El Tarajal
Tarajal: Una década de hermanamiento en el dolor y búsqueda de justicia

El pasado 3 de febrero cientos de personas se reunían en Ceuta para recorrer por undécima vez sus calles hasta la Playa de Tarajal, el lugar donde Jeannot, Armand, Samba, Daouda, Luc, Yves, Larios, Youssouf, Ousmane, Keita, Omarou, Blaise, Roger Chimie, y un joven que no pudo identificarse, murieron víctimas de las pelotas de goma que la Guardia Civil les lanzó mientras intentaban alcanzar la playa. La cita era especial, este año se cumplen diez años desde aquella fecha trágica del 6 de febrero de 2014, y las víctimas y siguen esperando reparación y justicia.

“A las familias no se les ha facilitado ningún mecanismo para poder esclarecer los hechos, venir hasta aquí y decidir sobre el destino de los cuerpos de sus hijos”, explica Ramsés Azumik, presente en las movilizaciones del sábado. Azumik pertenece a Elin, una organización que trabaja con menores en Ceuta, y que estaba entre los colectivos convocantes de la XI Marcha por la Dignidad. El joven, que tiene aún la garganta afectada desde aquel día, evoca una jornada dinámica, llena de gente que acudió tanto a la mesa redonda que se había organizado en la mañana como en las acciones que tuvieron lugar en la playa en homenaje a las 14 víctimas.  “El 3 de febrero fue una jornada muy importante para todas las personas que creemos que aquella fue una situación injusta y que estas personas merecen respeto, merecen dignidad y merecen que se las repare con todas las garantías”, afirmaba este activista a El Salto.

La memoria volverá a recorrer las calles de Ceuta a una década de la masacre de El Tarajal

Redacción El Salto

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Frontera sur

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Redacción El Salto

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La XI Marcha de la Dignidad rinde homenaje a las 14 víctimas de El Tarajal y sigue reclamando justicia y reparación, frente a la impunidad de las políticas migratorias.

Algunas pequeñas victorias se obtienen con la lucha colectiva contra la necropolítica migratoria, Azumik celebra la dos sentencias recientes del Tribunal Supremo que confirman lo que denunciaron colectivos como el suyo: que la expulsión masiva de menores ejecutada en agosto de 2021 fue ilegal. También considera que es fruto de la presión de personas migrantes y movimientos el que, tras años en los que las personas que llegaban a Ceuta se quedaban atrapadas en el enclave, el Supremo avalase el movimiento de las personas solicitantes de asilo hacia la península. “Yo creo que que es muy importante que desde la base, desde las organizaciones sociales y la población civil, seamos capaces de unirnos, de generar redes y sobre todo, de demostrar que con fuerza colectiva, con resistencia y con paciencia, se pueden conseguir avances en derechos”, explica.

Más de 250 colectivos y organizaciones se adhirieron de hecho a esta edición de la Marcha de la Dignidad. No Name Kitchen, afincada también en Ceuta, era una de ellas. Sus voluntarias, que acompañan a los jóvenes y menores en tránsito por la ciudad, hicieron un llamado para que quienes acudieran trajeran ropa y otros objetos para las estas personas. Irene Martínez, integrante de esta organización comentaba a El Salto que la llegada de material había superado todas las expectativas. 

Aunque Martínez llegó a Ceuta el pasado septiembre ya estuvo en la X Marcha de la Dignidad, la que se celebró en 2023. Entonces había muchas más personas en el CETI o en las calles, también participando en la marcha. Es la participación de los propios migrantes lo que esta voluntaria quiere destacar, migrantes que viven la frontera en todo momento durante el tiempo que pasan en la Ciudad Autónoma: “la frontera está en la ciudad, en las tiendas donde no les dejan comprar, en los problemas para contratarles, cuando muchos de ellos trabajan”. Aunque la activista quiere destacar lo importante de que tantos colectivos acudan a Ceuta cada año, siente que la propia Ciudad Autónoma vive de espaldas a la realidad de las personas migrantes, y que todo el Estado ignora lo que sucede en las fronteras. 

En un comunicado compartido la víspera del 6 de febrero las organizaciones Solidarité et sensibilisation des Familles des Migrants, Caminando Fronteras, Coordinadora de Barrios y APHDE, denunciaban de hecho esta falta de compromiso con las víctimas y sus familias. Incorporaban, en este sentido, los testimonios de varios de los familiares, como el del padre de Yves Bilong, que cuenta cómo la madre de Yves cayó enferma y murió tras la desaparición de su hijo, como falleció también su abuela. “Y yo, su padre, estoy enfermo desde aquel día. Por eso, pido al tribunal español de hacer justicia y reparar el daño causado a nuestra familia”.

Una justicia que también pide el hermano mayor de Larios Fotio: “Este 6 de febrero es el décimo aniversario de la partida brusca de nuestros hermanos, hijos y amigos que han sido víctimas de las políticas de represión en las fronteras de Europa”, denuncia. El hermano mayor de Daouda añade: “Hablo con mucho dolor y pena, son 10 años sin nuestros hermanos, han sido diez años difíciles”. “Es doloroso pero no vamos a bajar los brazos hasta que se haga justicia”.

En el comunicado las organizaciones recuerdan que durante esta década el Estado Español no solo se ha negado a identificar los cuerpos de cuatro de las cinco víctimas enterradas en España, además las familias han sido excluidas del proceso: los consulados imposibilitaron tanto tomar muestras de ADN, como visitar el lugar de la muerte de sus hijos y sus tumbas, mientras está pendiente la admisión del recurso de amparo que presentaron las familias ante el Tribunal Constitucional. “Tenemos que lamentar que en estos diez años los distintos gobiernos han seguido causando dolor a las familias y negando los derechos de las muertas. Tarajal es el ejemplo de cómo las políticas de control de fronteras vulneran de forma sistemática el derecho a la vida de las personas migrantes”.

Lo que sí que ha admitido el Tribunal Constitucional es el recurso de amparo presentado por las organizaciones populares, lo explicaba la propia Patuca Fernández en la mesa redonda que tuvo lugar el sábado por la mañana, antes de la Marcha. La abogada de la Coordinadora de Barrios recordaba con pesar el sobreseimiento del caso en 2019, el cual conllevó una absolución sin juicio, calificándolo como “una resolución que devaluaba las vida de las personas”. Además, incidía, ese sobreseimiento llegó justo cuando se había admitido que las familias de las víctimas se personaran como acusación. 

Mientras se espera que el Tribunal Constitucional admita finalmente el recurso de los familiares, al menos, celebraba la abogada, la Fiscalía esta vez se ha personado como acusación en contraste con su actuación hace diez años, cuando no solicitó ninguna diligencia ni hizo nada por aclarar los hechos. Una falta de acción que Fernández calificó de “silencio atronador de las instituciones”, silencio en el que incluyó al Ministerio de Interior de entonces —con Jorge Fernández Díaz tardando un mes en personarse en la playa, donde no tuvo ningún gesto de recuerdo para con los muertos— y de ahora, recordando que el gobierno actual no ha hecho nada para reparar el daño.

Para Fernández, quien comenzó su intervención hablando del dolor íntimo para las víctimas y sus familias que se infringió aquel 6 de febrero de hace 10 años, pero también del dolor colectivo, de un dolor que hermana, de un dolor “que no cesa y se repite”, Tarajal es también “un imperativo ético: el de transformar el dolor en justicia”. 

Y es que, como recordaba el activista Mouctar Bah, quien compartió mesa redonda con Fernández antes de que todos salieran a caminar hacia la playa, en 10 años nada ha cambiado para las personas que migran “al contrario, cada vez tenemos más personas muertas en las rutas migratorias”.  Bah, quien vivió varios años en Nador, daba cuenta de cómo las fronteras cada vez descienden más al Sur, gracias a los procesos de externalización, dificultando todas las rutas y resultando en más muertes. “Exigimos vías legales y seguras para migrantes y refugiados, porque migrar no es un delito”, explicaba.

“Hoy estamos aquí para recordar una vez más que las vidas negras importan”, recordaba por su parte la investigadora Viviane Ogou, también desde Ceuta, recordando que según Caminando Fronteras, 18 personas mueren al día intentando llegar a territorio español. Este flujo constante de muerte, recordaba, se inserta en “un marco colonial heredero del sistema de esclavitud y de explotación”.

Para Ogou, lo que ocurrió en El Tarajal fue un fallo sistémico, pues la muerte normalizada se sucede todos los días más al sur, en el Sahara o en el mar. Por ello, argumentó, la no repetición requiere de un cambio sistémico, pasando por un reparación que incluya juzgar a los crímenes de la colonización. “Estas muertes deben ser investigadas como crimen contra la humanidad porque hay un patrón”, sentenció. 

A primera hora de este 6 de febrero, decenas de personas se concentraban frente al Congreso, diez años después de aquella madrugada de 2014, para seguir empujando por ese cambio sistémico, reclamando justicia, reparación y no repetición.