Ley de Memoria Histórica
Memoria democrática: los déficits de una ley con destino incierto en el Congreso

Todavía hay 88 calles y avenidas en el Estado español cuyo nombre es un homenaje al dictador Franco, en sus diferentes variantes “General Franco”, “Generalísimo” o “Francisco Franco”, según el último registro de la web EpData.  Más de un tercio de ellas se concentran en las provincias de Cuenca, Palencia y Toledo. Esas calles existen en ocho comunidades autónomas solamente y, eso sí, en la comparativa se recibe un poco de oxígeno: en 2001 la cantidad de pasajes urbanos en honor al dictador eran 679 (casi ocho veces más).

Para quien desee ver esta apología del fascismo no tiene que ir a la España vaciada ni a pueblos perdidos en la meseta peninsular. A tan solo 40 minutos de Puerta del Sol en dirección sur se puede ver en la toledana ciudad de Ocaña una larga Avenida del Generalísimo, a metros de la tercera plaza mayor más grande de España. A pocos minutos de allí también se verá en otra plaza un monumento en perfecto estado en homenaje al dictador Primo de Rivera.

No hay más que jugar un rato con Google Maps para ver la necesidad de la nueva ley de Memoria Democrática, confeccionada por la exvicepresidenta Carmen Calvo y que el Consejo de Ministros ha aprobado la semana pasada para que sea enviada al Congreso. La hasta hace poco poderosa e influyente dirigente cordobesa, una peso pesado dentro del PSOE hasta su defenestración, seguirá haciendo notar su huella a pesar de no estar más en su cargo. La ley promete un debate intenso y revivir viejas disputas.

Pero la política es agria y Calvo no será quien defienda su nave insignia sino que lo hará el nuevo ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien ha heredado las competencias de la  dirigente cordobesa. A pocos días de asumir, Bolaños llevó al Consejo de Ministros el proyecto y se habilitó su envío al Congreso, que votará en septiembre su admisión o no a trámite.

Si bien eso está asegurado y los aliados tácticos de Moncloa no harán enmiendas a la totalidad, tanto el socio minoritario de la coalición como grupos soberanistas han expresado su franca decepción con el contenido poco ambicioso del proyecto. Esperan que haya muchos cambios y un largo debate en la propuesta que, según se prometía, venía a trascender y complementar la famosa ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero.

“El anteproyecto no supone una ruptura con el régimen de impunidad, derivado sobre todo de la ley de amnistía. Ni jurídica  ni políticamente responde a lo que nosotros queremos”, señala Bel Pozueta

Carencias de una ley bisagra

Adentrarse en el proyecto es conocer un andamiaje técnico y legal complejo porque además ha sufrido varias modificaciones con respecto al anteproyecto aprobado por los ministros en septiembre del año pasado. Tras la ronda formal (y obligatoria por ley) de consultas, el Consejo General del Poder Judicial emitió un largo informe en el que recomendaba varios cambios. Algunos de ellos fueron escuchados.

Es por eso que, más allá de lo que se diga, la Fundación Franco no podrá ser fácilmente ilegalizada. El CGPJ advirtió, y por ello Calvo cambió el texto, que la apología del franquismo per se no supone un delito porque está amparada en la libertad ideológica y fallos del Tribunal Constitucional también escudan dicha libertad. Por ello es que ahora se incluye como “causa de extinción” de fundaciones a la que “ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio de las víctimas”.

Antes de ver qué cuestiones irritan a los aliados del PSOE, cabe recordar los puntos salientes del proyecto: declara la ilegalidad de los tribunales y juicios, y la nulidad de determinadas sentencias dictadas durante la guerra y la dictadura que hayan sido motivadas por razones políticas o religiosas; se impulsa una auditoría de bienes expoliados durante el franquismo por razones ideológicas; propone la búsqueda de desaparecidos y exhumaciones a cargo del Estado y la creación de un banco de ADN de víctimas; crea una fiscalía especial para abrir diligencias sobre crímenes cometidos hasta 1978; establece un régimen sancionador para infracciones a la memoria histórica; anuncia un nuevo marco jurídico para el Valle de los Caídos y la extinción de la fundación de los benedictinos; actualiza contenidos educativos para la ESO; y finalmente, entre otras cosas, ordena la retirada de símbolos contrarios a la memoria democrática.

¿Por qué entonces es considerara insuficiente por casi todos los socios parlamentarios de Moncloa? “Habría que hablar mucho, largo y tendido”, advierte en para empezar la diputada de EH Bildu, Bel Pozueta, quien será la portavoz de su formación en este proyecto y ha conversado con El Salto.

“Es cierto que presenta avances importantes respecto a la ley de 2007 porque hay un censo de víctimas, mapas de fosas y campos de concentración, y el banco de ADN. Pero no supone una ruptura con el régimen de impunidad, derivado sobre todo de la ley de amnistía. Ni jurídica  ni políticamente responde a lo que nosotros queremos”, señala.

Pozueta critica que la ley permita el “reconocimiento a las víctimas” pero “nunca” haga referencia “a los victimarios, a los torturadores, a las empresas que utilizaron el trabajo esclavo, y de quienes confiscaron los bienes de personas reprimidas. Plantea una verdad parcial”. Cabe recordar que el año pasado hubo filtraciones en los medios de la vicepresidencia primera en la que se prometía en el proyecto avanzar sobre la responsabilidad de las empresas que se beneficiaron de la condición de esclavitud de presos políticos. Eso ha quedado en el camino.

La diputada por Navarra afirma que al no derogarse la ley de amnistía y aceptarse la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, lo que implica “una negación de la normativa internacional”, las denuncias contra victimarios correrán la misma suerte que hasta ahora, “ya que todas han sido inadmitidas basándose en la Amnistía y la prescripción. No se abren caminos para que se pueda juzgar a los responsables”.

“El victimario es el responsable, causante de las víctimas. Por ejemplo en el caso de (el exministro) Martín Villa, responsable de una represión y hechos concretos, continuamente se presentan obstáculos para que no se lo pueda juzgar. Se amparan también en la ley de secretos oficiales. Son todas triquiñuelas que permiten la impunidad”, recalca. 

También Pozueta ha expresado su sorpresa que en la ley “se habla de la Iglesia y de lo que supuso durante la dictadura, pero no se menciona en ningún momento Iglesia Católica, y el franquismo fue un régimen nacional-católico”; asimismo que cuestiona cómo se trata el tema de las torturas.

“En el anteproyecto se mencionaba solamente a las torturas recibidas en los campos nazis pero no en los centros de detención franquista, algo muy extraño. Hubo un cambio (en la última versión aprobada por el CM) y ahora se reconocen los malos tratos pero no se da cabida a la Justicia. Sólo habilitan la llamada justicia voluntaria, que sirve para juicios administrativos pero no para este tipo de casos penales. ¿Qué torturador va a querer admitir que cometió torturas voluntariamente?”, añade.

La representante de la izquierda abertzale lamenta que tampoco “se hable de la represión cultural y lingüística que hubo por razones identitarias, no se hace ninguna mención a la prohibición de hablar las otras lenguas del Estado”. “Se siguen cuidando de juzgar a los verdaderos responsables del franquismo, no hay voluntad por parte del PSOE de enfrentamiento con el régimen franquista que todavía tiene sus tentáculos en partes del Estado”, concluye.

Preguntada sobre qué hará falta para que EH Bildu apoye el proyecto (por ahora se inclina por el rechazo si no hay modificaciones), explica que para ellos es clave la derogación de la ley de Amnistía, el reconocimiento a la legislación internacional (de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad) y “en la parte competencial, reconocer las competencias plenas” para Navarra y el País Vasco “en el ámbito de la memoria”, ya que en el pasado el TC “quitó, por ejemplo, a Navarra la competencia de crear una comisión de la Verdad”.

Unidas Podemos ha dejado trascender desde un primer momento que esperan algo “más ambicioso”

Prognosis negativa en las Cortes

No está de más reiterar la situación parlamentaria del gobierno de coalición. El PSOE y Unidas Podemos no cuentan con mayoría, por tanto, salvo que giren a buscar apoyos en la derecha, nada pueden sacar adelante sin el apoyo o abstención de Esquerra Republicana, el PNV y EH Bildu, cuya suma de 24 escaños son clave para inclinar la balanza. Si alguno de ellos flaquea, Adriana Lastra debe recurrir a la fidelidad de los amigos más minoritarios, como los cuatro del PDeCAT (el soberanismo catalán no alineado a Puigdemont), los dos de Más País, y los cuatro  sumados del BNG, Compromís, Teruel Existe y el PRC.

Así las cosas, hasta ahora no hay ningún apoyo asegurado. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, dijo hace unos días que su formación es “muy contraria” al texto enviado al Congreso y que espera cambios, como el retorno de todo el patrimonio a las familias represaliadas por el franquismo, entre otras cuestiones.

Fuentes del PNV respondieron a El Salto que, “de momento”, no tienen una posición sobre el proyecto y que no harán “ninguna valoración hasta que se trabaje en profundidad”. En estos momentos la coalición gobernante en Euskadi (PNV-PSOE) elabora un proyecto propio de Memoria Histórica, similar al aprobado por Navarra. La táctica parlamentaria indica que sería difícil el apoyo del PNV así como está el texto y sin incluir algunos de los reclamos (especialmente de competencias) que también formula EH Bildu.

También preguntados por El Salto, fuentes del PDeCAT respondieron que “hay cosas” que les gustan del proyecto pero que “seguramente” presentarán varias enmiendas. Públicamente, Más País también lo consideró insuficiente.

Unidas Podemos ha dejado trascender desde un primer momento que esperan algo “más ambicioso”. Miembros de la formación morada aclaran que por lealtad a su socio no están haciendo declaraciones pero que tienen “sorpresa” por algunos puntos de la ley y que esperan que tenga cambios en el trámite parlamentario. Dicho eso, recalcan que significa “un avance” con respecto al marco jurídico actual.

Se descuenta que el debate en el Congreso levantará el nivel de crispación, especialmente por parte del PP y Vox. Pablo Casado ya anunció que cuando llegue a Moncloa la derogará (aunque todavía no se sepa qué aprobarán los diputados) y que en su lugar propondrá otra de “concordia” y “en positivo”, sin profundizar a qué se refiere.

Algunos diputados se anticipan a lo que supondrá el debate y temen que la de Memoria Democrática tenga el mismo destino incierto que la ley sobre bebés robados durante la dictadura, que avanza a un ritmo muy lento y la Mesa del Congreso extiende sugestivamente el período de presentación de enmiendas (va casi un año).

Otro aspecto inocultable es que el presidente del Gobierno sabe que se refuerza cuando capitanea en el mar de la crispación y la hostilidad de las derechas. Eligió el franquismo para mostrar perfil propio apenas asumió tras la moción de censura, con la retirada de Franco del Valle de los Caídos. Y este debate promete darle ese barniz progresista y moderno que el sanchismo desea. Pero los aliados están preparados para recordarle que no todo es tan fácil.