Rusia
Resistencia feminista antimilitarista contra la guerra de Putin

El 8 de marzo en Rusia no tiene el componente reivindicativo que tiene en el resto de Europa, es el “día de la primavera y la belleza”. Es habitual que los hombres regalen flores a las mujeres. Pero este 8 de marzo ha sido distinto. Muchas mujeres trataron de llevar sus rosas y flores a los monumentos de las víctimas de guerra. En Moscú, fueron a depositarlas en la estatua de la poeta ucraniana Lesia Ukrainka y cerca de la estación de metro Kievskaya. También a la tumba del soldado desconocido, pero no se les permitió.

Después de varias décadas sin una convocatoria de huelga general, el movimiento de resistencia feminista antimilitarista —que no existe formalmente y trabaja desde el principio de autonomía y autoorganización— ha comenzado a mover una convocatoria de sabotaje y huelga, que aun no tiene fecha. Así se explicaba en un mensaje del canal Femagainstwar:

Hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que realicen un sabotaje general. Cualquier trabajo puede ser saboteado. Las oficinas de reclutamiento militar pueden perder los archivos de los reclutas. Las comisarías pueden olvidarse de presentar informes sobre los detenidos. Los bancos pueden cometer errores y retrasarse en los pagos, alguien puede retrasar la entrega de alimentos o mercancías. Los empleados de los organismos públicos pueden enfermar repentinamente de covid y no presentarse a trabajar. Los ciudadanos pueden dejar de pagar las facturas de los servicios públicos en masa o retrasar el pago. Incluso puede tener lugar un colapso del transporte en las grandes ciudades —los conductores no van a trabajar, los semáforos fallan— será un acontecimiento muy visible para la gente y creará un sentimiento de rechazo masivo a la guerra.

Pero la situación del activismo ha cambiado radicalmente desde el 5 de marzo, haciendo mucho más peligrosa la movilización a causa de las leyes introducidas por la Duma. Las nuevas normas introducen multas de hasta un millón de rublos y penas de hasta 15 años de cárcel por “la difusión de información falsa sobre las Fuerzas Armadas” y otros actos antipatrióticos. “Muchas mujeres fueron detenidas antes de las protestas del día 8”, explica Alona Malakhaeva a El Salto. Ella se refugió en España hace años pero mantiene el contacto diario con personas en su país natal, Rusia. En los últimos días se multiplica para cubrir las protestas y las necesidades de sus contactos.

Los testimonios refieren que es cada vez más frecuente que la policía obligue a los transeúntes a mostrar los mensajes de sus teléfonos móviles

Alona comenta consternada uno de los últimos casos a los que las activistas contra la guerra están dando difusión. Se trata de las torturas denunciadas por Aleksandra Kalúzhskikh y cometidas por policías de la comisaría de policía de Brateevo, en Moscú. La propia víctima ha dado permiso para la divulgación de un audio en el que se escuchan diez minutos de golpes, amenazas e insultos por parte de la policía, así como la respuesta de Kalúzhskikh remitiéndose en todo momento al artículo 51 de la Constitución rusa, que garantiza el derecho a no testificar contra uno mismo o contra sus familiares. 

Incremento de la censura

Desde la aprobación del artículo 207.3 sobre las “noticias falsas” se ha incrementado el flujo de quienes salen del país. La ley fue aprobada el 4 pero no fue hasta la madrugada del sábado 5 cuando fue publicada, unas horas antes de las mayores manifestaciones registradas hasta la fecha, el 6 de marzo. La falta de información sobre esas normas es, a juicio de Alona, un elemento más de coerción sobre la población, que durante un periodo de tiempo no ha sabido a qué atenerse y que, en cuestión de una semana, ha visto la entrada en vigor de un sistema que anula “toda la fachada democrática del país”.

“Las personas detenidas durante las manifestaciones”, explica Alona, “o por publicar en sus redes sociales, no están viendo respetados sus derechos como detenidas”. Los juicios, dice esta traductora y activista, están “volando” y en muchos casos las defensas (abogados y abogados) no están pudiendo entrar en las salas donde se celebran. 

Esta activista también da cuenta de las dificultades para la organización en determinadas ciudades. Mientras que en Moscú y San Petersburgo hay una red de movimientos de derechos humanos y abogadas con experiencia en la lucha contra la represión de Estado, en otras ciudades del interior “puede ser una cuestión de seguridad” la no movilización pública. Chechenia, explica, es un caso aparte “una dictadura dentro de una dictadura”. 

OVD info es la fuente principal para contabilizar el impacto que está teniendo la represión interna por parte del Kremlin. El último reporte dice que 13.022 personas han sido detenidas en 147 ciudades del país por protestar contra la guerra. El 7 de marzo, este portal de derechos humanos publicaba que más de 150 periodistas han abandonado Rusia por la censura y el bloqueo de medios aprobado en una serie de medidas “de shock” que están desarbolando a la oposición a Putin.

“Estamos empezando a tener más contactos con personas que se han exiliado a Georgia o Finlandia”, explica esta activista

Los medios de comunicación están siendo censurados o, directamente, cerrados, ya no funciona Facebook para el conjunto de la población  —sí para quienes controlan la herramienta tor o se conectan por VPN— y las nuevas leyes aprobadas por el Gobierno de Vladimir Putin han borrado las líneas de la libertad de expresión hasta hacer de cualquier manifestación en contra de la guerra un posible delito contra la seguridad nacional. También el acceso a Youtube está limitado, y la propaganda en los medios de comunicación rusos, sobre todo en la televisión, ha formado una mayoría silenciosa que hasta ahora no cuestiona los motivos de la invasión.

En las calles, sin embargo, la pura propaganda no funciona por sí sola: los testimonios refieren que es cada vez más frecuente que la policía obligue a los transeúntes a mostrar los mensajes de sus teléfonos móviles. “Está siendo complicado contactar con personas en Rusia porque literalmente no pueden hablar; estamos empezando a tener más contactos con personas que se han exiliado a Georgia o Finlandia”, explica esta activista.

Alona refiere que los medios de comunicación libran una batalla contra la censura que no está exenta de correcciones dictadas por la censura. Un ejemplo es Novaya Gazeta, que ha tenido que modificar aspectos de su línea editorial para seguir operando en Rusia. “No sabemos cuánto van a durar otras páginas”, dice esta militante, que también sigue la actualidad de su país en los canales de Telegram de OVD Info y el medio de comunicación independiente Meduza.

La peor noticia para el activismo ruso es que esto acaba de empezar y parece un camino irreversible: “Si Putin no tiene que cuidar su imagen como presidente de un país democrático puede elegir el camino de Irán o de Corea del Norte: no importa lo que pase en el Tribunal de La Haya, es una vía que no tiene vuelta atrás”, concluye Alona.