Pobreza
La mitad de la población llegó a la crisis del covid19 sin recursos suficientes para afrontar imprevistos

Ayer 14 de octubre, como cada año, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) presentaba su informe anual. A falta de la fotografía de un año como este, que todos prevén muy preocupante, el estudio, el décimo de esta serie, firmado una vez más por el sociólogo Juan Carlos Llanos, aporta la información de 2019: el años pasado ya el 25,3% de la población estaba en riesgo de exclusión social y/o pobreza y un 49,3% tenía algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes.

La fractura territorial entre el Norte y el Sur, las dificultades económicas aparejadas a tener hijos, principalmente en las famlias monomarentales, la persistente pobreza infantil, el mayor empobrecimiento de una población ya pobre creciente, la existencia de una bolsa estable de trabajadores pobres, o las grandes diferencias de género, son los principales componentes del panorama ya complejo con el que la población llegó a la crisis sin precedentes que le deparaba el 2020. Con 11,8 millones de personas pobres y un 27,5% de pobreza infantil, frente a los 9,2 millones que se marcaba como objetivo en la estrategia para la erradicación de la pobreza 2020, y el 23,81 de pobreza infantil, se puede afirmar que la lucha contra el empobrecimiento y la precariedad vital de gran parte de las personas que viven en el país, no está siendo eficaz.

“Subir la pobreza es muy fácil, cualquier crisis la sube porque la gente vive al límite, pero cuando se solucionan las cosas a las personas más pobres les llega la recuperación más tarde, si es que les llega”

Apoyado por un gráfico que mostraba el divorcio entre la evolución de un PIB ascendente tras la crisis del 2008 y la disminución de la pobreza, una línea mucha más horizontal y modesta, el presidente de EAPN-ES, Carlos Susías, explicaba ayer a las y los periodistas congregados en rueda de prensa que: “subir la pobreza es muy fácil, cualquier crisis la sube porque la gente vive al límite, pero cuando se solucionan las cosas a las personas más pobres les llega la recuperación más tarde, si es que les llega”.

Otro gráfico evidenciaba una nueva distancia: a una caída del desempleo de 10 puntos desde los días álgidos de la crisis, solo le ha respondido una caída de dos puntos de la pobreza. “¿Cuánto tiene entonces que bajar el paro para acabar con la probreza?”, se preguntaba Susías, para concluir que, pese a lo que muchos señalan, “el empleo no es la mejor política social” como demuestran el 13% de trabajadores pobres. “Empleo y buenas condiciones laborales”, reivindicaba.

Una de las desigualdades más fehacientes que muestra el informe es la territorial, si nos fijamos en las cifras, el Estado se ve desgajado en dos territorios bien distantes. “Hay una mitad que se situa más o menos en la media europea, o incluso mejor que algunos estados y luego otra mitad que está en una situación que iguala a los países con peores datos”, apunta Graciela Malgesini en conversación con el Salto. La responsable de Asuntos Europeos e Incidencia Política de EAPN-ES, esxplica que España ocupa el séptimo lugar en el ranking de estados europeos en términos de pobreza.

De hecho, expone, la tendencia al empeoramiento no es general en la Europa comunitaria habiendo países que han conquistado los objetivos incluso viniendo de malos datos. “Una de las razones por las que Europa tiene 16 millones de pobres es porque países como España aportan más personas en situación de pobreza que lo que representan como población, en nuestro caso la población supone algo más del 9% , pero en cuanto personas en situación de pobreza, las españolas suponen casi el 11% del total”.

FRACTURA TERRITORIAL

“La política neoliberal que se está haciendo tiene una repercusión social y territorial, incrementa la fractura territorial”, opina Manolo Cañada, activista de la Marea Básica que destaca las cifras de su comunidad autónoma. “Es reseñable que Extremadura y Andalucía tengan 12.5 puntos más de pobreza que la media del Estado”, destaca este conocido integrante del Campamento Dignidad.

Extremadura precisamente es señalada como paradigma de que el crecimiento del PIB no se traduce en un impacto sobre la pobreza, de hecho esta se ha incrementado. Cañada cree que es necesario analizar el PIB de cerca para entender esta aparente paradoja. “Ves que aunque a nivel estatal la energía representa por ejemplo el 3,3% del PIB, en Extremadura representa el 6,2%, el sector agrario en España representa el 2,6% en Extremadura representa el 8,1%, tiene mucho que ver precisamente con eso, con que una parte muy importante de ese crecimiento tiene que ver con la extracción de materias primas y energía de una comunidad como esta que cumple una función de libro de colonia interna dentro del estado”, valora.

A la desigualdad territorial también contribuye la diversidad en la inversión social por parte de las Comunidades Autónomas, responsables, de las políticas de inclusión social y de empleo, competencias que tienen transferidas

A la desigualdad territorial también contribuye la diversidad en la inversión social por parte de las Comunidades Autónomas, responsables, recuerda Malgesini, de las políticas de inclusión social y de empleo, competencias que tienen transferidas. La desinversión de algunos gobiernos autonómicos en rentas mínimas como respuesta a la implementación del ingreso mínimo vital, es, para EAPN-ES, algo inadmisible. En Extremadura la desinversión, alerta Cañada, viene de antes.

En 2015- 2016 unas 12.000 personas percibían la renta autonómica contra la pobreza, que primero se llamó renta básica de inserción y actualmente renta garantizada, “ahora no llegan a 6.000 personas quienes la reciben”, la inversión ha pasado de 48 millones en 2016 a seis millones menos ahora, que ni siquiera se llegan a gastar. Lo comprometido entre PSOE y Podemos tras la lucha por la Renta básica que dio el Campamento Dignidad en su momento, 86 millones, un 0.5% del PIB, nunca llegó a materializarse. “Ahora ni se gastan lo presupuestado, pues hay la mitad de perceptores que había en 2016, esa es la situación en la que estamos”, denuncia Cañada, una situación que cree que incide en ese aumento de la pobreza en la región.

A este panorama se añade lo ya señalado por Malgesini respecto a la actitud de las comunidades autónomas ante la llegada del ingreso mínimo vital, con gobiernos como el madrileño, deteniendo prácticamente la tramitación de sus rentas mínimas. Cañada señala que lo mismo está pasando en Extremadura.

El activista de Marea Báscia califica como “fraude” el ingreso mínimo vital y lamenta que no haya sido posible reunirse con la vicepresidencia de Derechos Sociales, por más que desde los movimientos sociales que llevan tiempo reclamando una renta básica, se les haya solicitado. “Ahora tenemos un panorama dificilísimo, tenemos  una derecha y una extrema derecha que practica la aporofobia, con toda la propaganda esa cainita de la paguita y todo ese rollo. Unos practican el odio pero los otros practican la indiferencia, la actitud del gobierno es impresentable, la gente no come ni banderas ni propaganda”.

Empleo

Casi uno de cada dos personas en desempleo están en riesgo de exclusión, un hecho que mostraría la insuficiencia del sistema de protección social. De esto sabe la Asociación de Víctimas del Paro que lleva desde 2013 batallando para que las personas desempleadas no se queden totalmente desprotegidas, un colectivo, el de las personas desempleadas, que esta crisis aumentará significativamente. Para Joaquín García, presidente de la asociación, sería urgente que el estado armase un programa de empleo, para que la gente pudiese tener acceso a una actividad y un salario y además generar riqueza para el país.

“Hay que mejorar la cuestión de los salarios a tiempo parcial, subir el salario mínimo, para que los trabajadores salgan de la pobreza, subir las pensiones, es decir: inyectar más dinero a la gente”

Desde la Asociación de Víctimas del Paro ya han hecho una propuesta en este sentido y pujan porque se les escuche en el Ministerio, “no se ve que haya esa voluntad de hacerlo, se da por hecho que va a subir el paro”, lamenta García tras mencionar muchas de las actividades que podrían realizarse, desde la limpieza de bosques, parques y playas, a la elaboración de mascarillas y medicamentos. A la par de este plan de empleo “hay que mejorar la cuestión de los salarios a tiempo parcial, subir el salario mínimo, para que los trabajadores salgan de la pobreza, subir las pensiones, es decir: inyectar más dinero a la gente”, valora.

Desigualdad dentro de la pobreza

La pobreza y el riesgo de exclusión social afecta particularmente a las mujeres que junto a los colectivos racializados son quienes más se habrían visto afectadas por el proceso de precarización. Malgesini recuerda que:  “las mujeres estamos sobrerrepresentadas entre quienes cobran un salario mínimo y trabajamos en el servicio doméstico, tambien tenemos menores tasas de actividad, más jornadas a tiempo parcial  y más desempleo, además nos topamos con una tasa mayor de privación material”.  

Si del eje género pasamos al eje edad, nos encontramos con una constante que lleva arrastrando la sociedad española, la pobreza infantil, que es del 27,4%. Tener niños vuelve a ser un motivo de exclusión social. La carencia de ayudas por hijos a cargo, siendo España uno de los únicos cinco países que carecen de estas prestaciones en Europa, lastran la posibilidad de disminuir estas cifras y de combatir la herencia de la pobreza.

Dadas las dos circunstancias mencionadas, peores tasas de todo para las mujeres y dificultad de mantener menores, las familias monoparentales, de las que el 85% están encabezadas por mujeres, siguen siendo el paradigma donde coadyuban una serie de deficiencias que hacen la vida de estas familias más complicadas, estando dos veces más expuestas a la pobreza y exclusión social que el resto: un mercado laboral precario, bajos salarios, e insuficiencia de ayudas y limitaciones del sistema de cuidados.

Para Carmen Flores, de la FAMS, federación que aglutina asociaciones de familias monomarentales en todo el territorio, una prestación sería necesaria, pero la cuestión no se acabaría ahí. “Sin un sistema de corresponsabilidad, sin flexibilidad laboral, las mujeres siguen sin llegar, lo que necesitamos es una buena red pública de cuidados para poder optar a oportunidades de trabajo, junto a una mayor flexibilidad laboral”.

Flores se remite a la situación que sufren muchas mujeres solas con hijos a cargo:  “muchas tienen que renunciar a trabajos, o puestos que les permitan promocionarse profesionalmente o que les permitan subsisitir. Es difícil que esto deje de ocurrir si no se ponen medidas de flexibilidad horaria. Por otro lado, tenemos un amplio porcentaje de mujeres que se dedican al sector de servicios, que son incompatible con los cuidados que son esenciales no se corresponsabilizan desde lo público. Esto genera un impacto en nuestras familias que no se resuelve solo con prestaciones”.

Si al cuidado de menores y ser el único salario que entra en la casa le sumamos la falta de papeles, el grado de exposición  a la pobreza y exclusión se amplifica, es el caso de las madres solas en situación administrativa irregular: “Las que han tenido la suerte de encontrar trabajos son como empleadas de hogar con las peores condiciones laborales y salariales, eso hace que realmente lo estén pasando muy mal, su regularización sería una cuestión de derechos humanos”. 

En esta misma necesidad de regularizar insistía Carlos Susía ante los periodistas que seguían ayer la presentación del informe. “Si no van a hacer nada con las personas en situación irregular, pues que regularicen, que las regularicen para que puedan trabajar o acceder a ayudas”, insistía el presidente de EAPN. Esta demanda conecta con los intentos de la plataforma RegularizaciónYa tanto de incluir a las personas migrantes en situación irregular como posibles perceptoras del ingreso mínimo vital, junto a la presentación, de la mano de la Coordinadora Obrim Fronteras, de una PNL para la regularización extraordinaria e incondicional de las 600.000 personas que residen irregularmente en el país, según las cifras que manejaba este movimiento.

vivienda y servicios sociales

Desde la EAPN insisten en la necesidad de una proteccion  social fuerte y de la voluntad política para financiarla y ponerla en el centro. Si bien celebran la implementacion del ingreso mínimo vital y creen en su potencial y que podrá irse afinando en el trámite de la ley, recuerdan que esta es la única medida de la estrategia contra la pobreza puesta en práctica. Por lo que es mucho lo que quedaría por hacer. 

“Lo que estamos viendo es que falta más voluntad política para erradicar la pobreza y aumentar la inversión social con metas claras, transparencia, con rendición de cuentas y evaluación del impacto. Falta, esa intención política no está”, valora Malgesini. “Qué necesitamos: reformas del sistema de empleo para que los hogares cuenten con ingresos seguros y dignos, que el empleo tenga calidad y que situe a las personas por encima del umbral de la pobreza, y luego un ingreso mínimo vital que sea accesible para todas las personas que no pueden integrarse en el mercado laboral, que sea adecuado, que sea inclusivo y pensiones mínimas que garanticen el bienestar de las personas mayores y con discapacidad.

“Necesitamos un boom de vivienda social. Si tú dedicas más de 30%  de tu salario a un piso —como está sucediendo ahora que de dos personas o una familia uno de los adultos dedica casi enteramente su ingreso a pagar una vivienda—, eso es desorbitado”

Para esta integrante de la EAPN la sanidad “debe poder enfrentar los retos pandémicos y también los cuidados a largo plazo de una socieedad envejecida” algo de lo que no se está hablando. “Según el Informe del Observatorio estatal de la Dependencia, se mueren 106 personas al día, el año pasado fueron 16.000, que están en situación de dependencia con derecho a recibir prestación o atención. Y no la reciben, no reciben ningún tipo de cuidado y esto es una tragedia inmensa”. También, alerta, la falta de programas gratuitos de salud mental y salud dental suponen un gran déficit para el sistema. 

Por último la vivienda. “Necesitamos un boom de vivienda social”, dice Malgesini. “Si tú dedicas más de 30%  de tu salario a un piso —como está sucediendo ahora que de dos personas o una familia uno de los adultos dedica casi enteramente su ingreso a pagar una vivienda—, eso es desorbitado, pero esto pasa porque no hay vivienda social que reduzca el precio del mercado privado”. 

Queda un año para conocer el Informe de este 2020 y ver cómo la crisis ha afectado a las estadísticas. Por ahora los datos con los que llegamos a esta crisis histórica hablan de una pobreza y desempleo estructural, de un escenario de partida muy difícil. Desde EAPN son consciente de que a la presente crisis se la está respondiendeo de una forma distinta, hecho que valoran, y sin embargo, recuerdan que erradicar la pobreza es cuestión de voluntad política.