Andalucía
El Gobierno añade otro frente abierto para el “decretazo” de la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional

La contestación al Decreto Ley 2/2020 de la Junta ‘de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía’ ha tenido un recorrido más allá del rechazo expreso de decenas de organizaciones de diferentes áreas por el alcance de las modificaciones que conlleva para 21 leyes y 6 decretos de ámbito autonómico. Desde el mismo día de su convalidación por la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía han arreciado los anuncios de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, tanto por su contenido como por la forma en la que ha entrado a formar parte del ordenamiento jurídico andaluz.

En la propia sesión de la Diputación Permanente, los portavoces de los  grupos parlamentarios Socialista y de Adelante Andalucía ya avisaron de que iban a presentar sendos recursos de amparo ante el TC por considerar que su convalidación en este ámbito, en lugar de en sesión plenaria, vulneraba el derecho a la participación de los parlamentarios a participar en los asuntos públicos. Después, un conjunto de 80 organizaciones sociales, ecologistas y sindicales solicitaban formalmente al Defensor del Pueblo de España que elevase otro recurso ante el Constitucional; en este caso, porque dichas organizaciones estiman que el calado de las modificaciones requiere que se hagan a través de un Proyecto de Ley que permitiría la participación de la sociedad civil en su elaboración. Este mismo martes, el PSOE-A ha anunciado que 50 senadores socialistas van a interponer otro recurso de inconstitucionalidad.

Ya esperada, pero con la prudencia de contar con el dictamen favorable del Consejo de Estado para su confirmación —solicitado el martes 14 de abril—, el Gobierno de España abre una nueva vía para que el Constitucional anule los cambios legislativos. Además, pide la suspensión cautelar por “por la ausencia de extraordinaria y urgente necesidad y porque los perjuicios que pueden producirse por su aplicación pueden ser de imposible reparación y también por su relevancia al no incidir en el ejercicio de los derechos de sus ciudadanos”.

El anuncio de la portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, circunscribe este recurso a la invasión de competencias, por la vulneración de la propia Constitución y de normativas de ámbito estatal. 

Los artículos de la controversia para el Gobierno

En concreto, el recurso se plantea contra el artículo 13 del decreto, que en su redacción indica que “en relación con determinadas actuaciones sobre inmuebles que los particulares u otras Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en el entorno de los bienes de interés cultural así como en determinadas tipologías de estos bienes, al objeto de eliminar la preceptiva autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, siempre que estas actuaciones impliquen una intervención mínima”. Según ha expuesto Montero, además de modificar otro artículo de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, “el Gobierno considera que esta regulación vulnera la competencia estatal en la defensa de bienes culturales contra la expoliación”, prevista en el artículo 149 de la Constitución.

Otro de los apartados del decreto-ley de simplificación administrativa es el relativo a la articulación de los medios de comunicación locales de titularidad pública. La Ley Audiovisual de Andalucía, aprobada por unanimidad en octubre de 2018, era explícita en excluir la gestión privada de los medios de este tipo. El decreto y su convalidación hizo levantar la voz a entidades representativas de estos medios públicos y de periodistas y comunicadores —andaluzas y de carácter estatal— , además de organizaciones de diferentes ámbitos; entre estas entidades se encuentran FAPE y varias asociaciones adheridas en Andalucía, CPPA, SPA o EMA-RTV, entre otras.

Sin embargo, las competencias estatales sobre Telecomunicaciones y Medios de Comunicación Social que el Gobierno considera vulneradas se sitúan en la derogación de “la prohibición de inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial o audiovisual en emisiones de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual que carecen del titulo preceptivo o que no han cumplido el deber de comunicación previa”. En este aspecto, incluso la AERC —asociación que aglutina a las principales cadenas de radio comerciales— se había manifestado en una posición similar.

Antes de dar paso a Nadia Calviño en la rueda de prensa, la portavoz del Gobierno de España ha tendido la mano a Gobierno andaluz a la negociación y poder resolver esta controversia, previa adecuación del decreto de simplificación administrativa al ámbito de las competencias estatales. Posteriormente, tras la reunión del Gabinete de Crisis del Gobierno andaluz, su vicepresidente, Juan Marín, ha respaldado esa voluntad negociadora y ha añadido que agradecen al Ejecutivo central “que considere que el 95% de todas las modificaciones del decreto sean correctas”.

50 senadores socialistas van a presentar un nuevo recurso de inconstitucionalidad

En rueda de prensa telemática, el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha anunciado que representantes por su partido en el Senado van a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley andaluz. Lo harán cuando “queden habilitados los plazos administrativos actualmente suspendidos del Tribunal Constitucional por el estado de alarma”.

Manuel Jiménez Barrios (PSOE-A): “La vía utilizada del decreto ley no se ajusta en este caso a las circunstancias extraordinarias y de urgente necesidad, ni atiende a las diversas interpretaciones que en dichas circunstancias ha hecho el Tribunal Constitucional”

Serán 50 de estos senadores —número mínimo que establece la Constitución para que un recurso de este tipo pueda ser elevado desde la Cámara Alta— quienes van a llevar a cabo esta iniciativa “en nombre del PSOE de Andalucía”. Según Jiménez Barrios, la vía utilizada del decreto ley “no se ajusta en este caso a las circunstancias extraordinarias y de urgente necesidad, ni atiende a las diversas interpretaciones que en dichas circunstancias ha hecho el Tribunal Constitucional” y este va a ser el argumento para el nuevo recurso presentado por los legisladores socialistas.

En este sentido, el portavoz adjunto de los parlamentarios socialistas andaluces ha cuestionado que la situación generada por el covid-19 y sus consecuencias económicas y sociales sean argumento para utilizar mecanismos de urgencia para todos estos cambios normativos y cuestiona que una resolución del Parlamento de Andalucía pueda otorgar a la Diputación Permanente la potestad de convalidar decretos leyes. “Es una chapuza jurídica”, ha apostillado Jiménez Barrios.

Cuestionamiento de la constitucionalidad del decreto desde su convalidación

Los recursos ante el Tribunal Constitucional —al menos su anuncio— partían del ámbito autonómico ya desde el día 2 de abril, en el transcurso de la misma sesión de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía en la que PP, Cs y Vox votaban a favor de convalidar este decreto. Precisamente, el hecho de que se convalidase este decreto-ley 2/2020 en el “Órgano al que corresponde velar por los poderes de la Cámara cuando el Parlamento no esté reunido por vacaciones o por haber expirado el mandato parlamentario y hasta que se constituya el nuevo Parlamento”, como establece la propia Cámara legislativa, fue el que plantearon los portavoces de los grupos Socialista y de Adelante Andalucía para advertir que iban a elevar un recurso de amparo al TC.

Consultado entonces por este medio, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y antiguo letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, explicaba que “la Diputación Permanente es una figura excepcional, que se utiliza de tal manera que restringe mucho los derechos de los grupos parlamentarios”. Urías añadía que el estado de alarma “no debería suspender el funcionamiento del Parlamento. Más bien, lo contrario. Durante el estado de alarma las Cortes controlan al Gobierno central y el Parlamento de Andalucía debería estar controlando al Gobierno andaluz” y que, por tanto, “no tiene sentido que se haya suspendido todo el funcionamiento del Parlamento de Andalucía” utilizando para ello a la Diputación Permanente.

Rechazo social al “decretazo” de la Junta de Andalucía

Jose A. Cano

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Jose A. Cano

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Ecologistas, sindicatos, consumidores, pymes y expertos en Derecho lamentan el contenido del decreto-ley convalidado en el Parlamento andaluz que modifica 27 normas y reduce controles en sectores sensibles.

La portavoz adjunta del grupo de Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico recordó en esa sesión que habían solicitado previamente un informe jurídico a los letrados de la cámara y que tras ese informe “aún tenían más dudas”. Aguilera advirtió, al inicio de su intervención, que su grupo parlamentario iba a “tomar todas las medidas necesarias, incluido un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por entender que la convocatoria de la Diputación Permanente conculca el artículo 23 de la Constitución Española relativo al derecho a la participación en los asuntos públicos de los diputados”. La portavoz de Adelante añadía a continuación, dirigiéndose a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, que “reducen la actividad parlamentaria a convalidación de decretos y comparecencias y nosotros tenemos la incapacidad, incluso, de traer al presidente de la Junta de Andalucía a esta Cámara”. 

Ángela Aguilera (Adelante Andalucía): “La convocatoria de la Diputación Permanente conculca el artículo 23 de la Constitución Española relativo al derecho a la participación en los asuntos públicos de los diputados”

En la misma sesión de la Diputación Permanente, el portavoz adjunto del grupo socialista, Manuel Jiménez Barrios, también anunció un recurso ante el TC por parte de de su grupo y cuestionó la urgencia del decreto-ley con un ejemplo, en lo relativo al permiso a las grandes superficies a para que puedan abrir más días festivos, que se irá ampliando de forma paulatina hasta 2022: “¿Dónde está la urgencia, si son tres años para aplicarlo?”.

Precisamente, el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, argumentó en esa sesión del 2 de abril que “hace apenas dos semanas ya vislumbramos que esta norma podría ser un instrumento para a reactivación de la economía frente al covid-19, pero no conocíamos entonces la magnitud que esta crisis sanitaria llegaría a representar para toda la Eurozona y, por ende, para nuestra economía”. Por ello, Velasco solicitaba “valorar más, si cabe, la necesidad de contar con una mejor regulación económica como la que representa este decreto-ley, por lo que puede suponer para los andaluces en términos económicos y de recuperación”. Sin embargo, se trata de un decreto-ley de 9 de marzo, publicado en el BOJA el día 12. A ello, hay que sumar el tiempo de elaboración y redacción del decreto.

Fruto del anuncio del Gobierno de España en cuanto al recurso de inconstitucionalidad, y tras la reunión del Gabinete de Crisis mencionado anteriormente, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha indicado que el Consejo de Gobierno va a llevar el decreto al Parlamento de Andalucía, cuando se recupere la actividad ordinaria, para que sea ratificado. Este cambio de criterio puede suponer también un cambio respecto a los recursos de amparo por parte los grupos parlamentarios Socialista y de Adelante Andalucía. Fuentes consultadas de esta última formación indican que la presentación del recurso se iba a hacer efectiva estos días, pero que aún no pueden confirmar ningún extremo.

80 colectivos suscriben una petición para que el Defensor del Pueblo Español interponga otro recurso de inconstitucionalidad

El día 16 de abril, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía remitía un escrito al Defensor del Pueblo de España, Francisco Fernández Marugán, en el que solicitan “que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020 aprobado por el Parlamento de Andalucía”. Dicho escrito cuenta con las adhesiones de organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, profesionales... hasta sumar 80, además de otras 90 a título individual.

APDHA: “El Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprovechado el estado de alarma para justificar una batería de medidas en la que, como el mismo decreto reconoce, lleva trabajando desde hace más de un año y que nada tiene que ver con la crisis sanitaria que vivimos”

Argumentan, además de las ya citadas vulneraciones de competencias estatales, que “en realidad, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprovechado el estado de alarma para justificar una batería de medidas en la que, como el mismo decreto reconoce, lleva trabajando desde hace más de un año y que nada tiene que ver con la crisis sanitaria que vivimos”. En el comunicado, se cuestiona que muchas de las medidas adoptadas en el sector audiovisual, medioambiental o patrimonial tengan relación con la reducción del impacto económico y social de la crisis sanitaria, “sino que van producir el efecto contrario”. Añaden que “el decreto abre la puerta a provocar importantes daños medioambientales, territoriales, sociales, sanitarios y de patrimonio histórico, y a fomentar, entre otras cosas, la especulación urbanística y la privatización de servicios públicos”.

Destacan estas organizaciones que “el número y la importancia de las normas modificadas, se debería haber tramitado a través de proyecto de ley y no mediante decreto-ley, utilizado para evitar una fase de información pública para organizaciones interesadas e implicadas”. La elección de acudir al Defensor del Pueblo es porque la Constitución le reconoce la potestad para presentar recursos de inconstitucionalidad. Fuentes de APDHA consultadas en la tarde de este martes indican que aún no han recibido respuesta a esta petición.