Agresiones sexuales
Una jueza fuerza las visitas de una niña con su padre investigado por abusos sexuales y carga contra la madre

El juzgado número 2 de Puerto del Rosario ha denegado la suspensión del régimen de visitas de un padre con su hija, de 4 años, pese a que este está siendo investigado por abusos sexuales contra la niña. 

El auto que deniega la medida, solicitada tanto por la abogada de la mujer como por la Fiscalía, no valora la denuncia contra el padre por abusos —sobreseída el 8 de marzo de 2022 y reabierta el 25 de noviembre de 2022— y tampoco tiene en cuenta los informes que acreditan los posibles abusos sexuales y malos tratos, sino que señala el comportamiento de la madre, de quien dice que “presenta un constante estado de nerviosismo y una evidente dependencia de la menor”. 

Además, el auto, con fecha del 23 de marzo, le afea el haber aceptado previamente un régimen de visitas tuteladas con el progenitor —medida que ella aceptó cuando la alternativa era continuar el régimen normal o hacerlo bajo tutela— y ahonda en su valoración de la mujer, de cuya actuación dice que no es “ni coherente ni lógica”. “Llama la atención que hasta la fecha reciente no se haya interesado dicha medida por la acusación particular”, llega a decir la jueza, pese a que la madre y su representación han solitario medidas en varias ocasiones, al menos en otras dos —una en el juzgado de instrucción y otra en la Audiencia Provincial, tal y como explica la abogada y ha podido comprobar El Salto—.

Una jueza permite las visitas de un padre a su hija, investigado por agredir sexualmente a la niña

Sara Plaza Casares

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Violencia sexual

Violencia sexual en la infancia Una jueza permite las visitas de un padre a su hija, investigado por agredir sexualmente a la niña

Sara Plaza Casares

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Pese a la existencia de dos procedimientos en activo contra un padre por supuesta violencia sexual contra su hija y trazas de ADN de un varón en la ropa interior de la niña, un tribunal coruñés ordena la reanudación de las visitas.

Un estudio detalla cómo el sistema judicial castiga a las madres que denuncian abusos sexuales a sus hijos

La niña tenía dos años cuando se denunciaron los hechos

El origen de los hechos se remonta a octubre de 2021, cuando la niña tenía dos años. Entonces, la mujer acudió al Hospital General de Fuerteventura al observar en la niña, tras una visita con el padre, un moratón. La pareja se había separado hacía unos meses y la madre ya había observado con preocupación que la niña volvía de las visitas con irritaciones en la zona vaginal y anal.

El parte del hospital acredita no solo el golpe en un glúteo sino también un eritema en la pared vaginal. Es el propio hospital quien abre un protocolo por el que intervienen pediatra, policía judicial y forense. Se toman muestras a la niña y el propio hospital, siguiendo su protocolo, pone los hechos en conocimiento de las autoridades para que se abra una investigación.

Pese a la intervención inmediata de un equipo especializado en 2021, cuando un hospital inicia el protocolo de abusos, las visitas con el padre no se suspenden hasta pasado un mes, tiempo en que él la denuncia por incumplimiento del régimen de visitas

Pese a la intervención inmediata de este equipo especializado, las visitas con el padre no se suspenden hasta pasado un mes. A lo largo de ese mes, la madre se niega a entregar a la niña y él la denuncia por incumplimiento del régimen de visitas. En noviembre de 2021, un mes después, un auto constata la retirada de las visitas al padre. 

Pero estas medidas se esfuman cuando la causa por abusos queda sobreseída provisionalmente el 8 de marzo de 2022: el juez razona que no se ha encontrado ADN masculino en el cuerpo de la niña y no ordena ninguna prueba más para proceder al sobreseimiento. 

Durante los siguientes meses, la niña se ve forzada a ver al padre, en unas visitas de las que la pequeña vuelve con un serie de sintomatología acreditada en diversos partes médicos, mientras la madre sigue tratando de minimizar el contacto entre la niña y el progenitor. El 30 septiembre de 2022, le son denegadas de nuevo las medidas cautelares que había solicitado aunque en un periodo de siete meses comprendido entre julio de 2022 y febrero de 2023, el padre no se presenta a las visitas a las que tiene derecho.

El 25 de noviembre de 2022 se reabre la causa por abusos sexuales contra el hombre al poder aportar la acusación nuevos informe sin que ello redunde en una medidas de protección para la niña

El 25 de noviembre de 2022 se reabre la causa por abusos sexuales contra el hombre al poder aportar la acusación nuevos informe sin que ello redunde en una medidas de protección para la niña mientras dure la investigación. Es más, el 23 de febrero de 2023 se imponen las visitas entre el hombre y la niña tuteladas por un familiar de la mujer, por lo que su abogada solicita unas medidas urgentes: lo hace el 24 de febrero. 

Son estas las medidas que le han sido denegadas ahora por la jueza tras entrevistar a ambos progenitores. La jueza no menciona la mayoría de los informes aportados al caso, aunque sí hace alusión a dos documentos: uno es un informe de colegio que acredita un cambio de comportamiento en ella, si bien el centro no puede precisar a qué se debe este cambio, por lo que a la jueza no le parece relevante. El otro es un informe psicológico que, para la jueza, “carece de objetividad y de imparcialidad”.

Hasta seis informes 

Hasta seis documentos diferentes dan fe de los abusos sexuales o de los malos tratos físicos que sufre la pequeña, que hoy tiene cuatro años y que tenía dos cuando, en octubre de 2021, fueron denunciados los hechos.

En primer lugar, el informe del Hospital General de Fuerteventura que da lugar a la denuncia acredita la existencia de un eritema en zona de vagina y un hematoma lineal en glúteo izquierdo, en un informe de Urgencias que fue realizado en presencia del médico forense.

En segundo lugar, la acusación aporta un dictamen pericial de este hematoma, realizado por el Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses, donde el doctor responsable expone que “la morfología y la perduración de la esquimosis en el glúteo izquierdo hace compatible la generación de la misma a partir de un impacto con un elemento semirígido como un cinturón o una regla”.

En tercer lugar, la Audiencia Provincial da por probada la existencia de “al menos” tocamientos por parte del padre cuando ejercía el régimen de visitas que ambas progenitores tenían establecido.

Varios informes solicitados por la madre ante la inacción de las instancias judiciales a las que había acudido coinciden en señalar que  la niña rechaza al padre y que se debe investigar el caso

A esto se suman varios informes solicitados por la madre ante la inacción de las instancias judiciales a las que había acudido. Así, existe un informe psicológico de febrero de 2023 que detalla que “cada día que pudiera quedarse el padre con la niña aumentaría sin duda sus daños psicológicos que, a día de hoy, seguramente ya estarán presentes”. Este informe entiende que existen razones para proseguir la investigación de malos tratos y abusos sexuales.

La acusación aporta además un informe pericial gestual que coincide con lo señalado en el informe psicológico: “La menor muestra indicios de rechazo y animadversión hacia su padre” y “se recomienda a las autoridades competentes se inicien las investigaciones que se consideren oportunas ya que existe la posibilidad de que la integridad física y psicológica de la menor esté en riesgo”.

Violencia sexual contra la infancia: lo que dicen y lo que ocultan los datos

Patricia Reguero Ríos

Violencia sexual

Estadística Violencia sexual contra la infancia: lo que dicen y lo que ocultan los datos

Patricia Reguero Ríos

Expertas advierten de que los datos que se conocen sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes son fragmentarias. Lo que se sabe: las sufren uno de cada cinco, apenas se denuncia y persiste la violencia sexual intrafamiliar.

Un tercer informe pericial de evaluación de mecánica de heridas en tejido blando concluye que la niña presenta morfologías de lesión por fricción sin lubricación en la zona anal y vaginal, heridas “compatibles con un posible abuso sexual”.

“El juzgado ha realizado ningún tipo de diligencias”

Sara Rodríguez Riley, abogada de la madre, no se explica cómo se han podido denegar las medidas que pedían cuando el Ministerio Fiscal estaba a favor de esta suspensión, porque se cumplían todos los requisitos tanto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como del Código Penal, y con toda la documentación aportada.

Tampoco entiende la argumentación de la jueza, que en lugar de analizar la documentación decide entrevistar a ambos progenitores, y que muestra poco conocimiento del caso como demuestra la afirmación de que la madre no había solicitado medidas con anterioridad.

A pesar de la reapertura del caso por abusos sexuales, las únicas pruebas que se han solicitado son las que ha pedido la acusación, lamenta la abogada de la madre

Sobre la causa por abusos sexuales, reabierta gracias a la Audiencia Provincial, asegura que en ningún momento “el juzgado ha realizado ningún tipo de diligencias para poder comprobar si esto se estaba dando”.

La abogada ha presentado un recurso de apelación en la Audiencia Provincial por la denegación de las medidas urgentes que pedían. Mientras, esperan que se investiguen los abusos sexuales a la niña, aunque en esto la abogada también señala a la justicia. “Estamos a la espera, aunque las únicas pruebas que se han solicitado son las que hemos pedido nosotros como acusación particular porque, a pesar de la reapertura, ni siquiera el juzgado ha entendido que tiene que realizar algunas de las pruebas de oficio”.

Prejuicios machistas contra las madres

Pese a que la jueza de Fuerteventura no utiliza las palabras “alienación parental”, el auto que deniega las medidas pedidas para proteger a la niña es un ejemplo de cómo se juzga a las madres en base a los estereotipos machistas del falso Síndrome de Alienación Parental, como denuncia el estudio Violencia institucional contra las madres, presentado recientemente.

Según este estudio, la mayoría de las madres que denuncian agresiones sexuales intrafamiliares por parte de los progenitores a sus hijos e hijas se ven envueltas en procesos posteriores que penalizan sus prácticas de protección, algo que ocurre en el 72 % de los casos.