Francia
La última maniobra para no votar la edad de jubilación precipita la derrota del movimiento social

La batalla final para evitar el alargamiento de la edad de jubilación en Francia debía darse esta semana en la Asamblea Nacional. El jueves 8 se iba discutir y votar una propuesta de ley presentada por el grupo centrista de oposición LIOT, con el objetivo de eliminar la edad mínima de jubilación a los 64 y volver a los 62 años anteriores a la última reforma. No ha sido posible, ya que la presidenta de la cámara, Yaël Braun-Pivet, anunció la víspera que no habría votación, declarando la proposición “no recibible”. Tras un fuerte cruce de acusaciones y apelaciones al reglamento de la cámara, el grupo opositor ha retirado su propuesta, dando por concluida la posibilidad de hacer valer por vía parlamentaria la principal reivindicación que agita Francia desde hace cinco meses.

El débil bloque gubernamental ha impedido que llegue a la cámara, tras haber logrado en la comisión de asuntos sociales vaciar el contenido del artículo

Tan solo dos días antes, la decimocuarta jornada de huelga general congregó entre 280.000 y 900.000 personas en las calles de todo el país, según se atienda a las cifras del Ministerio del Interior o a las de la Confederación General del Trabajo (CGT). Desde enero, un sólido y continuado movimiento social se ha opuesto a la reforma que pretende alargar la edad de la jubilación. Impulsada por el presidente de la República Emmanuel Macron, se ha desarrollado por el Gobierno de la primera ministra Élisabeth Borne hasta su adopción por la fuerza en marzo.

El jueves se ha repetido esta negación autoritaria del parlamentarismo en favor de los intereses de un Ejecutivo que exprime al máximo los resquicios normativos de la cámara, escapando de nuevo al voto del aspecto más controvertido de la reforma de pensiones.

Crisis democrática tras la última batalla parlamentaria

La posibilidad de haber por fin votado esta medida se encontraba en que cada grupo parlamentario de oposición tiene derecho a un “nicho parlamentario” por año, o sea un día para presentar sus proposiciones de ley –con la medianoche como límite para discutirlas, enmendarlas y votarlas–.

El nicho parlamentario del grupo LIOT, acrónimo de “Libertades, independientes, ultramar, territorios”, ha sido este jueves 8 de junio. Este pequeño grupo parlamentario, de creación circunstancial para obtener más recursos, tiempo y posibilidades de acción política en la Asamblea, agrupa a diputados de centro-derecha no macronistas con diputados y diputadas de departamentos de ultramar como Mayotte, además de un regionalista bretón, independentistas corsos y, por último, unos diputados y diputadas de centro-izquierda opuestos a la NUPES. Con todo esto, buscaban ocupar una posición central en el tablero político y su proposición de ley podría haber recibido los votos tanto de la NUPES como del Rassemblement National de Marine Le Pen y de una parte de los diputados de derecha de Los Republicanos, partido dividido sobre esta cuestión.

Los macronistas no tienen mayoría en la Asamblea nacional, por lo que esta proposición de ley podría haber encontrado apoyos suficientes para prosperar. Por eso, el débil bloque gubernamental ha impedido que llegue a la cámara, tras haber logrado en la comisión de asuntos sociales vaciar el contenido del artículo que pretendía abrogar el paso a los 64 años.

Tras una batalla parlamentaria feroz a golpe de artículos del reglamento interior de la Asamblea y especialmente del articulo 40 de la Constitución, se ha impuesto el carácter “no recibible” de la medida propuesta, ya que está permitido bloquear proposiciones y enmiendas cuya adopción implicaría una disminución de los recursos o un aumento de las cargas públicas.

Sin embargo, el uso de este tipo de maniobras está debilitando aún más un Parlamento francés ya de por sí subordinado a los poderes del Presidente. Los macronistas logran así, con el apoyo de la mayoría de los diputados Republicanos, alcanzar su objetivo de impedir la votación. “Un puro escándalo político”, consideró hace días la nueva secretaria general de la CGT Sophie Binet al planteársele esa posibilidad en una entrevista con el periódico Journal du dimanche. Considera que “nunca ha habido una traba de esta envergadura contra una proposición de ley”, que es “inédita y constituye un grave precedente”. En efecto, la líder sindical, “muy preocupada por la subida de la extrema-derecha”, teme que “si [la extrema-derecha] llega al poder mañana, estas maniobras autoritarias podrán crear escuela”.

A más corto plazo, si las oposiciones juzgan que sus derechos no han sido respetados, LIOT podría presentar una nueva moción de censura. Teniendo en cuenta que solo faltaron nueve votos para que no triunfara la moción de marzo, los cuatro años que quedan hasta el final del mandato de Emmanuel Macron, sin mayoría en la Asamblea, se prevén largos y no es descartable que, tarde o temprano, una moción de censura derroque al Gobierno o que el Presidente disuelva la Asamblea para convocar nuevas elecciones.

Tras el nuevo atropello de los macronistas para escapar por segunda vez de la decisión legislativa, François Ruffin, diputado de la LFI (La France Insoumise, plataforma fundada por Mélenchon que lidera el conjunto de partidos integrados en la NUPES) declaraba el jueves por mañana en la radio France Inter: "Cuando  Yaël Braun-Pivet [la Presidenta de la Asamblea nacional] viene a decir “haremos barrera”, ¿barrera a que?, ¡barrera al voto!, cuando tienen miedo del voto, es un signo de debilidad por su parte. Cuando recurren al artículo 47.1, al artículo 49.3, al artículo 40, o sea a todos los artificios jurídicos [de la Constitución] para que este debate no se tenga, esto quiere decir que saben que somos nosotros quienes somos fuertes y ellos débiles”.

Para la cegetista Binet, “hemos marcado puntos cruciales: hemos ganado la batalla de las conciencias, vuelto a poner el sindicalismo en el centro y hecho perder a Emmanuel Macron toda mayoría social y política”

En un tono mucho más colérico, la diputada del mismo partido Clémentine Autain, acusaba a la presidenta Braun-Pivet de “miserable correa de trasmisión de una alucinante aprobación por la fuerza”, interpelándole públicamente “porque no hay una mayoría de la representación nacional para retrasar dos años la edad de jubilación, el rey está desnudo y la presidenta de la Asamblea nacional, a las órdenes del Elyseo [palacio presidencial], asume no ser garantía de los derechos del Parlamento”.

Por su parte, Laurent Berger líder del sindicato moderado CFDT afirmaba que, tras 14 jornadas de huelga general en plena unión intersindical “el partido contra la reforma de las pensiones está a punto de concluir”. Si se confirma esta previsión, tras la negación del debate legislativo y la represión y desprecio a la legítima protesta democrática, parece que, además de la opción insurreccional, solo quedará la vía electoral que pudiera llevar al poder a las fuerzas de la NUPES, con su propuesta de adelantar la edad mínima de jubilación a los 60 años, dentro de un conjunto de medidas de revalorización salarial, democratización económica y transformación social y ecológica.

Victorias importantes a pesar de todo

Después de cinco meses de un movimiento social que ha logrado ser el más fuerte desde las huelgas del otoño de 1995 en defensa de la jubilación y la seguridad social, es momento de hacer un balance de la acción impulsada por los sindicatos y su relación con la necesaria oposición que está llevando a cabo un amplio y plural grupo de electos parlamentarios, especialmente pero no solo por la NUPES.

Para la cegetista Binet, “hemos marcado puntos cruciales: hemos ganado la batalla de las conciencias, vuelto a poner el sindicalismo en el centro y hecho perder a Emmanuel Macron toda mayoría social y política”. De hecho, el liderazgo firme en sus posiciones de la intersindical unida ha renovado la imagen de estas organizaciones ante los trabajadores y trabajadoras.

Los vínculos de confianza se han reestablecido y reforzado, tal y como han demostrado no solo las amplias movilizaciones, sino también el fuerte aumento de la afiliación de la que dan cuenta todos los sindicatos. La dirigente nacional de la CFDT Lydie Nicol reivindica unos 40.000 nuevos afiliados desde el principio del año y explicaba la semana pasada en el periódico del sindicato que supone un aumento de 15% de las afiliaciones respecto al mismo periodo de años precedentes.

En Fuerza Obrera (FO, la tercera organización sindical más grande del país), las afiliaciones habrían aumentado un 30%. En esta misma dinámica, Catherine Giraud, responsable de las nuevas afiliaciones en la CGT, afirmaba el Primero de mayo para la radio France Bleu que “más del 35% de las nuevas afiliaciones son de menores de 35 años y el 47% de mujeres”.

Habrá que ver cómo se consolida esa dinámica, si se confirma finalmente el fracaso de la lucha liderada por los sindicatos para derrocar la reforma de la jubilación. Desde la década de 1990, solo uno de cada diez personas asalariadas en Francia es afiliada de un sindicato, la tasa de sindicalización más baja de entre los principales países europeos. Si la afiliación a los sindicatos aumentara significativamente, podría constituir una baza importante para encontrar en el futuro unos pocos millones de huelguistas suplementarios que han faltado esta vez para bloquear realmente la economía del país.

Otro aspecto novedoso es la politización de una parte de la juventud, así como también la reunificación del movimiento popular. En estos meses ha quedado clara la vigorosidad de una izquierda social que constituye una red territorial muy densa, tal y como han demostrado las manifestaciones en ciudades pequeñas y medianas, una de las características diferenciales de este movimiento.

Cada día de huelga general se han realizado por todo el país manifestaciones en más de 300 ciudades diferentes. Para consolidar esa socialización política, cruzada de las afiliaciones sindicales diversas que le son necesarias, se requiere también de experiencias de victoria, saber que es posible ganar, tal como lo hicieron antes las generaciones de jóvenes que lucharon y lograron en 2006 impedir el Contrato Primer Empleo (que permitía despedir a los menores de 26 años de un día para otro, sin justificación ni indemnización, durante los dos primeros años de contrato) o las que resistieron contra el proyecto de aeropuerto internacional en Notre-Dame-des-Landes hasta que su construcción fuera abandona en 2018.

Por ahora, la batalla por la edad de jubilación sigue hasta que la semana que viene la intersindical decida la estrategia para un cambio de ciclo en el movimiento, ya que las organizaciones representativas del mundo del trabajo ya han anunciado que pretenden usar su posición de fuerza actual para intentar obtener alcances sociales en otros ámbitos tales como los salarios, la protección social o la representación de los trabajadores asalariados en las empresas, está última debilitada en 2017 por decretos-ley que aprobó con su llegada al poder el propio Emmanuel Macron.

El futuro nos dirá si la pretensión de las grandes confederaciones sindicales a negociar en “posición de fuerza” con el Gobierno se concretiza, al menos, en que el movimiento social haya logrado “no retroceder más”, no perder más derechos y conquistas sociales.

Tampoco es descartable que, por contra, el gobierno siga derechizando su acción con el apoyo de una parte del bloque de derecha agrupado en LR. El tinte de los próximos proyectos gubernamentales deja por ahora serias dudas de que la autocracia neoliberal macronista este debilitada por la dura contienda de los últimos meses. Macron ha anunciado un plan de lucha contra “el fraude” a las ayudas sociales, recortes de 5% sobre los presupuestos de todos los ministerios el año que viene, así como una enésima ley sobre inmigración, lo que va a atacar también a la población jubilada, ya que se pretende obligar a su parte extranjera a vivir por lo menos nueve meses al año en el territorio nacional para conservar sus derechos sociales adquiridos, frente a los seis meses actuales.

La inflación, los salarios que no la acompañan, el desafío del cambio climático, la degradación de servicios públicos esenciales, tales como los hospitales, la educación pública o el mal funcionamiento de las guarderías infantiles y las residencias de mayores, son todos ellos problemas que han ganado visibilidad durante los últimos meses, gracias a la convergencia de luchas consustancial a los movimientos de huelga general. Habrá que ver si permanecerá en el seno de las clases populares el sentimiento que es posible obtener victorias, de que “la lucha paga” o si, por contra, solo se difunde la rabia o incluso peor la desesperación.

Ira popular

En este contexto, si el sentimiento dentro de las clases populares del “que paguen los ricos” es ampliamente compartido, falta por ahora un alcance a la altura para su traducción política. A diferencia de la unidad sindical, de esa izquierda social reconstituida en las calles desde enero, los partidos políticos de la NUPES trabajan juntos en la Asamblea pero siguen con dificultades para consolidar a más largo plazo esta alianza.

Con la mirada puesta en las elecciones europeas de la primavera de 2024, los insumisos han ofrecido a Europa-Ecología-Los Verdes la cabeza de una potencial lista única de la NUPES, mientras que estos habían ya votado en sus órganos internos que presentarán una lista propia, para promover así una línea más pro-UE que la que tiene LFI. Por su parte, los comunistas (PCF) han reafirmado la línea identitaria del secretario nacional Fabien Roussel en su congreso de abril.

Por último, lo que queda del Partido socialista (PS) se encuentra escindido en dos corrientes con una pequeña mayoría, alrededor del secretario general Olivier Faure, en favor de la dinámica unitaria de la NUPES, y una minoría considerable contra la unión de izquierdas, cargada de nostalgia por la época en la que el PSF era la fuerza central de la izquierda y gobernaba, o intentaba gobernar, con un programa centrista. Esa minoría amplia del PSF recibe el apoyo de algunos electos locales de suma relevancia, tales como la presidenta de la región Occitania Carole Delga o el alcalde de Montpellier Mickaël Delafosse. Por su parte, no se pueden obviar las turbulencias que viven los insumisos sobre cuestiones como la pluralidad, la gestión de las violencias sexistas o la gobernanza interna del movimiento fundado por Mélenchon, ahora que éste debe hacerse a un lado.

Mientras tanto, sigue siendo de vital urgencia efectuar un trabajo político para convencer a los sectores abstencionistas de la juventud y de las clases populares, indispensable si los partidos de la NUPES aspiran a presentar una opción ganadora para las elecciones presidenciales de 2027, también si hubiera que encarar una disolución anticipada de la Asamblea nacional anterior a esa fecha. Por ver la parte positiva, los principales peligros ya se han ido superando el último año de vida de la coalición. La dinámica unitaria de la NUPES se ha librado del social-liberalismo autoritario que había marcado el mandato presidencial de François Hollande (PS) entre 2012 y 2017 y, con paso firme y a buen ritmo, sigue construyendo un conglomerado plural y eficaz de izquierdas, con un centro de gravedad antiliberal y ecologista.

El reto es importantísimo. En la Sorbona, en un debate sobre “el segundo acto” de la NUPES organizado por el 50 aniversario del diario Libération, el diputado insumiso Alexis Corbière afirmaba que “o estará la extrema derecha o estaremos nosotros unidos”. Se lo pueden pensar, esperarlo o temerlo, pero mientras tanto, como decía Sophie Binet de la CGT llamando a una mayor sindicalización, “no esperemos que las cosas vengan de arriba”.