Medio ambiente
Las organizaciones ecologistas piden cambios en el Plan Nacional de respuesta a la guerra de Ucrania

Las principales organizaciones ecologistas han mostrado su preocupación por las posibles consecuencias en la degradación ambiental y en la pérdida de diversidad que se puede derivar de algunas de las medidas incluidas en el Plan Nacional de respuesta a la guerra de Ucrania. Así lo han expresado Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/Birdlife en un comunicado donde reconocen la necesidad de agilizar la tramitación de energías renovables pero sin pasar por encima de los impactos ambientales.

La agilización de los trámites se puede realizar, aseguran, en las zonas en las que “el impacto ambiental de estas instalaciones no es adverso”, como es el caso de las zonas urbanizadas, urbanizables o industriales. Sin embargo, consideran imprescindible que el nuevo procedimiento express de aprobación de plantas renovables no se aplique sobre áreas donde los “impactos para la naturaleza pueden ser críticos o irreversibles”. En todo caso, insisten, se deben garantizar la participación de la ciudadanía en los procedimientos de evaluación ambiental.

“De mantenerse esta redacción, el nuevo procedimiento podría facilitar la destrucción de este tipo de espacios, ya muy amenazados”, dicen las cinco organizaciones ecologistas

Estas cinco organizaciones se refieren en concreto a la disposición incluida en el Plan Nacional que permite un procedimiento abreviado para autorizar plantas fotovoltaicas de hasta 150 MW y eólicas de hasta 75 MW ubicadas en tierra, en áreas de sensibilidad baja y moderada. Según la redacción actual, las autoridades podrán determinar, sin contar con la participación ciudadana, si una instalación de energía renovable necesita una evaluación de impacto ambiental o no.

“Esto abriría potencialmente la puerta a la autorización de proyectos con alto impacto ambiental sin las garantías mínimas, tanto de consulta pública como de evaluación de impacto ambiental, algo especialmente relevante en las zonas de sensibilidad moderada, que incluyen hábitats de interés comunitario”, denuncian. La falta de estudios de impacto ambiental en zonas críticas para la conservación de especies amenazadas puede ser letal para la biodiversidad, en especial para conservación de especies en peligro como el águila imperial ibérica, el urogallo cantábrico o especies agroesteparias en grave declive como el sisón y la codorniz común, entre otras. “De mantenerse esta redacción, el nuevo procedimiento podría facilitar la destrucción de este tipo de espacios, ya muy amenazados”, añaden.

La eliminación de la participación ciudadana en el inicio del proceso de evaluación presenta peligros y supone una violación de la normativa europea sobre impacto ambiental y el Convenio de Aarhus del que España forma parte, que garantiza el acceso a la información y a la participación en proyectos de este tipo. Si no se escucha ni se tiene en cuenta a la ciudadanía, “se estarían aprobando proyectos con potencial impacto ambiental —y que pueden conllevar la expropiación forzosa de los terrenos—, sin las suficientes garantías procedimentales y sin dar la palabra a las personas y comunidades afectadas en el momento adecuado”.

La necesidad de acelerar el “inexcusable” abandono de los combustibles fósiles y nuclear, con una apuesta por el ahorro, la eficiencia y las renovables, “ha de ser compatible con la conservación del patrimonio natural”

Para estas organizaciones ambientalistas, las modificaciones en el Real Decreto 6/2022 deben de realizarse de forma inmediata para evitar que “el más que necesario despliegue renovable se convierta, de facto, en un motor de pérdida de naturaleza del país”. Tal como recordó el último informe del IPCC de Naciones Unidas, la crisis climática avanza de la mano de otras crisis no menos importantes: la pérdida de biodiversidad, la deforestación y la contaminación del suelo, el agua y el aire.

La necesidad de acelerar el “inexcusable” abandono de los combustibles fósiles y nuclear, con una apuesta por el ahorro, la eficiencia y las renovables, “ha de ser compatible con la conservación del patrimonio natural”. Sin una naturaleza en buena estado, señalan, “España será incapaz de alcanzar su objetivo de ser un país de emisiones cero en 2050, ni podrá adaptarse a los efectos del cambio climático que ya está sufriendo la población, en forma de sequías, lluvias torrenciales u olas de calor”.