Coronavirus
El Gobierno movilizará 117.000 millones de euros para frenar la caída de la economía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido tras el Consejo de Ministros para anunciar la inversión pública para “no dejar a nadie atrás”. En un discurso emotivo, grabado con plano medio, y no plano americano como ha aparecido en las anteriores comparecencias, Sánchez ha hablado del “shock” y el frenazo en seco de la economía española. “El Estado se hace cargo”, ha dicho Sánchez, antes de reclamar una colaboración por parte de otras fuerzas en movilización: empresarios, acreedores, trabajadores y sociedad civil. 

Sánchez ha adelantado que los próximos Presupuestos Generales del Estado serán de “reconstrucción social y económica”. El Gobierno moviliza cien mil millones para el tejido empresarial y 17.000 millones para gasto social, “el mayor esfuerzo de la historia democrática”, según Sánchez. La movilización es del 20% del PIB y se espera que la cantidad hasta 200.000 millones la disponga el sector privado. 

La pugna entre ministros y los distintos relatos sobre el compromiso social y político de esta crisis ha desembocado en un discurso en el que han sobresalido las cifras: el grueso se lo lleva una línea de avales para las empresas de hasta 100.000 millones de euros, avales que pondrá el Estado, que pretende frenar la sangría de despidos y garantizar la supervivencia del tejido empresarial, “para Pyme, especialmente”, ha recalcado Sánchez.

Evitar la destrucción de empleo es otro de los objetivos que el Gobierno marca como prioritario. Sánchez ha vuelto a apelar a los empresarios para que no despidan, aludiendo al carácter temporal de la crisis. “Esto pasará”, ha prometido el presidente. Para la fuerza de trabajo, el decreto, que será publicado en las próximas horas, garantizará que las personas que se vean afectadas por un Expediente Temporales de Regulación de Empleo sean beneficiadas por la prestación de desempleo, incluso quienes no alcancen el tiempo mínimo de cotización para optar al subsidio. El Estado pagará esas prestaciones mientras dure la crisis sanitaria. 

El paro acumulado, ha anunciado Sánchez, no restará a las personas trabajadoras su acumulado en la prestación por desempleo. Además, se plantean beneficios específicos para los trabajadores fijos discontinuos, a tiempo parcial y cooperativistas en materia de prestaciones por desempleo, sobre los que Sánchez no ha incidido en su comparecencia.

En el caso de los desempleados, se producirá una prórroga automática de las prestaciones por desempleo. Nadie perderá sus derechos por no poder acudir a las oficinas de empleo. Además, se establece el derecho al cuidado familiar para todos los trabajadores y trabajadoras sin que puedan ser sancionados o despedidos. Se permitirán reducciones de jornada incluso hasta el 100% o reorganización por cuidado de familiar de niños, niñas, abuelos y abuelas.

Las filtraciones de las deliberaciones del Consejo de Ministros ya habían avanzado otra de las medidas “sociales” del paquete aprobado hoy: se ha aprobado una moratoria en el pago de hipotecas a personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el Covid. “Ninguna persona perderá su vivienda; nadie será desahuciado”, ha prometido Sánchez. En la misma línea, el Gobierno ha aprobado hoy una moratoria en el pago de suministros básicos (agua, luz y gas) a colectivos vulnerables. 

El Gobierno dispondrá también un fondo de 300 millones de euros para reforzar la atención a personas mayores, sin techo y en residencias de mayores y dependientes. Los servicios sociales autonómicos y locales se van a regar con otros 300 millones de euros por medio de la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan usar su superávit si lo invierten en partidas de atención social; esto supone la primera gran grieta sobre la llamada Ley Montoro sobre administración local, una batalla perdida por Ayuntamientos como el de Madrid en el ciclo 2015-2019.

La comparecencia se ha centrado poco en cuáles son las consignas del Eurogrupo para solventar el más que posible incremento de las deudas soberanas de los países que han intervenido la economía durante esta crisis: Italia, Francia y España, en ese orden de más a menos, han planteado medidas anticíclicas en un contexto de volatilidad de los mercados. Sánchez ha avanzado que se limitará aún más el papel de inversores internacionales en los mercados españoles, para impedir que fondos de inversión se hagan con activos estratégicos para España pero ha esquivado la pregunta de si, como Emmanuel Macron, el Gobierno se plantearía incluso la nacionalización de determinadas empresas de carácter estratégico.