Derecho a la vivienda
“Hemos ganado”: nadie volverá a especular con las casas de Pons i Gallarza

El 6 de junio, el Ayuntamiento de Barcelona compraba a la sociedad Vermonta SL por 745.000 euros ocho casas en la calle Pons i Gallarza, en el casco antiguo del barrio de Sant Andreu. Detrás de esta noticia anodina se esconde la historia de una lucha por la vivienda con final feliz y un experimento innovador en la capital catalana.

El barrio de Sant Andreu, alejado de las principales rutas turísticas, empezó a llamar la atención de los inversores inmobiliarios hace unos años. Las calles empedradas y las casas bajas de la parte vieja, como las de Pons i Gallarza, comenzaron desde 2017 a sentir la presión especulativa.

“De golpe te encuentras que llaman a la puerta los que se presentan como los nuevos propietarios y te invitan a irte. En ese momento se te viene todo encima", relataba uno de los vecinos en 2018

Los vecinos de ocho casas de la calle Pons i Gallarza, de 150 años de antigüedad, vivían de alquiler. Cuando la propietaria murió, un entramado de empresas de Vic llamado Vermonta SL las compró para reformarlas y venderlas, según contaba uno de los vecinos en un vídeo de 2018. Algo que conllevaba, por supuesto, dejarlos a todos en la calle. “De golpe te encuentras que llaman a la puerta los que se presentan como los nuevos propietarios y te invitan a irte. En ese momento se te viene todo encima. Te sientes solo y te angustia mucho. Empezamos a movernos, pensamos con el resto de los vecinos que lo mejor era decirlo en voz alta y que de aquí no nos vamos”, continuaba este vecino.

El portavoz del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Jaime Palomera, califica de “histórico” el desenlace de la lucha de tres años de esta comunidad frente a los intereses inmobiliarios. “Cuando empezamos la campaña de insumisión a los alquileres abusivos y las expulsiones, a mucha gente le pareció un brindis al sol”, cuenta Palomera en un hilo de Twitter, pero hubo personas, como la comunidad Pons i Gallarza, “que se lo tomaron muy en serio: defenderían sus casas como fuera”.

“La tenacidad y el coraje” de esta comunidad de vecinos, resume Jaime Palomera, del Sindicat de Llogaters, “han conseguido lo que algunos creyeron imposible"

Para este activista y experto en vivienda, esta comunidad que adoptó el lema de “No marxem” [No nos iremos] “es un compendio de todo lo que hay hacer”. En primer lugar, enumera, organizarse con los vecinos, luego con el barrio —en el Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu— y luego con el Sindicato de Inquilinos de Catalunya para, finalmente “luchar e impulsar una negociación colectiva” con el propietario.

“La tenacidad y el coraje” de esta comunidad de vecinos, resume Palomera, “han conseguido lo que algunos creyeron imposible: los especuladores han decidido desentenderse de las casas, y el Ayuntamiento ha podido adquirirlas a un precio muy asumible”.

Masovería urbana

La compra por 745.000 euros por parte del Ayuntamiento de Ada Colau de estas ocho casas —siete viviendas y un local— ha supuesto una enorme victoria para las familias de la comunidad de No Marxen, que podrán seguir viviendo en ellas con un alquiler social.

Pero también esta lucha ha dado pie a un experimento innovador en la ciudad. El Ayuntamiento ha adquirido estas viviendas a un precio sensiblemente inferior al del mercado ejerciendo el derecho al tanteo y retracto, y las ha incorporado al parque público de vivienda como parte del primer proyecto en la ciudad que combina el alquiler social y la llamada masovería urbana, una posibilidad recogida en la normativa desde 2007, pero apenas utilizada, que permitirá a estos inquilinos pagar alquileres asequibles a cambio de hacerse cargo de parte de la rehabilitación de las viviendas.

La compra por 745.000 euros por parte del Ayuntamiento de Ada Colau de estas ocho casas ha supuesto una enorme victoria para las familias de la comunidad de No Marxen, que podrán seguir habitándolas con un alquiler social

En una primera fase, el consistorio correrá con los gastos de adaptar las viviendas a la normativa. En total, el Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación dedicará 290.000 euros a la impermeabilización y al aislamiento térmico de estas casas. En una segunda fase, los inquilinos abonarán un alquiler simbólico, pero la reforma del interior de los domicilios correrá por su cuenta. Finalmente, cuando la rehabilitación del interior esté terminada, el consistorio les volverá a cobrar el precio que fija el parque público de vivienda.

La comunidad No Marxen ha recibido la noticia como una gran victoria: “Hemos ganado. Nuestras casas no volverán a ser objeto de la especulación”.