Pobreza energética
Movilizaciones contra las eléctricas en más de 30 ciudades por la subida de la luz

La crisis de la factura de la luz no se acabó con el plan de choque lanzado por el Gobierno el pasado 14 de septiembre. Si a alguien le quedaba alguna duda, solo hay que mirar cómo ha evolucionado el precio de la luz desde entonces. 

Las medidas han reducido algunos conceptos que pagan los ciudadanos en el recibo de la electricidad, pero la espiral alcista de los precios de la energía en el mercado mayorista han anulado gran parte del efecto alivio que buscaban las medidas del Gobierno. 

El plan de choque del Gobierno no consigue abaratar el recibo de la luz de septiembre

Redacción El Salto

Pobreza energética

Pobreza energética El plan de choque del Gobierno no consigue abaratar el recibo de la luz de septiembre

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La aumento de los precios internacionales de los combustibles y el boicot de las empresas eléctricas hacen que las medidas del Ejecutivo no sean suficientes para contener la factura de la luz.

Según el análisis de Facua, una familia media tendrá que pagar 102 euros de media en septiembre, un 53,8% más que hace un año. Pese al plan de choque, los hogares tendrán que pagar este mes diez euros más que en agosto, según el análisis de Facua.

Este miércoles 6 de octubre, el precio de la luz en el mercado mayorista volvió a marcar un nuevo récord histórico al situarse en los 228,59 euros el megavatio hora (MWh), un 12,2% más que el martes, según el ente ibérico regulador del mercado eléctrico. En la franja horaria más cara, el precio llegará a los 260 euros el MWh. Y en la más barata, a 192,3 euros, cuando la media de 2020 apenas superó los 40 euros. 

Sobre una base creciente de descontento por unas medidas que no bastan para reducir la factura, cayó la noticia del desembarco del exlíder del PSOE madrileño Antonio Miguel Carmona a la vicepresidencia de Iberdrola España. Un nuevo caso de puertas giratorias que se suma a un largo historial de connivencia e intereses cruzados entre altos cargos políticos y las grandes empresas eléctricas. Tres presidentes de Gobierno, 20 ministros y decenas de secretarios de Estado pasaron de diseñar la política energética del país que dio todo el poder al oligopolio formado por Endesa, Iberdrola y Naturgy a cobrar millonarios salarios en sus Consejos de Dirección.

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El pulso entre el Gobierno y las eléctricas no se ha relajado desde que el Foro Nuclear amenazara con un cierre adelantado y desordenado de las centrales. El 29 de septiembre, Iberdrola anunciaba la paralización de diversos proyectos asociados a nuevas instalaciones de energía renovable hasta evaluar el impacto de las medidas del Gobierno. Y seis días después, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, acusaba al Ejecutivo de “intervencionismo terrorífico” y amenazaba con paralizar las inversiones.

Más allá de las amenazas y ciertos movimientos empresariales para presionar al Gobierno, la acusación más grave que pesa sobre las eléctricas es la manipulación de los precios en un mercado energético que controlan

Más allá de las amenazas y ciertos movimientos empresariales para presionar al Gobierno, la acusación más grave que pesa sobre las eléctricas es la manipulación de los precios en un mercado energético que controlan. Lo denunciaba Facua, al señalar el “desafío abierto” de las grandes empresas eléctricas, que “están inflando los precios a más no poder”, en palabras de su portavoz Rubén Sánchez. También el autor de Adiós petróleo e integrante de Nuevo Modelo Energético, Jorge Morales de Labra, denunciaba el papel de las hidroeléctricas —en manos de las mismas empresas que controlan las nucleares, las centrales de ciclo combinado y la mayoría de las renovables— en el aumento del precio de la luz. 

Desde que entraron en vigor las medidas del plan de choque se ha producido, detalla, una “fuerte reducción de la producción hidroeléctrica gestionable”, algo que no puede significar más que un “órdago al Gobierno” por parte del oligopolio. Según este experto en el mercado eléctrico, “las eléctricas utilizan los medios (al menos, algunos medios) para su guerra particular difundiendo información que estos no contrastan”, dijo en relación a la noticia difundida en varios portales de que el plan de choque estaba dejando fuera a las energías eólica y fotovoltaica.

O con #Camona o con la gente.
💡El miércoles 6 de octubre participa en las movilizaciones convocadas. Basta ya de abusos por parte de las #eléctricas.

¡¡A la calle!! ✊🏽#6octPrimerolaGente pic.twitter.com/TSpQ4cQaQW

— José Manuel Ferradás 🔻 (@josemanuelferra) October 3, 2021

Indignación ciudadana

Desde finales de septiembre, cuando ya era innegable que el plan de choque no era suficiente para alcanzar el objetivo de que los consumidores paguen lo mismo que en 2018, una convocatoria anónima y descentralizada fue ganando fuerza. Este 6 de octubre a las 19h, han sido convocadas más de 30 concentraciones frente a las sedes de las eléctricas para exigir el fin de los abusos cometidos por estas empresas y “exigir medidas contundentes para bajar el precio de la luz y una regulación democrática del mercado energético”.

“Con sus declaraciones, las eléctricas ponen de manifiesto que llevan mucho tiempo aprovechándose de su impunidad, haciendo y deshaciendo a su antojo. Llevan años comprando a altos cargos de los Gobiernos de turno que luego terminaron en un sillón de sus Consejos de Administración. No podemos consentir que unas pocas empresas estén por encima de la constitución”, dicen en su manifiesto. 

“Las eléctricas llevan años comprando a altos cargos de los Gobiernos de turno que luego terminaron en un sillón de sus Consejos de Administración. No podemos consentir que unas pocas empresas estén por encima de la constitución”, dicen en su manifiesto

Mientras tanto, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reunía con las organizaciones de consumidores en el marco de una consulta pública entre asociaciones y empresas. Entre sus principales reivindicaciones de estos colectivos figura la ampliación y simplificación del bono social, que actualmente “solo llega al 30% de sus potenciales beneficiarios”. Desde Facua, reclaman al Gobierno que imponga durante seis meses un descuento del 50% en la factura eléctrica, una medida que no contraviene las directivas europeas y que favorecería a la inmensa mayoría de hogares, excluyendo a aquellos con las rentas más altas.