Gobierno de coalición
El conflicto por los alquileres tensa la coalición y asoma una sorpresa autonómica

Llega el fin del invierno y sube la temperatura en el Gobierno de coalición. Socialistas y morados vienen chocando más de lo habitual en varios asuntos. No pilla desprevenido a nadie las diferencias en torno a la visión sobre la calidad democrática de España, pero sí llama la atención que sea justo en cuanto a proyectos de ley que deben llevarse al Consejo de Ministros.

A la controversia por la ley Trans se suma la de viviendas y regulación del mercado inmobiliario. El proyecto que busca mejorar la situación del colectivo trans es de tipo político y muestra dos visiones filosóficas distintas. Pero lo de los alquileres es una cuña en uno de los puntos en que más se diferencian el PSOE y UP: la intervención estatal en la economía.

Ábalos admitió, en rueda de prensa, que habría un frenazo a la regulación de los alquileres y que buscaría avanzar en incentivos que, básicamente, no intervinieran tanto el mercado

Hace más de dos meses vienen negociando al respecto los equipos del ministro de Transporte, José Luis Ábalos (cuya cartera se quedó con las competencias en vivienda), y en representación de Unidas Podemos, Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030. La propuesta de los morados, de hecho, fue escrita y enviada a los socialistas hace cuatro meses. En el medio, la negociación se cortó por pedido de los socialistas dos semanas antes de las elecciones catalanas para evitar ruidos molestos en la campaña. Se retomaron luego y siguen empantanadas.

Para más inri, Ábalos admitió, en rueda de prensa, que habría un frenazo a la regulación de los alquileres y que buscaría avanzar en incentivos que, básicamente, no intervinieran tanto el mercado. Pero desde Podemos recuerdan que el presidente del Gobierno pactó con Pablo Iglesias no una sino dos veces el proyecto en cuestión: lo hizo para el acuerdo de investidura y después volvió a hacerlo en las vísperas del acuerdo por los presupuestos generales.

Un rumor que llega de las islas

Añadiendo más expectativa a toda la discusión, esta semana hubo una noticia que vino desde el Mediterráneo pero que causó mucho ruido en Madrid: la decisión del Govern de las Illes Balears de expropiar 56 pisos ubicados en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza, aplicando la ley de viviendas autonómica (aprobada por su Parlament en 2018), es decir, compensando a los propietarios expropiados bajo la justificación de utilidad pública de esos pisos, que ahora engrosarán la vivienda social.

Esto provocó un rumor que se escuchó en la capital, tanto entre altos cargos como en redacciones periodísticas. Y es que lo de Balears podía constituir, en realidad, una jugada de Sánchez para delegar en las comunidades autónomas lo que él preferiría que no se vote en las Cortes Generales por el impacto político que tendría, especialmente en el submundo del Madrid-sistema.

Desde UP aseguran que el impuesto a las viviendas vacías ayudaría a movilizarlas y bajar así también los alquileres

La presidenta del Govern balear, la socialista Francina Armengol, es aliada de Sánchez y fue una de las líderes del PSOE que abogó por una coalición con UP, ya que ella misma tiene un tripartito en su ejecutivo (PSIB-Podem Balears-Més). La noticia encendió la luz amarilla en la vicepresidencia segunda del Gobierno, que ve en ello una carta blanca a nivel autonómico en lo que Moncloa no quiere asumir a nivel estatal.

Siendo Armengol tan cercana a Sánchez, sorprendería mucho que en medio de una negociación áspera, el Govern balear disponga expropiaciones de vivienda en su boletín oficial sin pensar en las consecuencias a nivel España para el PSOE estatal. Como dijo fuera de micrófono un alto cargo de Podemos: “No sé si Sánchez querrá delegar en las comunidades, pero lo que sí empiezo a crees es que él ha instigado lo de Baleares a propósito para combatir marcos de la derecha y mostrar que puede estar dispuesto a lo que en Madrid dicen que no. Su relación cercana con Armengol le permitiría acordar esta movida muy fácil”.

Avance y estancamiento

El proyecto sobre las viviendas promete ya ser un hito en las relaciones entre los socios de gobierno porque con tantas idas y vueltas, y sobre todo después de la negativa pública de Ábalos a la regulación de los alquileres, el tema va cobrando forma de avalancha.

Del acuerdo sobre este proyecto fuentes cercanas a Ione Belarra señalan que “lo del alquiler es lo primordial” pero explican que son tres los asuntos principales: el impuesto a las viviendas vacías, el freno a los desahucios de familias en crisis y la regulación de los precios de alquiler.

París, la metrópoli francesa y ciudad más visitada del mundo (con el negocio inmobiliario que ello implica), tiene una fuerte política de impuestos a las viviendas vacía

Hubo una novedad este jueves pasado, en la última reunión mantenida por los negociadores de ambas formaciones. Según dejaron trascender, hubo “avances” en lo referente a frenar los desahucios “cuando no haya alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad”, un modelo similar al que se estableció para el estado de alarma decretado en 2020. En concreto, se busca que los juzgados se vean obligados a solicitar un informe preceptivo en los procesos de desahucios a los servicios sociales, que determinarían si existe situación de vulnerabilidad, y luego cada gobierno autonómico tendrá la obligación de ofrecer una alternativa digna.

A pesar de esta evolución, las conversaciones están enfrascadas en los otros dos puntos mencionados. Desde UP aseguran que el impuesto a las viviendas vacías ayudaría a movilizarlas y bajar así también los alquileres y que este tributo no afectaría a quien hereda un piso y lo tiene cerrado, sino que apunta a los bancos y fondos buitres. “Es para los que están subvirtiendo el orden normal del mercado”, explica una fuente morada. Paradoja: una justificación liberal para desmonopolizar el sector inmobiliario desde la izquierda que acabaría haciéndola más accesible.

De hecho, no hay que irse muy lejos para ejemplos en esta materia. París, la metrópoli francesa y ciudad más visitada del mundo (con el negocio inmobiliario que ello implica), tiene una fuerte política de impuestos a las viviendas vacías. De hecho, en 2017 se triplicó este tributo llevándolo al máximo de lo permitido por la ley del país vecino, en una medida que afectó a las nada menos que 107.000 segundas residencias vacías detectadas.

El otro gran choque entre los socios del Ejecutivo es relativo a la regulación de los precios de alquiler en zonas tensionadas, una normativa existente en Berlín o incluso en la meca del capitalismo global como es la ciudad de Nueva York —allí más de un millón de pisos tienen alquiler regulado— pero que en el Estado español parece un oprobio. Al respecto, los negociadores de UP ya no ocultan su enfado y dejaron trascender este viernes que el PSOE “ha acudido a la reunión de negociación, una vez más, sin ninguna propuesta de alquileres”.

¿Por qué el caso de Illes Balears es relevante? Porque su ley autonómica de vivienda es considerada de vanguardia y, no es casualidad, pudo ser aprobada sin problemas antes de que el PSOE llegara a la Moncloa

El plan alternativo de Ábalos, que lo adelantó en aquella conferencia de prensa en la que prácticamente desactivó los compromisos, es promover un mecanismo de incentivos fiscales para conseguir “que los propietarios quieran poner sus pisos en alquiler y les compense hacerlo a precios más bajos que los del mercado”. Con ese objetivo, su ministerio está en contacto con Hacienda y con Justicia, pero además negocia con los grandes actores del mercado y las patronales.

Preguntadas sobre el posibilidad de que Sánchez decida delegar en los gobiernos autonómicos lo que no se anima a llevar al Congreso, fuentes que participan de las negociaciones lo descartan y recuerdan que lo que se busca es un marco normativo pero que no se saltará los estatutos de autonomía, por lo que la influencia de Moncloa en la aplicación tiene limitaciones.

Desde la vicepresidencia segunda señalan que eso es cierto “pero el marco legal no está transferido, eso es lo que se va a dirimir”. También recuerdan que una ley ambiciosa que regule el mercado inmobiliario “es apoyada por ocho partidos”. Se da por descontado el eventual apoyo de la mayoría progresista de la investidura.

El ejemplo del archipiélago

La expropiación de 56 pisos en Balears fue suspicazmente divulgada por el Govern regional esta semana. Hizo pronto eco en Génova: el presidente del PP, Pablo Casado, dijo por Twitter que era “intolerable que el PSOE de Baleares atente contra la propiedad privada, la seguridad jurídica y la libertad individual”, y afirmó que hace falta para solucionar la crisis habitacional “destinar más suelo público, deducciones fiscales, avales públicos y combatir la ocupación”. Nada nuevo en el dogma conservador.

Inmediatamente la presidenta balear le respondió, también por Twitter: “Cedemos pisos de bancos y fondos buitre, vacíos durante años, a familias vulnerables. Lo intolerable es que cuando peor lo pasan los ciudadanos, el PP siempre defienda a los especuladores y no el derecho constitucional a la vivienda”.

El líder socialista dio su palabra dos veces sobre un proyecto que no tiene fecha de concreción

¿Por qué el caso de Illes Balears es relevante? Porque su ley autonómica de vivienda es considerada de vanguardia y, no es casualidad, pudo ser aprobada sin problemas antes de que el PSOE llegara a la Moncloa. Fue publicada en el boletín oficial insular en julio de 2018, días después de la moción de censura. De hecho, fuentes de Podemos admiten que la de Balears “es de las leyes más avanzadas de España” y que, si bien a nivel estatal no buscan replicarla, “sí se la toma de referencia, como el modelo del Ajuntament de Barcelona”.

Es el contenido de la ley 5/2018 de Balears la que ha permitido a su Govern iniciar el proceso de expropiación a grandes tenedores para destinarlos a alquiler social. Se compensará con 1,8 millones de euros a los propietarios y se incorporarán los 56 pisos al parque de vivienda social por un período de mínimo siete años, gestionado por el Institut Balear de l’Habitatge, que asumirá con sus recursos públicos la diferencia entre el alquiler que pagará el inquilino y la compensación al gran tenedor.

El artículo 19 de la ley balear advierte que ante “la declaración de utilidad pública” en cuanto a la situación habitacional se hará efectiva la “ocupación de los bienes y derechos afectados, respetando las previsiones de la legislación de expropiación forzosa”.

Fuentes del Ministerio de Transporte preguntadas al respecto han respondido que lo de Balears “es una ley autonómica” y que lo que se está discutiendo con Unidas Podemos “no tiene que ver con expropiaciones ni con ver la utilidad pública de las propiedades”. Sobre el futuro de la negociación del proyecto, afirmaron cerca de Ábalos que no tienen “nada” que decir.

Si Sánchez quiso enviar un mensaje elíptico a través de su aliada Armengol, dejando entrever que el PSOE no es tan temeroso como los morados dicen y que en la periferia se anima más, es algo que se demostrará con el tiempo. Quizás no solo sea un guiño al votante progresista sino también una advertencia al mercado inmobiliario. El tándem Sánchez-Iván Redondo no sería la primera vez que haga este juego de equilibristas en la comunicación. Se sabe que su anhelo es ocupar el centro del espectro político por mucho tiempo y es lo que más les reditúa.

Sea como sea, hasta ahora lo único fehaciente es que el líder socialista dio su palabra dos veces sobre un proyecto que no tiene fecha de concreción y promete ser un quiste permanente al interior de la coalición.