Menores migrantes
Deportar o linchar a menores: la falsa paradoja del racismo

James Baldwin 

El Blues de Beale street 

¿Quién respira tras la máscara de la ultra derecha?

En pueblos de Catalunya como Canet, Castelldefels, Rubí, y ahora Masnou se hacen manifestaciones y se atacan edificios donde viven niños y chavales adolescentes. Niños y chavales adolescentes que se han criado en Marruecos, para ser más exactos. A pesar de la evidencia, los análisis mediáticos de la prensa mainstream apenas hablan de racismo y, en el intento de comprender cómo se ha llegado hasta este punto, las preguntas se centran en ¿quién está detrás de los ataques y manifestaciones contra los chavales?

Al día siguiente de los ataques racistas tanto de Castelldefels como del Masnou salió a la luz que algunos individuos adscritos a la extrema derecha lideraban el tumulto popular y reivindicaban las movilizaciones. Se confirmó la inquietud detrás de la interrogación subyacente: ¿Éramos “nosotros”? o ¿eran “ellos”? ¿Acaso nos hemos convertido en ese tipo de gente que ataca centros dónde viven niños?

Este pensamiento resulta terrorífico cuando la (superioridad) moral de las sociedades occidentales eurocentradas se ha construido sobre la idea de la inocencia. La inocencia ha sido una herramienta de subjetivación construida muy delicadamente durante todo el proceso colonial y posteriormente en el campo estratégico del Estado, mediante la creación de la ciudadanía liberal moderna.

A la ciudadanía se la inmunizó del sentido de responsabilidad cuando se decidió relegar el monopolio de la violencia al Estado. Ese pacto social, todavía a día de hoy, sustenta el delirio de las democracias modernas.

“Ellos” –“la extrema derecha”- son el chivo expiatorio interno. “Ellos” corroen la democracia (neo)liberal y a su vez eximen al resto de su responsabilidad en la perpetuación y mantenimiento de un orden racial. Mientras siga siendo aquello que se llama extrema derecha quien lidere ataques violentos o quien hable abiertamente de dejar morir en el mar; de dominar y de subordinar, el resto de las facciones políticas queda exento de ser señalada y puede hasta ser la mano ejecutora de una propuesta política que, en últimas, hace lo que otros dicen.

Por ejemplo, mientras la Generalitat de Catalunya puede condenar y erigirse en acusación particular contra la extrema derecha por los ataques a los centros donde viven los chavales, puede también gestar un plan bajo la falacia del “retorno voluntario” para solucionar “el problema de la gestión de los chavales”, según ellos, escenificada en la saturación de los centros, los conflictos sociales causados por su situación de calle y la incapacidad de “integrarlos”. Este plan, llamado Al Amal Marroc, que entre trabajadores de la administración se interpreta como la reactivación del Programa Catalunya-Magrib, es la réplica de una iniciativa puesta en marcha en septiembre de 2006 y de gestión privada con un presupuesto total de 3.545.584€ entre la Unión Europea, la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo, la Secretaria de Inmigración de la Generalitat y el Departamento de Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña.

Que la desacomplejada Generalitat y la DGAIA planteen en declaraciones públicas y en reuniones de despacho que deportar a niños contra su voluntad –porque esa fue la realidad del Programa Catalunya-Magrib y no otra- puede ser una buena “solución” para afrontar las múltiples violencias derivadas de un contexto social que la geografía europea parece no poder soportar revela una soberbia y un racismo institucional de un calibre inconmensurable.

Incumplir el contrato racial

“Me iba a la ducha cuando los educadores me dijeron que tenía que ir a una entrevista en la DGAIA. Una vez allí me dijeron que me iban a mandar a Marruecos. Dos policías me llevaron al aeropuerto. Quería escapar, esperamos un rato y luego los policías me llevaron al aeropuerto. Quería escapar. Me llevaron a la comisaria de Casablanca, era la mañana. Pasé por el juez y me dijeron que me pondrían en una 'khayriya'. No dijeron nada a mi madre. El centro estaba lleno de niños de la calle. Pasé un día y medio hasta que un chico me ayudó a llamar a mi madre y vino a buscarme. Ella no estaba avisada de la repatriación” 

Testimonio de Y. 

Quién deportó a niños contra su voluntad y los dejó en orfanatos al llegar a Marruecos en el 2006 no fue la extrema derecha, fue Esquerra Republicana. Si el racismo moderno ha sobrevivido hasta el día de hoy es, entre otras cosas, gracias a la connivencia de una mayoría popular que ha permitido trasladar progresivamente la carga de su responsabilidad en la construcción de este mundo de corte racial a los hombros de la derecha neoliberal en el poder o a la extrema derecha, más desacomplejada a la hora de expresar su opinión sobre el orden de las cosas y, cómo no, de las personas.

En este país no se habla de raza. El lenguaje (post)moderno del racismo en el Estado Español no habla de ‘raza’. Habla de seguridad, de democracia, de leyes; se habla de convivencia, diversidad y de interculturalidad. Si fuera una cuestión discursiva, el racismo no existiría menos cuando la derecha desacomplejada la pone a circular para su beneficio político. En este sentido, el dominio sobre el significado de las palabras conforma gran parte de los conflictos sociales de las personas atravesadas por la opresión del racismo. Como dice Sadri Khiari, estos conflictos no se presentan oficialmente como conflictos raciales, ni como conflictos atravesado por relaciones de poder. Así ocurre en el caso de los chavales que migran de forma autónoma: su existencia, las violencias que les envuelven, y la maquinaria ideológica que las sustentan se presentan al margen de la racialización y del poder.

Ante la posibilidad de descartar este planteamiento por considerarse maniqueo; por no saber distinguir entre “grados de fascismo” – que es el lenguaje que ocupa los debates mayoritarios- es necesario un análisis “otro”, un ejercicio de pedagogía política radical que cambie las coordenadas de la conversación y el lugar desde donde se plantea. Esto es necesario, pues la materialidad de la violencia es real, no simbólica ni filosófica; real en el sentido de tangible y que afecta a cuerpos concretos y pretende delimitar posibilidades de existencia basándose en un orden racial.Es decir,

es necesario comprender que las violencias derivadas de un orden racial se sostienen porque el contrato social está definido en coordenadas raciales. “Lo social” está pensado –y hecho- para “la sociedad”, “la ciudadanía”; que no es lo mismo que la totalidad de las personas que viven en un territorio demarcado por los límites del Estado.

Este pacto social es en realidad, como dice Charles Mills (1997), un contrato racial y tiene sustrato económico, político y social. Está pensado de manera que a las personas que tienen formas de existencia que ponen en jaque a ese orden, se las pueda quitar de en medio en caso de que sea necesario. Los niños marroquíes, al moverse de forma contraria al orden establecido, no pueden ser considerados de otra manera que intrusos en este orden social, económico y político. Y siempre fueron considerados así, porque jamás la democracia, ni la protección ciudadana, ni los derechos de la infancia estuvieron pensados para ellos; todas estas consideraciones son también raciales.

Este planteamiento descarta inevitablemente consideraciones que partan de “el fallo del sistema”, “las dificultades de la administración para hacer frente a”, “herramientas para la inclusión”, o cualquier otra propuesta programática que no asuma la existencia de un Estado racial preestablecido.

La falsa inocencia europea y los límites de la izquierda

La izquierda progresista se ha mantenido al margen de las cuestiones que atañen a la construcción social de la raza. Lo ha hecho, por un lado, silenciándolo, mediante la apelación al conflicto “de clase”; y por otro lado, ha obviado la crítica a las formas de castigo social y penal. El problema ha radicado en gran parte en la invisibilización y la negación del orden racial del capital y en la incapacidad para abordar la matriz racial de las expresiones del (des)orden social y del sistema penal como brazo ejecutor de este (des)orden.

Por ejemplo, es bien sabido que en casi todos los países, la mayoría de la población carcelaria es de clase trabajadora y perteneciente a los márgenes de la sociedad. El 80% de los delitos perseguidos son delitos contra la propiedad. Estos delitos, desde la teoría de la criminología crítica, se explican en relación a la distribución de la riqueza y las posibilidades de promoción social en el caso de la población blanca y europea. Sin embargo, ya dado que la población carcelaria racializada o migrante está sobrerrepresentada en estas estadísticas, se obvia la variable de la criminalización racial a la hora de comprender el papel de la política penal en el mantenimiento de la relaciones de la desigualdad racial.

Según Paul Gilroy (1982), en El mito de la criminalidad negra, “en el mejor de los casos, los discursos críticos han ofrecido un análisis que relacionaba causalmente el crimen y el paro con el deterioro social y, en el peor de ellos, la discusión se ha visto envuelta por los debates sobre el Estado de derecho y el cumplimiento de la ley, y por lo tanto la (defensa de la) Nación misma”. Hasta bien entrados en el siglo XIX, y con el desarrollo del racismo biológico y el higienismo, aún se hablaba abiertamente de la degeneración racial y su tendencia criminal. A partir de entonces, aunque desapareciera el discurso sobre ‘las razas’, la explicación de la criminalidad –incluso por sectores de la izquierda- sigue siendo explicada a través de aquellas ideas gestadas sobre la idea de raza, pero envuelta en retórica culturalista. En este sentido, Gilroy apunta “que las imágenes de violencia personificadas a través del inmigrante ilegal, se han convertido en rédito político importante para políticos y policías, cuya autoridad se ve socavada por las fluctuaciones políticas de la crisis”. Bajo este discurso, se señala que la diferencia entre la clase trabajadora y los inmigrantes indeseados se expresa claramente en “la cultura de criminalidad e incapacidad innata de estos últimos para hacer frente a ese logro más elevado de la civilización moderna: el Estado de derecho”.

No es casual que los conflictos con mayor complejidad y fractura social cristalicen en temas como la delincuencia y la criminalidad, pues es aquí donde radica el corazón de la bestia moderna. Sería una muerte política que la izquierda y la “clase trabajadora” europea, española o catalana reconocieran que forman parte del pacto racial con sus enemigos políticos declarados. Sin embargo, sería una muerte necesaria para pensar posibles caminos hacia la justicia social y racial.

Esto implicaría reconfigurar la forma en que (nos) pensamos y comprendemos el (des)orden que nos rodea. Implicaría (re)pensar las estrategias de transformación radical y el orden de prioridades. Seria inevitable tener que (re)plantearnos las construcciones sobre lo político, tanto desde las (inter)subjetividades sociales como desde la configuración de las organizaciones.

Solo un punto de partida donde se confronte toda expresión que renueve y perpetúe viejas formas de racismo será útil; y aquí entonces es primordial entender entonces que pensar que el racismo se encuentra en el seno de los espectros políticos que se han constituido como centro-derecha-extrema solo porque su expresión sea más visible para “la sociedad”, es seguir manteniéndolo vivo; aunque se oculte bajo tierra.