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Visto para sentencia el “ERE político” de Indra

Esta mañana ha quedado visto para sentencia el ERE de la empresa del Ibex 35 Indra. El proceso de despido colectivo en una de las secciones de la empresa, Indra Sistemas, ha sido objeto de una demanda en la Audiencia Nacional por los sindicatos CGT y Co.Bas, que han pedido hoy que se declare nulo.

El expediente afectará a 1.750 trabajadores de la división de sistemas de Indra, que tienen en plantilla a más de 13.000 trabajadores. De prosperar el ERE, aproximadamente 200 personas serían recolocadas, a cerca de 150 se les plantearía una bajada de salario del 20% del sueldo y 1.400 serían despedidas.

Los sindicatos CC OO, UGT, USO y STC firmaron este proceso de despido colectivo que está previsto que finalice en diciembre de 2016, si la Audiencia no declara la nulidad del mismo. El interés de la empresa, señala Daniel Alzueta, secretario general de CGT en Indra Sistemas, explica que la empresa ha forzado hoy que el juez se avalen las causas del despido, de forma que este ERE se pueda extender a otras empresas del grupo, que cuenta hoy con más de 40.000 trabajadores.

Para CGT y Co.Bas no hay causa de ningún tipo, “como han desmentido los auditores”, dice Alzueta. La empresa justificó que se habían perdido 500 millones en concepto de “variaciones de existencias”, es decir contratos que no se iban a cobrar, pero los peritos de los sindicatos cuestionan que se hayan producido estas pérdidas que la empresa no ha podido demostrar hoy. Para Alzueta “no nos podemos fiar de que la empresa [Indra] diga la verdad, los sindicatos firmantes del ERE probablemente han sido engañados”.

En Goya, cerca de un centenar de personas se han manifestado durante la vista en la Audiencia del expediente, durante un paro de cuatro horas convocado en la empresa. Estos sindicatos recuerdan que Indra es una empresa que ha obtenido beneficios durante 18 años seguidos. Sólo en los meses previos a la presentación del expediente han aflorado “pérdidas” que parte de la plantilla cree ficticias y creadas ad hoc para presentar un ERE que CGT y Co.Bas califican como “político”.

¿Por qué político? El principal accionista de Indra es el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Desde julio, el Ministerio de Defensa ha encabezado un plan para la “limpieza” de Indra de su parte civil, proceso dentro del cual se sitúa este ERE. Pedro Morenés, impuso un cambio en la dirección y cesó al anterior CEO, Javier Monzón y otros altos directivos de la compañía, en un relevo que costó más de 40 millones sólo en indemnizaciones.

Vinculado al PSOE, Monzón consiguió mantener su puesto dada su amistad con el rey Juan Carlos, pero finalmente sucumbió a la entrada del PP en esta empresa estratégica, donde, según señala Alzueta, se obtienen contratos “millonarios y opacos” en virtud del llamado secreto militar. 

El Terminator de Telefónica

La entrada de en el grupo del hijo del exvicepresidente en el Gobierno de Adolfo Suárez, Fernando Abril Martorell, apodado “Terminator” por la plantilla, hizo saltar las alarmas de todos los trabajadores, que creen que en Indra se puede reproducir el esquema que ha funcionado en Telefónica, donde estuvo Abril Martorell, en materia laboral: la extensión del trabajo precario por medio de subcontratas y falsos autónomos. 

Como recuerda Alzueta, Abril Martorell es un liquidador de plantillas, y en su haber cuenta con 15.000 personas despedidas en empresas como Telefónica y Credit Suisse.

En este tiempo, Indra, que ha sufrido fuertes vaivenes en Bolsa, se ha visto rodeada por fondos de inversión y fondos buitre, que ya controlan el 12% de la empresa, según publicó en octubre Economía Digital. Desde los sindicatos se sospecha que se va a “malvender” parte de la empresa y estos fondos, Marshall Wace están situándose en los puestos de salida para un futuro desguace de las partes con menos valor añadido de la compañía, las apodadas “cárnicas” en las que los salarios ya están muy por debajo de las empresas con más garantías sociolaborales del grupo.

Pero para que el plan de Morenés y Martorell surja efecto, el ERE tiene que producirse antes de las elecciones. Así lo denuncian los sindicatos que no han firmado este expediente, quienes refieren que en la memoria de la empresa y en la documentación presentada a la mesa de negociación, Indra habla de que se genera una “incertidumbre a corto/medio plazo” porque el año electoral “va ofreciendo un panorama político escorado hacia ideologías de la izquierda”.

En el actual Consejo de Administración de Indra, además de Martorell –que estuvo en Telefónica y ha ocupado cargos en Aena, Ence y Prisa–, están también Adolfo Menéndez –en el Ministerio de Defensa y de Fomento durante las dos legislaturas de José María Aznar (1996-2004)–; el exministro de Trabajo y diputado Juan Carlos Aparicio. Indra también ha saltado a los medios por sus vínculos con las empresas de dos ilustres “hijos de” los presidentes Jordi Pujol y Felipe González.

Desde Co.Bas denuncian que la empresa “ha resuelto actuar como si fuera la dirección de un partido político que hace sus planes en función de un presumible resultado electoral”. El ERE, para este sindicato no obedece a causas “ni económicas, ni organizativas, ni de producción”. De hecho, explican desde CGT, los datos presentados ante la Audiencia Nacional no son los mismos que los que la empresa depositó en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.