malindi, con otras cuatro víctimas y las autoridades acabaron exhumando 109 cuerpos de seguidores de esta misma iglesia que habían muerto de hambre, supuestamente por indicación del pastor que aseguraba que el ayuno radical les llevaría al cielo.

El macabro hallazgo de 109 cuerpos sin vida en lo que se ha bautizado como “la masacre del bosque de Shakahola”, en la costa sureste de Kenia, ha llamado la atención sobre la proliferación de cultos radicales en el país y en toda la región

Con una vinculación con este proceso que todavía está por determinar ha sido arrestado también otro predicador, Ezekiel Odero. Se trata del fundador del Centro de Oración de la Iglesia Nueva Vida (New Life Church Prayer Center) y uno de los predicadores más poderosos de Kenia, a quien también se implica en las muertes del bosque de Shakahola, aunque el poderoso telepredicador ha intentado eludir la acción de la justicia. Los dos pastores podrían ser juzgados por cargos de terrorismo lo que agravará su responsabilidad, consolidará el proceso y podría suponer una condena más severa. De momento, las autoridades han clausurado la cadena de televisión de Ezekiel Odero.

La implantación de los cultos en África del Este está muy consolidada y el poder de los predicadores y su influencia es creciente. Se multiplican en los países de la región las denuncias en relación con las numerosas iglesias, sus prácticas, sus abusos y, en ocasiones, con sus consecuencias fatales. El último episodio desvelado en Kenia ha llamado la atención sobre estas iglesias y sus pastores.

Las sospechas se ciernen sobre el ejército burkinés por una matanza

Las autoridades burkinesas ha reconocido oficialmente el asesinato de 60 civiles en la localidad de Karma, situada al norte del país, cerca de la frontera con Mali. La fiscalía ha anunciado la apertura de una investigación y apuntaba en un comunicado que los responsables “llevaban uniformes de la fuerzas armadas nacionales”. El ataque se produjo el pasado 20 de abril, al día siguiente que el presidente de la junta militar que gobierna el país firmase un decreto de “movilización general y estado de alerta” para luchar contra el terrorismo. La versión ofrecida por el Colectivo contra la Impunidad y la Estigmatización de las Comunidades (CISC, por sus siglas en francés) es más dura. La organización asegura en una nota oficial haber documentado 136 ejecuciones sumarias de civiles en Karma y otras once en localidades vecinas. Manteniendo las cautelas, la fórmula que utiliza para señalar a los responsable en ese mismo comunicado es ligeramente más directa que la que emplea la fiscalía, refiriéndose a ellos como: “Hombres armados con apariencia de miembros de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad burkinesas (FDS)”.

Además de otros detalles ofrecidos por los supervivientes, el CISC incluye otros apuntes en su comunicado como la posible relación de estos hechos con un ataque terrorista ocurrido cinco días antes a unos kilómetros del lugar y que acabó con la vida de seis militares y 34 auxiliares del ejército. Según los testimonios de vecinos de Karma que sobrevivieron, los atacantes responsabilizaban a los lugareños de haber dado cobijo a los terroristas. Esta misma organización hace recuento de otras masacres atribuidas al ejército o a los grupos de autodefensa en los últimos meses y reclama el esclarecimiento de los hechos para evitar que se produzcan espirales de venganza y que la población pierda la confianza en las fuerzas de seguridad. Lo cierto es que la violencia comunitaria es una amenaza constante en la situación en la que se encuentra Burkina Faso y otros países de la región en su lucha contra los grupos armados. Diversos actores sociales han advertido de la estigmatización de ciertos grupos étnicos, a los que se atribuye connivencia con los terroristas. Estas organizaciones advierten que esos discursos de odio y la violencia que se proyecta sobre esos grupos étnicos, precisamente, generan las condiciones para que algunos vean con simpatía a los grupos armados.

Apenas una semana después de la matanza de Karma, el ejército ha comunicado la muerte de 33 soldados y 40 atacantes durante el asalto por parte de un grupo armado a un cuartel en la localidad de Ougarou, en el este del país. Según algunas fuentes, la escalada de violencia ha provocado al menos 10.000 muertos en Burkina Faso, en los últimos siete años, y alrededor de dos millones de desplazados.