Sanidad pública
Sanidad Pública en Extremadura: luchar contra la desigualdad

Las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSPs) surgen en los primeros años ochenta para defender un sistema sanitario participativo de financiación, gestión y provisión pública. Son los años de debate de la Ley General de Sanidad que se aprueba en 1986. Aunque define el sistema sanitario como esencialmente público,  mantiene la posibilidad de establecer conciertos con la sanidad privada. El mantenimiento de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, ISFAS y MUGEJU), con la opción de elegir la atención privada, es otra muestra de la falta de voluntad política de los dos partidos mayoritarios de avanzar hacia la equidad. Inmediatamente después de la aprobación de la Ley comienza a trabajarse en una estrategia privatizadora. El informe Abril aprobado, en 1991 con el apoyo del PSOE y el PP, es un manual de instrucciones para avanzar en esa dirección. La Ley 15/1997 consolida sus acuerdos abriendo la puerta a la gestión privada de los servicios sanitarios públicos.

En Extremadura, las reivindicaciones de la ADSP integradas en la Federaciones de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) coinciden con las de toda España en la defensa de lo público como respuesta a las necesidades sanitarias de la población. En las Jornadas de Debate Sanitario que se celebraron en Jarandilla a partir de 1986 se analizaban los principales problemas de nuestra sanidad y se proponían soluciones. En 1989 organizamos en Cáceres las Jornadas Estatales de la FADSP que titulamos “Desigualdades Sanitarias”. Superar la importante brecha que separaba nuestra Sanidad de la de otras CCAA era el elemento que nos diferenciaba. En la lucha hacia ese objetivo, para muchos utópico, podemos distinguir 4 etapas.

Convocada una manifestación regional por la sanidad pública para el 22 de abril en Mérida

Redacción El Salto Extremadura

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Sanidad pública Convocada una manifestación regional por la sanidad pública para el 22 de abril en Mérida

Redacción El Salto Extremadura

Extremadura por la sanidad pública ha convocado una “gran movilización regional” para defender una sanidad pública, universal y de calidad en la región.

En una primera etapa, antes de las transferencias sanitarias, en Extremadura existían importantes carencias. Una dotación muy baja de camas hospitalarias con dificultades de acceso a los servicios especializados por las grandes distancias a centros de referencia. Déficit de muchas especialidades que hace necesario que muchos pacientes tengan que ser atendidos en otras comunidades. Es la última Comunidad en unidades docentes acreditadas para formar a médicos especialistas. La atención primaria trabaja en condiciones de aislamiento y precariedad. Las primeras reivindicaciones de hospitales comarcales, servicios regionales y centros de salud son sistemáticamente desatendidas. Estábamos convencidos de que la llegada de las transferencias sanitarias transformaría esa realidad.

Las transferencias sanitarias marcan el inicio de la segunda etapa. En 2002 la toma de decisiones se traslada a la comunidad autónoma. El Sistema de Financiación Autonómica aprobado un año antes hace posible que el presupuesto destinado a sanidad se incremente significativamente. De un gasto sanitario equivalente a 1000 millones de euros en 1999 se pasa a 1200 millones en 2002. El presupuesto sigue creciendo año tras año, permitiendo la construcción de hospitales comarcales (Talarrubias, Tierra de Barros) y la adquisición del hospital de Zafra, que era propiedad de la empresa privada Pascual. El desarrollo de servicios regionales (Neurocirugía, Cirugía cardiaca, Transplantes) hace disminuir el número de ciudadanos que tienen que salir de la comunidad. Se extiende y desarrolla el nuevo modelo de atención primaria y un sistema de emergencias cubre todo el territorio. También aumentan las unidades acreditadas para la formación de especialistas. En 2009 el presupuesto sanitario supera los 1700 millones de euros y la FADSP en su informe anual sitúa al Servicio Extremeño de Salud entre los 3 mejores servicios sanitarios de las CCAA.

El gasto sanitario público (GSP) en Extremadura se distribuye en varios capítulos. Los dos más importantes son el gasto en personal, que supone algo menos del 50% y el gasto farmacéutico que en 2021 se acerca al 30%

El punto de inflexión que marca el inicio de la tercera etapa coincide con la crisis económica. A partir de 2010 se produce una reducción brutal del presupuesto sanitario. En un periodo de 5 años pasa de 1658 a 1153 euros por habitante y año. Aunque se produce una situación similar en todas las comunidades autónomas, Extremadura es la que registra la mayor reducción porcentual, al aproximarse al 30%. El recorte no es igual para todos los capítulos de gasto. Mientras la reducción del gasto en personal es el más alto de todas las CCAA, las presiones ejercidas por los lobbys de la sanidad privada agrupados en IDIS consiguen mantener e incluso aumentar el gasto en farmacia, en innovación tecnológica y en provisión privada. La reducción de gasto en personal se consolida en los años posteriores con un debilitamiento progresivo del sistema sanitario público.

La cuarta etapa se inicia con llegada de la pandemia. Supone una sobrecarga asistencial que recae exclusivamente en un sistema sanitario público debilitado por los recortes de la década anterior. Todos los pacientes que requieren atención en cuidados intensivos son hospitalizados en centros públicos. La atención primaria pública asume la atención domiciliaria y la campaña de vacunación. Incluso en la atención a los funcionarios que optan por la sanidad privada, la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS que establece que “las mutualidades tendrán que garantizar el contenido de la cartera de servicios del SNS exceptuando las acciones generales de protección y promoción de la salud relacionadas con la prevención y abordaje de las epidemias y catástrofes”, permite a la sanidad privada mantenerse al margen en la atención a la pandemia.

Cientos de personas se concentran en defensa de la sanidad pública en Extremadura

Redacción El Salto Extremadura

Sanidad pública

Servicios públicos Cientos de personas se concentran en defensa de la sanidad pública en Extremadura

Redacción El Salto Extremadura

Respondiendo a la llamada de ‘Extremadura por la Sanidad Pública’ cientos de personas se sumaron, en distintos puntos de la región, a las movilizaciones frente al deterioro y privatización paulatina de la sanidad pública.

La Comisión de Reconstrucción constituida en el Congreso en Junio de 2020 recomendó “Aumentar con carácter general las plantillas de la sanidad pública hasta situarnos en la media de médicos/as y enfermeros/as por habitante de los países desarrollados. Se debe llevar a cabo una planificación a medio plazo sobre las necesidades de profesionales en Atención Primaria basadas en indicadores de la población (envejecimiento, ruralidad, vulnerabilidad social y económica, dispersión, etc.)”. Era perfectamente previsible la sobrecarga del sistema sanitario público que se produciría tras superar la prueba de stress que había supuesto la pandemia. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones que consideraban prioritario el aumento de plantillas, la estructura de gasto se ha mantenido sin cambios.

La reducción del gasto en personal sanitario favorece la privatización del sistema. De forma directa, pues el aumento de las partidas destinadas provisión privada (externalizaciones, gasto farmacéutico) reducen las posibilidades de incrementar el gasto en provisión pública

El gasto sanitario público (GSP) en Extremadura se distribuye en varios capítulos. Los dos más importantes son el gasto en personal, que supone algo menos del 50% y el gasto farmacéutico que en 2021 se acerca al 30% (recetas 18.5% + farmacia hospitalaria 10.5%). Las CCAA con mayor gasto sanitario público (País Vasco y Navarra) son también las que tienen un menor gasto sanitario en recetas (11.7 y 11.8% de GSP) y mayor porcentaje de gasto gasto en personal (52.4 y 53.7% del GSP). En Extremadura, equiparar la distribución de gasto sanitario público al de estas CCAA supondría la posibilidad de un incremento presupuestario en personal que permitirá la contratación de 2000 a 3000 trabajadores públicos.

La reducción del gasto en personal sanitario favorece la privatización del sistema. De forma directa, pues el aumento de las partidas destinadas provisión privada (externalizaciones, gasto farmacéutico) reducen las posibilidades de incrementar el gasto en provisión pública. De forma indirecta, pues la reducción de personal lleva a un incremento de las listas de espera para consultas, pruebas diagnósticas y cirugías y a una reducción del tiempo de consulta. La insatisfacción creciente de los ciudadanos con la atención en la sanidad pública lleva a un incremento del aseguramiento privado, el gran beneficiario de la crisis, al que además se le permite seleccionar riesgos derivando las patologías graves al sistema público y también excluir a los colectivos más vulnerables.

A la disminución de oferta pública derivada de las carencias y precariedad del personal sanitario se añade la capacidad de aumentar la demanda por profesionales que compatibilizan su actividad en el sistema público con su actividad privada, beneficiándose del excedente que crean en la demanda pública. Otra de las claves de la situación actual es la penetración de los Lobbis de la Sanidad privada en la formación de profesionales y en las sociedades científicas que deciden la incorporación de la innovación tecnológica al sistema. En una sanidad pública colapsada, saturada de información, con poco tiempo para la atención al paciente y para la reflexión, las propuestas de uso racional del medicamento y de análisis crítico de la aportación real de la innovación son imposibles de aplicar.

Extremadura, por sus características demográficas y su alta dependencia del sistema público, volverá a ser una de las CCAA más perjudicada por la reaparición de la brecha de la desigualdad

Revertir esta situación exige aumentar el gasto sanitario público para equipararse al gasto de los países europeos de nuestro entorno (2568 € por habitante en la UE-15), destinar a gastos de personal por encima del 50% de ese gasto, aproximarse a un 25% de gasto sanitario destinado a Atención Primaria, implementar planes de formación de sus profesionales independientes de las industrias proveedoras. Sólo así podrá evitarse un incremento de la desigualdad que camine hacia un sistema dual en el que los ciudadanos y territorios de mayor renta opten por la sanidad privada y ciudadanos y territorios más vulnerables sean atendidos por una sanidad pública debilitada.

Extremadura, por sus características demográficas y su alta dependencia del sistema público, volverá a ser una de las CCAA más perjudicada por la reaparición de la brecha de la desigualdad. La gran diferencia entre la situación que denunciábamos los profesionales sanitarios en los años 80 era que entonces los ciudadanos creían que la realidad no era modificable y ahora, en cambio, saben que políticas presupuestarias comprometidas con lo público pueden lograr recuperar un sistema sanitario público que llegó a ser modélico antes de que los lobbys de la Sanidad privada consiguieran seducir a los gestores de la sanidad pública. Por eso es imprescindible la movilización ciudadana que impulsamos desde “Extremadura por la Sanidad Pública”.