El conflicto es recurrente en las zonas deprimidas económicamente y con explotaciones de recursos naturales: ¿Crear puestos de trabajo o dejar de arruinar la biodiversidad de una zona devastada medioambientalmente? A nivel teórico, resulta complejo hilar soluciones que satisfagan ambas expectativas. En la práctica, es casi imposible. La mina de Penouta, en el Ayuntamiento ourensano de Viana do Bolo, no es ninguna excepción en esa dualidad. Lo es, en cambio, en lo que allí se busca. Es la única mina de la que se extrae coltán en toda Europa.

A pesar de los intentos de la Xunta y de la multinacional canadiense Strategic Minerals de anular la paralización cautelar que ha impuesto el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ni unos ni otros lo han conseguido con argumentos prácticamente indiferenciables. Por ahora, allí no se moverá una piedra. La Justicia gallega así lo ha decidido a petición de Ecoloxistas en Acción que ha impugnado la autorización para operar en los términos en los que el Gobierno gallego aceptó seguir sacando minerales allí: “Ante la mera posibilidad de que se produzca un daño irreparable o de muy difícil reparación, debe prevalecer la suspensión de la ejecución de la actividad que puede producir ese riesgo, al ser prevalente el interés general de mantener indemnes esos espacios públicos”.

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Aunque las potencialidades de la mina fueron descubiertas a comienzos del siglo XX, el periodo de mayor intensidad de explotación se llevó a cabo entre los años sesenta, setenta y comienzos de los ochenta donde se llegaron a extraer cerca de un millón de toneladas de diferentes minerales, pero principalmente granito y wolframio según el testimonio documental del Instituto Geológico y Minero del Estado español. Era otro tiempo, existían otras necesidades y las medidas de protección del medioambiente brillaban por su ausencia. Y de aquellos polvos, estos lodos. La mina fue abandonada en 1987 sin su respectiva restauración posterior a pesar de ser de propiedad estatal en aquel momento. Tras ello y extinguidas las concesiones y la responsabilidad por los pasivos ambientales, en 2013 la Xunta de Galicia concedió una autorización para reprocesar balsas y escombreras de la mina abandonada, aunque los trabajos no empezaron hasta 2018. Pero en 2020 se suspendió la actividad. Mientras tanto, la empresa estaba tramitando los permisos para una nueva mina a cielo abierto, que se concedieron en 2022 y que la Justicia acaba de paralizar.

La empresa canadiense Strategic Minerals, operadora de la mina de Penouta, ha expresado su “total disconformidad” con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TXSG) de mantener la suspensión cautelar de la mina. En un comunicado dirigido a los medios, la compañía ha confirmado su intención de apelar la decisión. Strategic Minerals rechaza el contenido del auto emitido por el alto tribunal gallego el 1 de diciembre, que ratificó la suspensión cautelar de la mina, decidida en septiembre y previamente desestimó los recursos presentados tanto por la empresa como por la Xunta. El comunicado señala que el auto, notificado a Strategic Minerals el miércoles, confirma la paralización de la explotación y vuelve a dar la razón a Ecoloxistas en Acción, al tiempo que advierte sobre posibles omisiones en la tramitación administrativa del proyecto minero.

Consenso político de izquierda a derecha a favor de la mina

La medida cautelar que ha adoptado el TSXG a instancias de los argumentos medioambientales esgrimidos por Ecoloxistas a enfrentado a trabajadores, algunos vecinos y todos los partidos políticos con representación con los activistas. El consenso desarrollista va de izquierda a derecha sin apenas matices. Tanto el Partido Popular, que gobierna el Ayuntamiento de Viana do Bolo, como la oposición, formada por el BNG y el PSdeG, rechazan categóricamente que se deje de explotar la mina en una zona económicamente deprimida y en pleno proceso de despoblación que, aunque con diferencias de clase, se mueve entre el 4% y el 33% de la población más pobre de Galicia en renta per cápita, según el Instituto Español de Estadística, y señalan a las “casi 200 familias” que se verán afectadas directa e indirectamente por el cese de la actividad. Y entre los sindicatos que forman parte del comité de empresa también hay unanimidad: tanto Comisións Obreiras como la CIG claman por mantener abierta la explotación minera a cielo abierto.

“No parece de recibo querer cambiar puestos de trabajo por veneno en el agua”, sentencia Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas en Galicia a propósito de las posiciones unánimes de los representantes políticos de la zona. “Se empeñan en alabar bondades de lo que llaman oro negro, pero ni nos hablan de porcentajes ni de calidad ni de la perdurabilidad en el tiempo. Cuando dejen de explotar la mina en 30 años, la multinacional se marchará pero la contaminación se quedará durante mucho más tiempo en recursos fundamentales como el agua”, lamenta López. Aunque albergan esperanzas en que el TSXG y el Supremo mantengan la misma línea de argumentación, en Ecoloxistas son escépticos sobre el futuro: “Nosotros nunca ganamos. Como mucho, volvemos a la casilla de salida”. Mientras la Justicia paraliza un proyecto de explotación, la empresa y la Xunta preparan otro nuevo que probablemente se autorice hasta que se vuelva a impugnar y así sucesivamente. O al menos así proceden las multinacionales mineras en Galicia y en todo el planeta con más o menos restricciones por parte de las Administraciones. 

En esa línea, la tesis que sostienen desde la organización ecologista se basa en cómo este tipo de corporaciones trasnacionales fundamentan su negocio en la “especulación” con las potencialidades mineras: “Con una autorización ambiental favorable y un proyecto de explotación sus acciones suben en bolsa”. O consiguen subvenciones públicas que mantienen la liquidez de la empresa para hacer prospecciones aunque lleguen o no a buen puerto, como está pasando paralelamente en el monte Galiñeiro (Pontevedra) o en Campo de Montiel (Ciudad Real).

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Expedientes sancionadores de la Confederación Hidrográfica

Históricamente, la mina ha sido responsable de la contaminación por metales pesados en arroyos y ríos cercanos. Una situación medioambiental crítica que persiste hasta el momento. Los niveles de arsénico, cadmio, plomo y mercurio superan los límites legales en diversos arroyos, como Treita de Cortiñas, Rego de Valdafranca y Rego dos Corvos, todos ubicados dentro de los límites de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Pena Trevinca en la Rede Natura 2000. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha abierto múltiples expedientes sancionadores a la empresa minera desde el inicio de sus operaciones en 2018 vinculados a vertidos contaminantes sin arreglo a la ley.

Y viene de largo. En 1975, un fallo crítico en la presa de lodos resultó en una catástrofe ambiental que causó una grave contaminación de las tierras agrícolas. Las balsas de lodos han ocasionado incidentes periódicos de contaminación, llegando incluso a interrumpir el suministro de agua potable en la localidad de Viana do Bolo. El más reciente hace apenas tres años. La mina de Penouta, advierten los ecologistas, “es un gran foco de contaminación por metales pesados de los arroyos cercanos a Pena Trevinca, en la Red Natura 2000”. Esto se debe a las características geoquímicas del yacimiento, pero sobre todo a la falta de cumplimiento por parte de las sucesivas concesionarias y de la administración de sus obligaciones en materia de restauración del espacio afectado por las actividades mineras.