Catalunya
El precio por intentar frenar un desahucio en Barcelona: 18.030 euros en multas “mordaza”

Estela y su familia (su marido, sus hijos, un nieto de siete años y un familiar con un 65% de discapacidad) fueron desahuciados el 5 de octubre de una vivienda en alquiler donde residían desde hacía 15 años. Se quedaron en la calle en plena pandemia. Decenas de activistas del movimiento por la vivienda acudieron para defenderles en su portal, en la calle Còrsega 219 de Barcelona, un edificio de un gran propietario que, teóricamente —según el vigente marco legal de Catalunya—, está obligado a ofrecerle a Estela un contrato de alquiler social. Pero eso no ocurrió. Lo que sí ocurrió aquel día es que los Mossos d’Esquadra identificaron a decenas de activistas y, un mes después, cada una de ellas ha recibido una multa de 601 euros por desobediencia a los agentes de la autoridad en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. A día de hoy, el número de multas por intentar frenar con resistencia pasiva aquel desahucio asciende a 30. Un total de 18.030 euros que se niegan a pagar, explica Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres.

Catalunya vive desde el 14 de septiembre una oleada de desahucios: 443 órdenes judiciales de desalojo ejecutadas hasta el 23 de octubre, que han afectado a 1.211 personas, 463 de ellas niños y adolescentes. Y no existe la voluntad política de frenar la oleada, más bien al contrario. Ante el fuerte movimiento por la vivienda catalán, que se persona e intenta parar cada uno de ellos ejerciendo desobediencia civil, los Mossos d’Esquadra han iniciado una nueva estrategia para desarticular el movimiento a través de la aplicación masiva de la Ley de Seguridad Ciudadana. 

“Buscan atemorizar a la población para que no defienda a sus vecinas en desahucios, pretenden desarticular el movimiento”, alerta Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres

El Sindicat de Llogateres intuye que las multas en el desahucio de Estela no serán un caso aislado. “Ayer participamos en un desahucio en la calle Villarroel y volvieron a identificar a más de 50 personas y los Mossos les dijeron que les llegaría una multa por desobediencia”, explica Carme Arcarazo. “Buscan atemorizar a la población para que no defienda a sus vecinas en desahucios, pretenden desarticular el movimiento”, alerta. “Además, la Ley Mordaza otorga mucha discrecionalidad a los policías y, al ser una sanción administrativa en vez de un juicio, el efecto es muy rápido”, recuerda sobre esta polémica ley.

Arcarazo destaca también que en las últimas semanas los dispositivos policiales han incrementado la presión en los desahucios: “Ahora los Mossos se personan en el portal hasta seis horas antes de la orden de desalojo, cortan la calle, han usado gas lacrimógeno e incluso ha habido cargas policiales en el barrio del Carmel”. 

Tras conocerse la pasada semana el informe de la Unidad Antidesahucios del Ayuntamiento de Barcelona, la alcaldesa, Ada Colau, exigió al Gobierno del Estado una ampliación de las moratorias para impedir los desahucios en pandemia. El ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, había declarado días antes al conocer el desalojo de una familia con cuatro niños en Carabanchel (Madrid) que, “en teoría, los desahucios no están permitidos”, una afirmación incorrecta que la PAH se apresuró a desmentir.

“Es una paradoja que se ponga a disposición de los grandes propietarios presupuesto público para ejecutar un desahucio cuando el marco legal vigente defiende los derechos de los inquilinos sin alternativa habitacional, reconocidos por la ley 17/2019”, añade Carme Arcarazo

“Cuando el Gobierno dice haber parado los desahucios miente, y es increíble que centenares de familias hayan sido desahuciadas en plena pandemia en apenas cinco semanas”, resume Carme Arcarazo, quien quiere poner el foco en la “paradoja” por la que se pone “a disposición de los grandes propietarios presupuesto público para ejecutar un desahucio cuando el marco legal vigente defiende los derechos de los inquilinos sin alternativa habitacional, reconocidos por la ley 17/2019”, advierte la portavoz del Sindicat de Llogateres, en referencia a la obligación de los grandes propietarios de ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables, como la de Estela. 

“Un desahucio es una experiencia traumática y en Catalunya ya existe un marco jurídico para prevenirlos. La Conselleria de Territoris y los Ayuntamientos tienen la capacidad de sancionar a los grandes propietarios”, insiste la portavoz sobre la dejación política a este respecto. 

El dueño de la casa donde vivía Estela y su familia es Gustau García Guillamet. Desde el Sindicat indican que posee todo el edificio del número 219 de la calle Còrsega, así como el edificio colindante, por ello le consideran jurídicamente un gran propietario. Además de poseer dos edificios en el barrio del Eixample de Barcelona, García tiene una amplia trayectoria laboral en cargos de prestigio, como la presidencia del Consejo Regulador del Cava y como director territorial del Ministerio de Agricultura, añade el Sindicat de Llogateres.