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Factura de la luz: Unidas Podemos celebra que el Gobierno haga “lo que hace una semana no se podía”

Cuando se cumplen más de tres meses de escalada libre del precio de la luz y con un nuevo récord sobre la mesa —172,78 euros el megavatio hora—, el Gobierno ha conseguido lanzar la primera batería de medidas para intentar atajar la deriva alcista de la electricidad. Las iniciativas tomadas hasta ahora no habían impedido que el precio siguiera trepando hasta situarse en los niveles más altos de toda la historia. 

El “plan de choque” presentado este martes tras el Consejo de Ministros pretende cerrar o, al menos, apaciguar una crisis de credibilidad que ya empieza a notarse en las encuestas con la promesa, ya adelantada por Pedro Sánchez, de que los consumidores paguen a final de año lo mismo que pagaron en su factura en 2018.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuantificó el alcance del plan de choque: si se suma el efecto de la suspensión de impuestos y las iniciativas presentadas este 14 de septiembre, la reducción en la factura de la luz podría llegar a un 30%. 

Entre las principales medidas anunciadas figura una limitación del precio del gas que se puede reflejar en las facturas y un mecanismo por el que “el exceso de retribución” de las eléctricas por el aumento del precio internacional del gas se destinará a bajar el precio que pagan los consumidores. Este recorte de los beneficios a las eléctricas será temporal, hasta el 31 de marzo de 2022. Con esta medida, el Gobierno espera poder recuperar 2.600 millones de euros que las nucleares y las hidroeléctricas cobraron de más y destinarlos a abaratar el recibo de la luz.

Además, las dos medidas que ya se estaban tramitando en el Congreso, la ley que reduce los “beneficios caídos del cielo” de las eléctricas y la creación de un Fondo de Sostenibilidad que permita sacar las primas a las renovables de la factura de la luz, serán tramitadas por la vía de urgencia. La aplicación de estas dos normas permitirían reducir la factura en un 13%, según la ministra Ribera.

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El Gobierno hace coincidir la introducción de la nueva factura eléctrica, que aumentará el precio de la luz si no se cambian los hábitos, con la presentación del anteproyecto de ley que acabará con una sobrerretribución de las nucleares y las hidroeléctricas calculada en 1.000 millones de euros.

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El proyecto de ley para la limitación de los beneficios extraordinarios de las eléctricas ya había sido lanzado de forma paralela al nuevo recibo de la luz, en junio de 2021, y había quedado completamente enterrado por la espiral alcista producida por la subida del precio internacional del gas y de los derechos de emisión y por la actuación de las grandes eléctricas que se aprovecharon de la situación, según denuncias de las organizaciones de consumidores que actualmente investiga Competencia. 

En agosto, el Gobierno aceleró la tramitación de esta ley que pretende que las eléctricas no trasladen a los consumidores el pago de unos derechos de emisión de C02 que las eléctricas y las nucleares no pagan ya que no emiten gases contaminantes. “Hay empresas energéticas que ahora mismo están teniendo beneficios extraordinarios. A mí eso no me parece aceptable, porque son beneficios que le vienen por la evolución del precio energético”, manifestó Sánchez en TVE.

Además del recorte temporal del exceso de beneficios, el Gobierno anunció que limitará el impuesto de la electricidad, que está actualmente en el 5,11% hasta dejarlo en el mínimo que obliga la normativa europea, un 0,5%. Se trata de un impuesto que cobran las comunidades autónomas, a las que el Gobierno central deberá compensar vía presupuestos. La medida se añade a la reducción del IVA del 21% al 10% para la mayoría de los consumidores y a la suspensión hasta fin de año del impuesto a la generación eléctrica del 7% hasta marzo de 2022, un ajuste que quedó enterrado por el aumento de los precios: pese al recorte de impuestos, el recibo de la luz no ha dejado de crecer.

A estas medidas se le suma la creación de un suministro mínimo vital y a la ampliación de seis meses de la moratoria de cortes de suministro. Además, la ministra Ribera ha anunciado que se destinarán 900 millones adicionales de las subastas de CO2 “para rebajar el coste de la electricidad”. 

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La organización de consumidores FACUA califica como “positivo que se intervenga el mercado del gas” fijando topes y que se detraigan beneficios “injustificados” de las eléctricas. Sin embargo, señalan que el recorte en el impuesto a la electricidad apenas se notará a la hora de pagar la factura: con los precios actuales, apenas supone un ahorro de 4,75 euros, frente a un aumento de 40. Con los datos de la primera semana de septiembre supondría que el consumidor medio tendría que abonar 103,4 euros en vez de 108,1 euros. 

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Celebraciones y precauciones

Para el principal socio de Gobierno, el plan de choque lanzado por el Ejecutivo es un motivo de celebración. “Hay que celebrarlo, es una magnífica noticia, es bueno que el Gobierno tome finalmente esa decisión. He estado hablando con Yolanda, con Ione y con Nacho Álvarez, que han estado en negociaciones para que esto fuera posible”, decía Pablo Iglesias en Hora25 en La Ser. Para el exvicepresidente el cambio de postura del PSOE sobre las medidas necesarias para atajar el incremento de la factura de la luz invita al optimismo. “Hace una semana esto [fijar topes para el precio de la luz y limitar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas] no se podía y se decía que esto era incompatible con la legislación europea. Esta semana sí se puede”, continuaba. Según Iglesias, la evolución del debate sobre la electricidad anticipa otros temas que se negocian dentro de la coalición: el salario mínimo interprofesional o la regulación de los precios de los alquileres en la Ley de Vivienda.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, también celebraba el plan de choque: “Es la mejor de las noticias que nuestro socio en el Gobierno haya aceptado algunas de nuestras propuestas para regular el mercado eléctrico y bajar la factura de la luz. Frente a las eléctricas que se lucran a costa de un derecho básico, el Gobierno debe proteger a la gente”.

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, insistía en el cambio de parecer del Gobierno: “El IVA no se puede bajar y los precios del mercado eléctrico no se pueden intervenir porque todo ello contraviene la legislación comunitaria... pero al final el PSOE ha accedido a bajar el IVA y poner un tope al precio del gas. Cosas de recibir presiones desde tantos frentes”. Para Sánchez, poner topes al precio del gas “sí supone una intervención en el mercado”, aunque, matiza, “el impacto positivo para los consumidores dependerá de la cuantía de ese tope”. 

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“Llevábamos décadas pidiendo una intervención en los precios de las eléctricas y siempre nos contaron el cuento de que no se podía, que estaba prohibido. Hasta hoy. Se puede y debe hacer mucho más, pero que el Gobierno limite el infladísimo precio del gas es una muy buena noticia”, dice en redes sociales.

Sobre la otra gran propuesta de Unidas Podemos para cambiar de raíz el problema, la creación de una empresa energética pública, no se ha vuelto a saber nada. El propio Pedro Sánchez se encargó de enfriar esa posibilidad después de declarar en una entrevista en El País que no se sentía obligado a implementarla porque no figuraba en el acuerdo de investidura con UP.