México
El perdón del Gobierno de Mexico a la periodista Lydia Cacho llega con 14 años de retraso

El pasado jueves 10 de enero, en un acto oficial, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad y ofreció una disculpa pública a la defensora de derechos humanos y periodista Lydia Cacho Ribeiro. Se da cumplimiento así a la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitida en julio de 2018 respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas por distintas autoridades del Estado mexicano. Un acto sin precedentes ya que es la primera disculpa que el Estado ofrece a una periodista, y la primera a partir de una sentencia internacional.

El primer mes y medio de presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha sido todo menos tranquila. El combate al millonario robo de gasolina —el huachicoleo, que merece un artículo aparte— y las audiencias públicas de consulta sobre la propuesta de conformar una Guardia Nacional bajo mando militar, aprobada este 16 de enero a última hora en el Congreso, son solo dos de los hechos urgentes que han ocupado al recién estrenado gobierno en las tres primeras semanas de 2019.

México es país de contrastes, y no lo podía ser menos la reciente administración en sus primeros días. A la par de las urgencias se han producido gestos esperanzadores que abren una amplia veda a restaurar los derechos humanos, largamente conculcados en décadas anteriores por gobiernos priistas y panistas, sobradamente conocidos por su corrupción, pero sobre todo por su incapacidad y falta de voluntad política para acabar con la impunidad.

Uno de esos primeros gestos ha sido el de la disculpa pública a Lydia Cacho Ribeiro por las violaciones a sus derechos de las que fue víctima en diciembre de 2005 perpetradas por distintas autoridades del Estado mexicano, como represalia a la publicación de su libro Los demonios del Edén. De aquel secuestro, a todas vistas político, le siguieron años de calvario judicial y de ver su vida amenazada cada día.

Una vez agotadas todas las instancias jurídicas del país, con el apoyo de Artículo 19 —organización independiente en defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información—, la periodista denunció ante la ONU al Estado mexicano por violaciones a sus derechos humanos.

Leopoldo Maldonado, presidente para México y Centroamérica de esta ONG, explica a El Salto el efecto de llevar el caso ante Naciones Unidas: “Cuando presentamos el caso ante la ONU, la comunicación individual, en octubre de 2014, de manera sorpresiva se reactiva el caso en México, y ejercen acción penal contra los dos policías como autores materiales de la tortura. Uno sigue prófugo y el otro está sentenciado a seis años de prisión desde 2017.Entonces, fue solo hasta que llevamos el recurso ante la justicia internacional que los mecanismos internos se reactivaron. A partir de la resolución final del comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es que el Estado mexicano ha reactivado las investigaciones también. En diciembre pasado se detuvo a otro policía torturador”.

La disculpa “marca un punto de partida en la relación con las defensoras de DD HH y periodistas, que siempre ha sido una relación de persecución, hostigamiento, intimidación e indolencia por parte del Estado”

A la pregunta del significado de la disculpa pública, Maldonado afirma: “Evidentemente esto marca un punto de partida, no solo en el caso de Lydia sino en la relación con las Defensoras de derechos humanos y periodistas, que siempre ha sido una relación de persecución, hostigamiento, intimidación e indolencia por parte del Estado”. Y continúa: “Para nosotras significa mucho porque allana el camino para que Lydia encuentre justicia y reparación integral, sino para que otras personas en su misma situación como defensoras o como periodistas puedan encontrar en el nuevo gobierno un lugar donde se les escuche y se actúe en consecuencia”.

El acto oficial

El momento más impactante de la ceremonia sucedió, una vez ofrecidas las disculpas por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. Antes siquiera de tomar la palabra, Lydia Cacho hizo sonar las grabaciones del “Gober precioso”, aquellas bien conocidas por la opinión pública, y que fueron cruciales para demostrar que su secuestro, tortura y encarcelamiento, tuvieron un móvil desde altas instancias políticas y económicas. “Este Gobierno tiene la responsabilidad de utilizar los próximos seis años para crear verdadero Estado de derecho. Eso no solo será posible si sus líderes en cada área del Estado asumen que deben admitir la verdad y no crear realidades alternativas y complaciente”, pronunció Cacho durante su discurso.

Subrayó a continuación: “Si las mujeres como yo nos hemos jugado la vida por atrevernos a revelar la verdad, lo menos que esperamos de quienes lideran este país, es que tengan la mitad de la valentía y ética que hemos demostrado nosotras”.

Lo que sucedió a continuación durante el acto tuvo su miga. Tomó la palabra la actual secretaria de Gobierno (ministra de Interior) Olga Sánchez Cordero, encargada de presidir el acto en nombre del gobierno mexicano. Sánchez Cordero fue la jueza del la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuyo voto en contra no permitió desagraviar en su momento —diciembre de 2007— a Lydia Cacho. Aun y con ello, y cumpliendo con su nuevas responsabilidades políticas, la secretaria tuvo palabras de compromiso: “Estaremos protegiendo a quienes con su pluma o con su voz denuncien cuando la dignidad humana esté en peligro o cuando el silencio sea cómplice de la injusticia”.

Así mismo aseguró que Gobernación no será nunca más un espacio de censura, como lo fue durante décadas bajo gobiernos anteriores: “Defenderemos que siempre se exprese la oportunidad de disentir y contrastar, y no la homogeneidad institucionalizada”. Reiteró que con el actual Gobierno se inicia una política de Estado comprometida con quienes se dedican a informar. Gesto nada baladí tomando en cuenta que México es uno de los países donde más periodistas han sido asesinados después de Afganistán, en 2018.

Karla Micheel Salas Ramírez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, abogada feminista y autora de la Sentencia del Campo Algodonero, reconoció a El Salto que “la disculpa es para Lydia Cacho pero la recibimos todas. Que esto haya sido un evento de Estado, que reconozca que se vulneraron los derechos de Lydia, que le pida un disculpa y que además actúe en consecuencia, es una forma de reivindicar a las periodistas, pero también a las víctimas y a todas aquellas personas que luchamos todos los días en nuestro país por mejorar la situación de derechos humanos”.

En referencia a la figura de la periodista, Salas Ramírez reconoce la importancia de su trabajo y trayectoria: “Lydia reúne en su persona no solo la calidad de periodista, de feminista sino de defensora de derechos humanos. Es una inspiración para todas porque ha sido congruente. A pesar de la persecución, la criminalización, de la intimidación, ella se ha mantenido firme. No ha dejado de alzar la voz, no ha dejado de escribir ni de denunciar, y no ha dejado de acompañar a otras mujeres. Lydia es una luz, una inspiración para muchas de nosotras”.

En marzo próximo, el Estado pedirá perdón a las familias de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por miembros del Ejército mexicano al confundirlos con miembros de un cartel de drogas

En los últimos años, el Gobierno mexicano solo había ofrecido disculpas en tres ocasiones: en 2012 a una mujer indígena guerrerense violada por militares; en 2015 a dos soldados que fueron discriminados en las Fuerzas Armadas por ser portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), y en 2017 a tres mujeres indígenas hñähñú que fueron encarceladas por supuestamente secuestrar a seis agentes de la Policía Federal. En marzo próximo, el Estado pedirá perdón a las familias de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por miembros del Ejército mexicano al confundirlos con miembros de un cartel de drogas.

Al Gobierno mexicano de López Obrador le queda el gran reto —porque ningún otro gobierno lo ha hecho antes— de poner en marcha todos los mecanismos del Estado para garantizar el cumplimiento de las sentencias que permitan la reparación integral de las víctimas que han visto violentados sus derechos humanos. En la medida que las instancias que garantizan y vigilan el ejercicio libre los derechos humanos se pongan a punto, podremos tener firmes esperanzas de que innumerables hechos ignominiosos que tanto han golpeado a la ciudadanía en el pasado, tengan una procuración de justicia ética y oportuna, y una reparación en toda regla.