Laboral
El Ayuntamiento de Leganés hace contratos fraudulentos a paradas de larga duración

Mariela Rangelova llevaba dos años en el paro cuando recibió una oferta de empleo que no pudo rechazar. Y no por ser jugosa, sino porque dada su condición de beneficiaria de la Renta Mínima de Inserción (REMI), se veía obligada a aceptar. La Comunidad de Madrid llamó a su puerta a través del Programa de Reactivación e Inserción Laboral para personas desempleadas de larga duración con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo. Tan largo nombre escondía en realidad un trabajo ‘en prácticas’ en el Ayuntamiento de su ciudad, Leganés. Un contrato de un año por el que ejerció como conserje en tres Colegios Públicos durante 2018 por menos de 700 euros al mes. “Ellos decían que yo estaba en prácticas, pero ejercí hasta en soledad en el puesto. Además, me hicieron un contrato por obra y servicio”, explica Rangelova quien decidió denunciar, de la mano de su sindicato CGT, cuando se quedó en la calle. Hoy los tribunales han estimado su demanda y consideran su despido como improcedente.

Así, el Juzgado de lo Social nº 26 de Madrid, según la sentencia a la que ha tenido acceso El Salto, condena al Ayuntamiento de Leganés a que abone a la trabajadora una indemnización equivalente a 33 días por año trabajado. El juez considera que el contrato no puede ser por obra y servicio ya que la actividad realizada como Conserje de un Colegio Público “se trata de una actividad que, ni tiene autonomía ni sustantividad propia, ni mucho menos tiene un carácter temporal o limitado en el tiempo”. Es por ello por lo que tacha de nula la cláusula de temporalidad del contrato y afirma que Rangelova era en realidad indefinida.

El juez considera que el contrato no puede ser por obra y servicio ya que la actividad no tiene “un carácter temporal o limitado en el tiempo

“Es una vergüenza, estábamos cubriendo puestos de trabajo estables. Yo cubrí una baja en uno de los colegios y en otro estaba cubriendo un puesto”, cuenta Rangelova a El Salto. Confiesa que desde el minuto uno sospechó que aquello no era legal. Junto a ella había 30 personas más dentro del supuesto programa de prácticas. “Nadie me quiso hacer caso. Somos familias que sí o sí pasamos por servicios sociales, monoparentales la mitad y las otras mayores de 45. La gente tenía miedo de que, si denunciaba, una vez acabado el contrato desde servicios sociales se lo pusieran más difícil”, explica.Lo cierto es que, tras la finalización del contrato, su futuro no ha sido más esperanzador. “Durante el tiempo trabajado me suspendieron la renta mínima y me prometieron que, tras finalizar, la volverían a activar. Pero no fue así”, relata Mariela mientras añade que tuvo que partir de cero de nuevo. “Tuve que volver a empezar. Cobré cuatro meses de paro, luego te dan un subsidio por tener cargas familiares. Y, una vez que agotas esto es cuando tienes derecho a volver a pedir la renta mínima. Eso supone juntar otra vez todos los papeles y esperar otros dos años a que te la concedan”, relata.Desde CGT consideran que el consistorio está actuando “como una ETT” utilizando un programa “que precariza el empleo, los servicios públicos y que solo sirve para maquillar las cifras del paro”. Los trabajadores inmersos en estos programas, que desempeñan supuestos puestos en prácticas “en realidad cubren puestos de trabajo concretos porque falta personal” y lo hacen “con un salario inferior”. Al mismo tiempo, la mayoría de los sindicatos del municipio denuncian que las bolsas de trabajadores del Ayuntamiento permanecen paralizadas.

Un tirón de orejas al Ayuntamiento

Para Santiago de la Iglesia, secretario general de CGT Zona Sur, la sentencia supone un “tirón de orejas” a un consistorio que está gobernado por el PSOE y que se supone “progresista”. “Estamos ante un proyecto de la Comunidad de Madrid al que no es muy habitual que los ayuntamientos socialistas se adhieran. En Móstoles o en Fuenlabrada se negaron”, explica De la Iglesia. Para De la Iglesia, la Comunidad de Madrid “da pie” a que se puedan dar este tipo de situaciones. “El proyecto es muy amplio y ambiguo. Debería venir mejor especificado en qué áreas se va a desarrollar”, asegura mientras destaca que el consistorio recibe subvenciones por acogerse a este programa. En cuanto a la victoria en los juzgados, apunta que la administración debiera haber readmitido a la trabajadora, reconociéndola como indefinida no fija. “Antes de que empezara el juicio el abogado del Ayuntamiento lo primero que dijo es que no la iban a readmitir. Si el despido hubiera sido declarado nulo, tendrían que readmitirla en la plantilla, pero como se determina que es improcedente, se le condena a pagar la indemnización”, aclara.Mientras, otra tanda de unos 30 trabajadores y trabajadoras se encuentran en la actualidad inmersos otro año más en el programa ejerciendo como conserjes en colegios, en instalaciones deportivas o acompañando a personas mayores. Mariela espera que su caso siente precedente y que los afectados se atrevan a denunciar. Además, agradece “al capataz, al director y a toda la gente del equipo que escribieron cartas para que nos quedáramos. Por parte de los capataces hubo buena voluntad, así como desde el AMPA de uno de los colegios”, asegura.Por su parte, desde CGT aseguran que seguirán presionando para destapar la situación. “Nosotros vamos a seguir contactando con los trabajadores para denunciar esta situación. Se está haciendo un fraude con fondos públicos y con el empleo público. Un fraude con muchas aristas”, sentencia de la Iglesia.