Migración
2019, un mal año para las personas que migran

Expulsar a 52.000 inmigrantes ilegales de Andalucía. Eso exigía Vox cuando hace un año iniciaba su periplo institucional tras obtener 12 escaños en el parlamento andaluz. Desde la posición de fuerza que le ofrecía tener en sus manos las llaves de un gobierno del popular Juan Manuel Moreno Bonilla, tras cuatro décadas de PSOE al frente de la Junta, este requerimiento, el de la expulsión de miles de seres humanos, aparecía en un documento de propuestas para una eventual negociación difundido el 8 de enero. En el mismo se exigía suprimir “las ayudas a los inmigrantes ilegales”, e “ilegalizar las organizaciones que (...) favorezcan la inmigración ilegal”.  

El guión poco ha cambiado para la ultraderecha a lo largo de un año en el que se ha conseguido afianzar el relato de la inmigración como un problema de seguridad, consolidando las derechas el eje migratorio como una línea de frente para recabar votos, alternando este fantasma con el frente del independentismo catalán.

Términos como “avalancha migratoria”, imaginarios que asocian violencia sexual y migración, la insistencia en que las personas inmigrantes en situación irregular acaparan las ayudas sociales, la criminalización de las organizaciones de rescate y ayuda a las personas migrantes, o el continuo señalamiento a las personas musulmanas como fuente de problemas de convivencia, son pilares centrales en el discurso de los de Santiago Abascal, pero no solo de ellos. 

Partido Popular y Ciudadanos bajaron al barro para disputar los votos del miedo a la inmigración mientras intentaban parecer moderados, en ese esquizofrénico juego por el que tienen que compartir el discurso de la extrema derecha pero con formas menos ultramontanas. Casado no solo se dejó barba este año, arrancó 2019 pidiendo una inmigración regulada y con contrato desde Ceuta, resucitando el término “efecto llamada” para acusar al gobierno del PSOE de poca contundencia. Rivera se subió al carro de la inmigración selectiva —tan combinable con el racismo o la islamofobia— y defendió, en el primer debate electoral, privilegiar a los migrantes de países latinoamericanos.

Partido Popular y Ciudadanos bajaron al barro para disputar los votos del miedo a la inmigración mientras intentaban parecer moderados 

Las cosas no quedaron en lo discursivo en el campo derecho: en el acuerdo para los presupuestos de 2020 de Andalucía había un  punto en el que se señalaba la colaboración de la Junta con el Ministerio del Interior, aportando la información en poder de la primera para poder perseguir la inmigración ilegal. Pese a que se negase desde el Partido Popular que este punto supusiera la entrega de datos obtenidos en los servicios competencia de la Junta —colegios, hospitales...— a la policía, Vox reafirmó que aquel era el espíritu del acuerdo.

El presupuesto andaluz también detraía 600.000 euros a las organizaciones que apoyan a las personas inmigrantes. Este mismo lunes, en el Ayuntamiento de Madrid Vox dejó su firma personal consiguiendo restar más de 300.000 euros en políticas de apoyo a personas refugiadas. Así, el discurso antiinmigración se materializa en decisiones políticas que afectan a la vida de las personas migrantes, en un marco previo que no era precisamente idílico, con una ley de extranjería que dificulta el acceso a derechos de miles de seres humanos en el estado español, CIE que se siguen sustrayendo al escrutinio de los derechos humanos, y una política de frontera que da la espalda al marco de derecho internacional que ampara a las personas migrantes.  

Un capítulo aparte merece la gestión migratoria de quienes, presentándose como alternativa de izquierdas a ese discurso securitario, lo avalan en sus prácticas. Con el PSOE se normalizó la práctica de las devoluciones en frontera, se ahondó en el desmantelamiento de Salvamento Marítimo y se dificultó la labor de las organizaciones civiles de rescate.

Mientras en verano se deshojaba la flor de la gobernabilidad, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ignoraba el derecho marítimo que obliga a rescatar, supeditando el salvamento de inmigrantes, a tener una licencia para ello. Bajo ese razonamiento, el Open Arms, que por entonces llevaba varios días en la mar con 83 personas a bordo en condiciones extremas, debía afrontar una sanción. Pasaron 20 días hasta que el barco pudo atracar en Lampedusa por orden de un juez.  

Doctrina Salvini y otras cuestiones de la necrofrontera

El pasado 14 de septiembre, 82 personas rescatadas por el Ocean Viking desembarcaron en un puerto de Lampedusa. Llevaban seis días esperando, pero esta vez no hizo falta que un juez interviniera: Matteo Salvini ya no estaba en el gobierno aunque la normativa instaurada por él, que prohibía la entrada de barcos de rescate en aguas italianas, seguía vigente.  

El exvicepresidente, en la oposición tras una jugada política que le salió mal, había protagonizado un mediático pulso con la capitana del Sea Watch III, Carola Rackete, quien dirigió su barco en el que viajaban unas cincuenta personas rescatadas hacia el puerto de Lampedusa sin contar con la autorización del gobieno italiano.

Poco después del desembarco del Ocean Viking, Italia, Francia, Alemania y Malta se reunían en La Valeta, para acordar un pacto que facilitaría el reparto automático de personas rescatadas en el Mediterráneo central. Pacto al que Pedro Sánchez dijo que se sumaría a finales de noviembre. El pacto fue saludado como un avance, pero las organizaciones advierten de su alcance limitado y recuerdan que mientras Libia siga jugando un rol central en el control de flujos migratorios los derechos humanos de las personas migrantes se verán sistemáticamente vulnerados bajo el beneplácito de la Unión Europea. El recrudecimiento del conflicto interno no ha hecho sino profundizar en la situación de peligro en la que se hayan miles de seres humanos que intentaron llegar a Europa atravesando el país.

Entrar en la Unión Europea por el Este no es enfrentarse al mar ni a la situación libia, pero sí a condiciones infrahumanas en los saturados campos de refugiados griegos, o a los abusos y el frío en el camino que recorre el continente hacia el oeste.

Pocos meses antes de la caída de Salvini, en las elecciones europeas del pasado mayo, las fuerzas de la extrema derecha alcanzaban un máximo histórico, sumando 172 escaños, un resultado por debajo de lo temido que fue recibido con cierto alivio por el resto de fuerzas políticas. Los grupos, que son muy diversos entre ellos, tienen en común el discurso antiinmigración. Así, pocos meses después de que Europa se felicitase por el freno a los radicales de derechas, la flamante nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula Van Der Layen, anunciaba la creación de la cartera “Defender el modo de vida europeo”, que agruparía las políticas de seguridad e inmigración, junto a Educación y Empleo. Si bien la presidenta tuvo que reformular  nombre y contenido de la cartera como consecuencia de las críticas, el guiño ya estaba hecho. 

Así, la Unión Europea sigue concibiendo la migración como una cuestión de fronteras incrementando año tras año el presupuesto de Frontex y continuando con su política de externalización. Hace unas semanas, la Organización Internacional de las Migraciones cifraba en más de 1.200 las personas fallecidas en el Meditarráneo durante el 2019. Las organizaciones de derechos humanos recuerdan que el número esté probablemente muy por debajo de las víctimas reales pues nadie lleva la cuenta de quién se echa al mar. Caminando Fronteras que intenta hacer ese seguimiento en la Frontera Sur de España, recordó a las 655 personas desaparecidas en el Estrecho, en dos informes semestrales en los que calificaba al Mediterráneo de necrofrontera. 

El show contra los menores no acompañados

Lejos de señalar las amenazas que se ciernen sobre la vida de las personas que migran, este fue el año en el que se señaló a las personas que migran como amenaza, en especial a un colectivo: el de los niños y niñas que viajan solos. No importó el precedente de los ataques a centros de menores en Barcelona el pasado verano para disuadir a la extrema derecha de hacer campaña electoral contra su último chivo expiatorio cerca del centro de Macarena, en Sevilla.

Mientras, el centro de primera acogida de Hortaleza tuvo que soportar una concentración ultraderechista. Semanas después, una granada localizada en el interior del centro hizo saltar todas las alarmas. Durante las semanas de campaña electoral, al tiempo que el fascismo señalaba a su nuevo chivo expiatorio fueron varias las agresiones que se dieron contra jóvenes de apariencia extranjera. 

Ser inmigrante en el Estado español  

Ubicada la cuestión migratoria como amenaza a gestionar, poco lugar queda para los avances en derechos. La impugnación a una ley de extranjería que genera inseguridad vital a las personas que migran condenándoles a la irregularidad con la merma que esto supone en sus derechos aparecía a nivel estatal en los programas electorales de Unidas Podemos, partido cuyo nivel de apoyo se ha reducido en el último año y que ha tenido que atemperar su agenda política para optar a gobernar junto a un PSOE poco beligerante con un régimen migratorio que él mismo contribuyó a contruir, CIE incluídos. Tampoco ayuda a la hora de esperar un cambio el poco prometedor currículum socialista en cuanto a políticas de gestos. Haber sacado finalmente las concertinas de los muros de Ceuta y Melilla, casi al mismo tiempo que el aliado Marruecos coloca concertinas de su lado de la frontera, ejemplifica los límites de estos gestos.  

Sin derechos, las personas migrantes son víctimas fáciles de abuso y explotación: es el caso de las jornaleras que un año más volvieron a territorio español a hacer la temporada de la fresa, sin más derecho que a trabajar y totalmente dependientes de sus empleadores, en un modelo de inmigración regular, ordenada y temporal que parece ser el paradigma de migración deseada en el que las personas solo son fuerza de trabajo escasamente pagada que vuelve a su país cuando el empleador lo considera. Por otro lado, las condiciones de los trabajadores inmigrantes en situación irregular, hacinados en infraviviendas y a merced de los patrones, no parecen ser muy preocupante para quienes reclamaban cuotas de ilegales expulsados.

El afán por la regularización tampoco ha servido para agilizar el acceso a turnos que permitan avanzar en la consecución de papeles, o al menos renovarlos. El pasado octubre, colectivos migrantes denunciaban en Madrid la imposibilidad de acceder a citas de extranjería. Tampoco ser solicitante de asilo es fácil, este año fue el segundo en el que familias enteras se encontraron en situación de calle en Madrid mientras las administraciones se pasan la pelota.

A veces las administraciones no solo fallan sino que aprovechan la vulnerabilidad de las personas para incurrir en prácticas abiertamente criminales: es el caso de la operación Carioca, cuya instrucción ha revelado cómo funcionarios policiales de Lugo encargados de perseguir la trata, en coordinación con agentes encargados de los trámites de extranjería se confabularon para beneficiarse del negocio de la trata y tener acceso a mujeres a las que podían expulsar del país a voluntad.

Ex-menas, antirracistas y vecinas

Ante el panorama de criminalización y abandono de las personas migrantes no falta respuesta. No son pocas las personas migrantes que han contestado en las redes sociales y en los medios los discursos criminalizadores y el racismo. Más allá de las respuestas individuales, se evidencia la contestación colectiva en un año en el que una organización de exMena va tomado fuerza, en el contexto de un movimiento antirracista que lleva unos años afianzándose. Por otro lado, no han faltado las muestras y manifestaciones de apoyo a los menores migrantes, mientras que las redes de solidaridad han contestado una vez más, allá donde las administraciones se han desentendido. No dejan de ser organizaciones civiles quienes han seguido rescatando en el Mediterráneo, o acompañando y recordando a quienes cruzan el Estrecho.