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Alquiler
El Sindicat de Llogateres dobla el brazo al fondo de inversión Azora en una sentencia pionera
Un juzgado de Barcelona ha condenado la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos del fondo de inversión Azora. Se trata del primer juicio contra la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de alquiler.
Inquilinas e inquilinos de Azora en la localidad barcelonesa de Granollers.
Victor Serri
La vecina de Granollers (Barcelona) Sílvia Torres vio cómo el fondo de inversión Azora le duplicó a la inquilina el precio del alquiler después de que el banco que era su arrendador vendiese la finca a esta gestora. En concreto, las nuevas cláusulas de su contrato le imponían una actualización de la renta del 30%, lo que convirtió su piso de 690 euros en uno que, mediante la subida del IPC, se iba a situar en 1.100 en 2024. Ahora, un juzgado ha dado la razón a Torres, que junto al Sindicat de Llogateres de Catalunya y el despacho de abogados Col·lectiu Ronda, denunció las cláusulas abusivas en los contratos de alquiler firmados con Azora.
La sentencia considera abusivas y fraudulentas nueve de las diez cláusulas denunciadas como vulneradoras de derechos, según ha informado el Sindicat en la mañana del 16 de enero. Se trata del “primer juicio contra la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de alquiler y, por tanto, abre las puertas a cambiar el futuro de miles de personas que viven de alquiler y están allí afectadas”, explica esta organización en una nota de prensa.
Entre las cláusulas abusivas del contrato de Azora, destacaron dos: la del aumento de precio al cuarto año —la propiedad lo considera una “bonificación” durante los tres primeros años— y que no pudo contrastar el contrato con una tercera persona, ni poder negociarlo. Torres no pudo leer el contrato antes de la cita a puerta cerrada en las oficinas de Azora el día de la firma y tampoco pudo sacar el documento del despacho para consultarlo con una persona de su confianza —30 páginas que quería contrastar con su hermano, abogado laboralista—. Esas cláusulas contradicen la Ley de Arrendamientos Urbanos y otras de las que el juzgado ha declarado ilegales generan desequilibrios entre arrendador y arrendatarios.
Se trata de un golpe a la estrategia mercantil de Azora, el tercer propietario con más viviendas en alquiler en España —13.000, según las estimaciones— y casa madre de otras gestoras como Lazora, EncasaCibeles y Témpore Properties.
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Sindicato de inquilinos
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