Actualidad africana
Las calles de Sudán reclaman democracia mientras en las redes se abre paso el activismo medioambiental

El pueblo sudanés vuelve a convertirse en un referente, como ya ocurrió en 2019, en un momento en el que la figura de Sankara se hace más grande y emergen voces jóvenes en el activismo medioambiental.
Jartum captura de pantalla
Captura de pantalla en una calle de Jartum el 26 de octubre.
5 nov 2021 06:00

Durante meses se ha ido cocinando un clima propicio para que los militares tomasen el poder en Sudán. Se ha bloqueado el abastecimiento de productos básicos y se ha alimentado la sensación de crispación social. Una puesta en escena completa para que un general emergiese como la única solución posible. Pero el pueblo sudanés ya se levantó para conseguir la democracia y parece que no está dispuesto a dejarla escapar, por eso lleva doce días resistiendo en las calles. En el mismo momento en el que la COP26 pone al descubierto la farsa de los acuerdos vacíos, emergen las figuras de jóvenes activistas que recuerdan las consecuencias del cambio climático.

Sudán resiste

Doce días lleva la ciudadanía sudanesa en las calles de las principales ciudades del país, mostrando su rechazo al golpe de Estado militar que pretende truncar la transición a la democracia. La reacción popular a la toma del poder por parte de unidades del ejército fue inmediata, el pasado 25 de octubre. De manera espontánea, miles de sudaneses y sudanesas se echaron a las calles, primero en la capital, Jartum, y poco a poco en el resto de los núcleos urbanos del país en cuanto se supo que varios ministros civiles del gobierno de transición, incluido el jefe del Ejecutivo, habían sido detenidos por miembros del ejército. Pronto se intervinieron las comunicación telefónicas e internet, y los golpistas tomaron las instalaciones de la radio y la televisión pública, en la que el general Abdel Fattah Abdel Rahman Burhan anunció el golpe de Estado, declaró el estado de emergencia, disolvió el gobierno y diversos órganos de la transición, y suspendió varios artículo de la Constitución sudanesa.

La reacción popular a la toma del poder por parte de unidades del ejército en Sudán fue inmediata, el pasado 25 de octubre. De manera espontánea,  miles de sudaneses y sudanesas se echaron a las calles

Desde el primer momento, en medio de la confusión, la ciudadanía salió a manifestarse, venciendo el miedo a la represión de los golpistas. De la misma manera, la Sudanese Professionals Association, la heterodoxa coalición de organizaciones profesionales que catalizó y dinamizó la revuelta de 2019, llamó al pueblo sudanés a la resistencia pacífica, a la vez que diversos colectivos profesionales se declararon en huelga. Las ciudades se han ido poblando de barricadas improvisadas que se han consolidado progresivamente y se han organizado comités de barrio para vigilarlas, mantenerlas y elevar las peticiones de la ciudadanía. El pasado sábado, la convocatoria de una gran jornada de movilización demostró que la contestación al golpe de Estado se ha extendido por gran parte del país, a pesar de las dificultades de comunicación.

En abril de 2019, un largo proceso de protestas ciudadanas puso contra las cuerdas a Omar al-Bashir, que había controlado el poder en el país durante casi 30 años. Las masivas movilizaciones acorralaron al dictador y algunos sectores del ejército aprovecharon la ocasión para materializar su derrocamiento en una pretendido ejercicio de obediencia a la voluntad popular. Los militares intentaron, en un primer momento, monopolizar el espacio de poder que había quedado vacante, ante la protesta de los y las manifestantes. Después de una dura represión, propia del régimen anterior, y de una larga negociación con algunos de los principales actores de la sociedad civil y de la oposición política, se construyó un gobierno de transición en el que convivían, en un delicado equilibrio, civiles y militares.

En los últimos meses, se habían desencadenado movimientos de protesta que responsabilizaban a los elementos civiles del gobierno de los males que siguen acechando al país. Durante semanas, el clima social se ha enrarecido con la colisión entre grupos que reclamaban la recuperación del control total del Ejecutivo por parte del ejército y otros que defendían la fórmula mixta para consolidar la transición a una democracia civil. En ese contexto, Burhan disolvió el gobierno. Sin embargo, la inmediata reacción de una gran parte de la sociedad sudanesa demuestra que el apoyo a los militares es muy limitado. La situación ahora parece dirigirse a un escenario de una complicada resolución: los golpistas han protagonizado episodios de violenta represión, pero parecen apostar por un agotamiento de los manifestantes, mientras las barricadas siguen demostrando la presencia de la ciudadanía en las calles.

Las voces que emergen en la lucha contra el cambio climático

En medio del habitual clima de buena voluntad y de las manifestaciones de compromisos, la celebración de la 26ª conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, más conocida como COP26, en Glasgow, vuelve a dejar una imagen desdibujada del continente africano. Aunque las negociaciones se prolongan formalmente hasta el próximo 12 de noviembre, los planteamientos iniciales parecían indicar que la veintena de presidentes africanos presentes en la capital escocesa llegaban como meros observadores. Los titulares que hacen referencia a los compromisos habitualmente solo contemplan a las grandes potencias industriales —por cierto, las más contaminantes—, mientras que dejan poco espacio a los lugares en los que los efectos del cambio climático han dejado de ser una amenaza para ser una realidad, como ocurre en grandes zonas del continente africano, desde el Sahel, hasta Madagascar, como alertaba recientemente Amnistía Internacional.

En sus posiciones formales, los dirigentes presentes en Glasgow han reclamado una transferencia de recursos desde los países que más contaminan hacia aquellos que menos capacidad tienen pero que también están haciendo una transición hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente. Han recordado también los compromisos incumplidos de las cumbres anteriores. Pero parecen encontrarse tan alejados de los lugares en los que se sufren las consecuencias letales del cambio climático como los dirigentes del Norte global.

 La COP ha vuelto a ser una oportunidad para reclamar el papel de las sociedades civiles y para visibilizar el activismo medioambiental que, sin excesiva publicidad, reclama cambios en el continente africano

Sin embargo, esta cita ha vuelto a ser una oportunidad para reclamar el papel de las sociedades civiles y para visibilizar el activismo medioambiental que, sin excesiva publicidad, reclama cambios en el continente africano. Y lo ha hecho, de nuevo mostrando algunas voces innovadoras y sólidas que han demostrado una enorme capacidad para hacer pasar mensajes más allá de la manía occidental de compararlas con sus propios referentes. Ya hace tiempo que la joven ugandesa Vanessa Nakate, a quien muchos apenas han tenido la capacidad de comparar con Greta Thunberg, reclama un espacio en los medios y de hecho ocupa la portada de la última edición de la revista Time. Por otro lado, en esta edición de la cumbre, otra joven de origen africano ha atraído los focos. Se trata de la keniana Elizabeth Wanjiru Wathuti, que ha interpelado directamente a los líderes mundiales en relación con su responsabilidad en la respuesta al cambio climático.

Revelaciones en el juicio por el asesinato de Sankara

El juicio por el asesinato del presidente de Burkina Faso Thomas Sankara y de doce miembros de su gobierno, en 1987, está llamado a consolidar la figura mítica del revolucionario burkinés. Precisamente, porque los testimonios de algunos de los acusados que han reconocido haber participado en la masacre no han hecho sino confirmar las historias sobre la integridad y la determinación del malogrado dirigente. Eso sí, es bastante improbable, a tenor del rumbo de los acontecimientos, que en este proceso lleguen a esclarecerse todos los detalles de la operación que truncó la experiencia revolucionaria burkinesa.

Después de casi 34 años de espera, el juicio se inició, como estaba previsto, el 11 de octubre, pero después de una primera jornada de cuestiones previas quedó aplazado hasta el pasado 25 de octubre. Desde el reinició del proceso ha podido escucharse a los acusados, la mayor parte de los cuales han centrados sus testimonios en la negación de los hechos, en su no participación en el asalto al consejo de ministros o en su desconocimiento de lo que estaba ocurriendo, como era previsible. En todo caso, algunos de los comentarios han permitido confirmar la versión que hasta el momento solo había podido prestar Alouna Traoré, el único superviviente del atentado. Traoré ha explicado en reiteradas ocasiones que, cuando los golpistas llegaron a las puerta del Consejo de Ministros (Conseil de l’Entente), Sankara salió del recinto con las manos en alto y desarmado con la esperanza de que su entrega pudiese, al menos, salvar la vida de sus compañeros. Sin embargo, fue acribillado justo antes de que las otras doce víctimas fuesen asesinadas. Durante el proceso, Yamba Elysée Ilboudo, uno de los acusados, ha reconocido haber estado en el lugar y ha relatado exactamente la misma escena, aunque ha asegurado que él acudió engañado y no participó en el tiroteo.

Indignación contra los soldados británicos en Kenia por un crimen impune

Una investigación de la edición dominical de The Times ha rescatado el asesinato sin resolver (al menos legalmente) de la joven keniana Agnes Wanjiru. El reportaje ha desvelado nuevos testimonios que apuntan a un militar británico como autor del crimen. Y ha señalado la pasividad convertida en complicidad del ejército de Reino Unido. El conjunto ha vuelto a despertar la indignación de los y las kenianas frente a una nueva muestra de impunidad de los militares de la antigua colonia. Esa indignación ha ido en aumento cuando se han desvelado más informaciones que destacan, por ejemplo, cómo diversos miembros de la unidad del presunto asesino se mofaron del asesinato en las redes sociales, sin que ninguna autoridad hiciese nada al respecto.

El ejército británico tiene un campo de entrenamiento en Nanyuki, ciudad situada a poco menos de 200 kilómetros al norte de Nairobi. Allí apareció muerta y con signos de extrema violencia, en junio de 2012, Agnes Wanjiru, una joven de 21 años de edad. Había sido vista por última vez junto a un grupo de soldados británicos en un hotel de la ciudad. Su cuerpo se localizó tres meses después en un fosa séptica junto a ese mismo hotel. La justicia keniana llegó a determinar que había sido asesinada por militares británicos, pero sin llegar a identificarlos.

En junio de 2021 en Nanyuki (Kenia), donde el ejército británico tiene un campo de entrenamiento, apareció muerta y con signos de extrema violencia una joven de 21 años de edad. Había sido vista por última vez junto a un grupo de soldados británicos en un hotel de la ciudad

Las autoridades de Reino Unido han asegurado que han colaborado con las kenianas en este caso, sin que se hayan producido avances. Sin embargo, la investigación de The Times ha identificado a varios soldados a los que el propio asesino reconoció los hechos y que aseguran que lo pusieron en conocimiento de sus mandos, que se mostraron indiferentes. Ahora, ante el escándalo producido por la publicación de estas informaciones, el ejército de Reino Unido se ha apresurado a mostrar su consternación y a ofrecer su colaboración, mientras la policía keniana ha informado de que reabrirá la investigación.

La situación en Tigray no para de agravarse

Hace un año que cada nueva noticia sobre la situación en la región de Tigray, al norte de Etiopía, es peor que la anterior. En 2020, una incursión de castigo al Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés) lanzada por el primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali se convirtió en una guerra abierta. Durante este tiempo se han documentado matanzas y todo tipo de abusos del ejército, se ha bloqueado el acceso a la zona a periodistas y a la ayuda humanitaria, y se ha propiciado la peor hambruna de las últimas décadas.

Las últimas noticias hablaban de un recrudecimiento de los combates y se han denunciado bombardeos de edificios civiles por parte de la aviación etíope en Mekelle, la capital de la región. La novedad de la última semana ha sido el avance de los rebeldes tigriñas y la amenaza de marchar sobre Addis Abeba, la capital del país. Estos movimientos han desencadenado la declaración del estado de emergencia nacional por parte del primer ministro Abiy Ahmed Ali, que ha interpelado a los etíopes a defender la ciudad en caso de necesidad. La escalada de los enfrentamientos armados, el aumento del tono de los discursos y medidas —como la tomada por el gobierno etíope, que acorrala garantías y derechos fundamentales en nombre de la lucha contra los “terroristas” del TPLF— acercan aún más a Etiopía a una situación de guerra civil.

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