Desigualdad
Denuncian las dificultades burocráticas para acceder a la nueva ayuda por menor a cargo

El pasado octubre la ministra de derechos sociales, Ione Belarra, junto al ministro de inclusión, seguridad social y migraciones, Jose Luis Escrivá, anunciaban una serie de mejoras del Ingreso Mínimo Vital para luchar contra la pobreza infantil, la más relevante era el complemento de ayuda para la Infancia que alcanzaría no solo a las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, sino también a familias que cobrasen por encima del umbral determinado para esta ayuda.

La medida, que introducía cuantías mensuales de 100€ para menores de hasta 3 años, 70€ de 3 a 6, y 50€ desde los 6 a la mayoría de edad, fue interpretada como un movimiento para recuperar la ayuda por hijo a cargo (que desapareció con la irrupción del IMV, salvo en algunas excepciones, pasando la mayoría de sus beneficiarios a cobrar automáticamente el IMV). Además, las cuantías del complemento anunciado, suponían una mejora respecto a la ayuda por hijo a cargo. 

Sin embargo, los precedentes de la gestión del IMV que han alcanzado a un porcentaje mucho menor del que se había planteado, que ha avanzado lenta y poco transparentemente, y que según denuncian las organizaciones, somete a las peronas a un estado de estrés y arbitrariedad, se cernían como una sombra sobre esta última propuesta.

Cuando en enero se puso en marcha la implementación del complemento, los integrantes de RMI Tu Derecho se encontraron con una desagradable realidad: las familias que soliciten esta ayuda, aunque no sean beneficiarias del IMV, tienen que hacerlo a través del mismo formulario, un documento complejo y hostil

Hontanares Arranz pertenece a RMI Tu Derecho, y lleva desde el 2020 apoyando a personas para que consigan completar todos los papeleos que exige el IMV, en un laberinto burocrático que no ha dejado de ser criticado desde su implementación. Cuando en enero se puso en marcha la implementación del complemento se encontró con una desagradable realidad: las familias que soliciten esta ayuda, aunque no sean beneficiarias del IMV, tienen que hacerlo a través del mismo formulario: un documento complejo y hostil, particularmente para quienes no tengan grandes competencias digitales. “El otro día estuve ayudando a una señora a hacerlo y yo decía no me lo puedo creer. El caso es que es la misma solicitud, porque en realidad las personas tienen que cumplir todos los requisitos del Ingreso Mínimo Vital a excepción del baremo”.

Fue también a finales de enero cuando Sara, madre de dos hijos, se enfrentó por primera vez al formulario, y a los rigurosos requisitos del IMV. Llegó ahí después de un tiempo investigando cómo acceder a la ayuda sin encontrar pistas, instrucciones precisas, o incluso cualquier tipo de respuesta por parte de las instituciones a las que contactó.

Después de invertir mucho tiempo y energía para recabar esa información, averiguó cómo actuar en una conversación con amigos y amigas. “Nadie te informaba o ninguna autoridad te informaba qué documento había que rellenar. En concreto tardaron bastante en afinar hasta que en una entrevista en Televisión Española, un responsable del ministerio de inclusión indicó que para solicitar la ayuda había que rellenar el impreso del Ingreso Mínimo Vital”. 

Pero la dificultad no iba a estar solo en la complejidad del formulario sino también en las peticiones de documentación. “Se está solicitando a nivel estatal el DNI de toda la familia, pero este requisito no es algo que requiera el INSS para sí mismo. En realidad es para poder presentar la declaración”, explica Esther Rodríguez, directora de Pedirayudas.org, donde acompañan y resuelven las mil dudas que surgen en torno a la solicitud de estas prestaciones.

“Para poder presentar la declaración no bastaría con el libro de familia, ya que este no incluye el número de identificación fiscal, aunque un solo NIF debería servir”. La vigilancia, apunta Rodríguez, se enmarca en “el control exhaustivo sobre los beneficiarios que lleva la seguridad social”. Un celo que se transforma muchas veces en suspensiones por errores administrativos al cruzar datos con hacienda, o en incesantes peticiones de documentación.

Sin saber aún qué se le iba a reclamar, Sara rellenó el formulario poco después de enterarse del cauce para solicitar la ayuda, ya a finales de enero. Pasaron casi dos meses hasta que tuvo noticias: tenía que aportar el DNI de todos los miembros de la familia junto con el libro de familia. “Mis hijos tienen cinco años y 14 meses. El mayor tiene DNI porque lo necesitamos para viajar, pero en realidad no tenía por qué tenerlo”. El pequeño, de hecho, carecía aún de documento de identidad. 

Desde ese momento empezaba la yinkana con cuenta atrás: para sacar el DNI por primera vez, es necesario conseguir el certificado de nacimiento en el registro y el de empadronamiento en el ayuntamiento. “Son citas y más citas, y una tercera cita para conseguir el DNI. Citas que ni siquiera son reales, pues con la pandemia el registro sigue sin atender presencialmente”. Sara tuvo suerte, pudo solicitar telemáticamente el certificado y le llegó en dos días, pero afirma conocer a gente que tuvo que esperar hasta 15 días, más de los 10 días con los que contaban inicialmente para subsanar la documentación. 

“Es un sindiós”, resuelve Arranz quien recuerda que algunas personas como Sara pueden afrontar esta gestión telemática para la que es necesario tener un certificado digital o similar “pero la mayoría de la gente con carencias económicas no tiene esa posibilidad. Por otro lado, te dicen que hay un horario de citas, pero es imposible obtener ninguna cita, con lo cual, como presencialmente no lo puedes hacer, pues estás atado de pies y manos”, sintetiza Arranz.

“Entiendo que si tu situación es muchísimo más precarizada, si trabajas 12 o 14 horas al día y encima tienes que hacer todos estos trámites para poder conseguir una cantidad irrisoria, mucha gente desistirá”

Sara no ha contado solo con la “suerte” de tener un certificado digital, sino también de vivir solo con su unidad familiar. A aquellas familias que comparten vivienda con otros individuos y familias se les solicita que muestren un certificado de exclusión que tramitan servicios sociales y organizaciones del tercer sector, para que el conjunto de las rentas de la vivienda no entre en el baremo. Sucede que en muchos casos estas familias no están en riesgo de exclusión por lo que  parece que “tengan que ir rogando a alguna ONG que les emita el certificado”. Problemáticas que se derivan, expresa Arranz, de hacer pasar a las personas solicitantes de este complemento por la ventanilla del IMV, una ventanilla que lleva dos años mostrando disfuncionalidades.

 Arranz detecta los mismos patrones que vienen denunciando con el IMV, criterios arbitrarios y “locos” que invitan a la gente a desistir, a quedarse por el camino. Sara comparte esa mirada y califica la medida de “propagandista y de cara a la galería”. Pues si bien ella ha encontrado el tiempo y ha mantenido la determinación de conseguir la ayuda, “entiendo que si tu situación es muchísimo más precarizada, si trabajas 12 o 14 horas al día y encima tienes que hacer todos estos trámites para poder conseguir una cantidad irrisorias, mucha gente desistirá”. Esta madre afea la falta de contundencia y universalidad de la propuesta “en un contexto de mucha necesidad. Cuando tener un hijo en España es un factor de exclusión, cuando el recibo de la luz no se frena y cuando hay una inflación del 9,6% en los productos básicos”. 

En el mismo sentido, Arranz se pregunta cómo en un país como España, con índices de pobreza infantil como los que tiene, se ha llegado a la desaparición de la única ayuda exclusivamente para la infancia que existía, la ayuda por hijo a cargo. “Entonces, para contrarrestar las consecuencias de quitar esta prestación se inventan eso”, unos complementos, analiza, que no dejan de ser un parche y que tampoco satisfacerán a la Comisión Europea o al Consejo de Europa, que han urgido al Estado a tomar medidas para combatir las alarmantes tasas de pobreza en la infancia.