COP26
El acuerdo global para revertir la deforestación, “luz verde para la destrucción de bosques”

Críticas de las organizaciones ecologistas al acuerdo, voluntario y no vinculante, firmado por cien países para frenar la deforestación de cara a 2030.
Campo de soja en la Amazonía
Frontera agrícola sudamericana.

Coordinador de Clima y Medio Ambiente en El Salto. @PabloRCebo pablo.rivas@elsaltodiario.com

2 nov 2021 12:15

Grandes anuncios y titulares se promulgan siempre en las cumbres del clima, aunque todos tienen su letra pequeña. Un centenar de naciones del mundo se ha comprometido a frenar la deforestación para el año 2030, en lo que ya se ha considerado el primer gran acuerdo de la Cumbre del Clima de Glasgow (COP26).

El plan supone una inversión de 10.300 millones de euros públicos, a ser aportados por una docena de países entre 2021 y 2025, además de otros 7.200 de inversión privada, con el fin no solo de frenar la pérdida de masa boscosa en el planeta, sino de revertirla mediante la restauración de amplias extensiones degradadas.

El acuerdo, que sustituye a la Declaración de Nueva York sobre los Bosques de 2014, ha sido firmado por los países que albergan el 85% de las masas boscosas del planeta, incluido el que se ha erigido en los últimos años como el gran devorador del principal pulmón del planeta: Brasil, una nación que no firmó la mencionada Declaración en 2014.

Hechos, no palabras

Más allá del titular, desde las organizaciones ecologistas se muestran escépticas, más cuando la Declaración de Nueva York tenía el objetivo de “reducir a la mitad la pérdida anual de bosques naturales para 2020 y esforzarse para alcanzar la cero deforestación en 2030”. Tal objetivo no se ha cumplido, ya que, según señala el informe Estado de los Bosques del Mundo 2020, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre 2015 y 2020 la tasa de deforestación global se estima en unas 10 millones de hectáreas anuales, frente a las 12 del lustro anterior. “Los nuevos anuncios sobre las cadenas de suministro parecen carecer de fuerza y es poco probable que reviertan los años de fracaso empresarial en esta materia”, remarcan desde Greenpeace.

“Hay una muy buena razón por la que Bolsonaro se sintió cómodo firmando este nuevo acuerdo. Permite otra década de destrucción de bosques y no es vinculante”, denuncia Carolina Pasquali

Desde posiciones ecologistas se muestran muy críticas con el hecho de que el acuerdo es voluntario y no vinculante, lo que puede hacer que quede en papel mojado como la anterior declaración, a pesar de que en esta ocasión Brasil sí ha firmado el documento.

“Hay una muy buena razón por la que Bolsonaro se sintió cómodo firmando este nuevo acuerdo. Permite otra década de destrucción de bosques y no es vinculante”, denuncia Carolina Pasquali, directora ejecutiva de Greenpeace Brasil. “Mientras tanto, la Amazonia ya está al borde y no puede sobrevivir a años más de deforestación. Los pueblos indígenas piden que se proteja el 80% del Amazonas para 2025, y tienen razón, es lo que se necesita. El clima y el mundo natural no pueden permitirse este acuerdo”.

Bolsonaro sigue en el poder

El nodo brasileño de la organización ecologista denuncia que las emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil aumentaron un 9,5% en 2020, impulsadas por la destrucción de la Amazonia y resultado de las decisiones políticas deliberadas del gobierno de Bolsonaro. “Teniendo en cuenta su historial, hay pocas posibilidades de que acate este acuerdo totalmente voluntario e impulse políticas que sitúen a Brasil en la senda del cumplimiento del nuevo compromiso. De hecho, actualmente está tratando de impulsar un paquete legislativo que aceleraría la pérdida de bosques”, denuncian.

Brasil es una de las naciones que amenaza con reventar las negociaciones de la COP26 si no se escuchan sus demandas de cara a sacar un acuerdo sobre el artículo 6 del Acuerdo de París, relativo a los mecanismos de carbono y los mercados de emisiones globales conforme a sus intereses. “Con este artículo, Brasil demanda la creación de herramientas de mercado para poder seguir desarrollando su política económica y de desarrollo aunque continúe con la deforestación del Amazonas”, denuncian desde Ecologistas en Acción.

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El paquete aprobado en el acuerdo tiene otras importantes lagunas, en opinión de los ecologistas, como la falta de medidas para reducir la demanda de carne y productos lácteos industriales, una industria que está provocando la destrucción de los ecosistemas a través de la producción ganadera y el uso de soja para la alimentación animal.
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“Hasta que no pongamos fin a la expansión de la agricultura industrial, empecemos a avanzar hacia dietas basadas en plantas y reduzcamos la cantidad de carne y lácteos industriales que consumimos, los derechos de los pueblos indígenas seguirán amenazados y la naturaleza seguirá siendo destruida, en lugar de tener la oportunidad de restaurarse y recuperarse”, señalaba la responsable de bosques de Greenpeace Reino Unido, Anna Jones.

Mínima fracción

A pesar de que, en el contexto de la COP26, se acaba de anunciar nuevos fondos a países con grandes zonas forestales, “las sumas que se presentan son una pequeña fracción de lo que se necesita para proteger la naturaleza a nivel mundial”, continúa Jones.

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Aunque el acuerdo menciona expresamente la necesidad de cuidar la cuenca del río Congo, el Gobierno de la República Democrática del Congo levantó el pasado julio la moratoria sobre nuevas concesiones de tala, por lo que a los activistas les preocupa que la oferta de nuevos fondos no esté supeditada al restablecimiento de la prohibición.

“El levantamiento de la moratoria pone en peligro un área de bosque tropical del tamaño de Francia, amenaza a las comunidades indígenas y locales y arriesga futuros brotes de enfermedades zoonóticas que pueden causar pandemias”, señalan desde Greenpeace África. “Con tanto en juego, cualquier nuevo dinero sólo debería ofrecerse al gobierno de la RDC si se restablece la prohibición de nuevas concesiones de tala”, finalizan.   

El acuerdo incluye el compromiso de los los países que representan el 75% del comercio global de productos vinculados a la pérdida de bosques de reducir la deforestación, así como el de los CEO de las 30 instituciones financieras del mundo de eliminar antes de 2030 todas sus inversiones relacionadas con la pérdida de masa boscosa.

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