Derecho a la vivienda
Barcelona derogará la obligatoriedad del 30% de vivienda social

En Barcelona el parque público apenas representa el 1,5% del total de viviendas y una de las principales medidas de las que dispone el Ayuntamiento de la ciudad para reforzarlo será enterrada. Se trata, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la “única norma de ámbito local que obliga a los promotores de vivienda a destinar el 30% a pisos protegidos”. 

La iniciativa, que colocó a Barcelona en la vanguardia de políticas de vivienda para recuperar el parque público, fue aprobada en julio de 2018 con el apoyo de ERC, PSC y CUP. La ley obligaba a los promotores de nuevas viviendas y de rehabilitaciones a destinar el 30% de las viviendas al parque público con una serie de excepciones. La medida, que debía aportar unos 334 pisos al año para el parque público, tuvo su origen en una demanda de la PAH, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, el Sindicat de Llogaters, el Observatori Desc y la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible. Por presiones de los partidos socios, la aplicación de la ley se retrasó a otoño.

Hasta la aprobación de 30%, recuerda, Jordi González, del Sindicat de Llogaters, “la vivienda protegida sólo se podía situar en zonas periféricas o en zonas con grandes rehabilitaciones, por tanto, en la ciudad ya construida prácticamente no se podía hacer nunca”. Desde antes de las elecciones, el candidato socialista, Jaume Collboni, anunció su intención de tumbar la medida con modificaciones. Ahora se dispone a hacerlo con los votos del PP y de JxC de Xavier Trías. Según el análisis de Collboni, la ley no funciona.

¿Ha funcionado la ley? 

Según reconocen desde el Sindicat de Llogaters, desde su aprobación solo se han conseguido 60 pisos en la ciudad de Barcelona a través de esta vía. Esto tiene, sin embargo su explicación. El PSC y ERC pusieron como condición para apoyar la medida que se retrasara su aplicación unos cuantos meses y esto provocó una avalancha de casi 600 licencias de obras mayores y certificados de aprovechamiento urbanístico más que en 2017. Como si fuera poco, continúan explicando desde el Sindicat, se aplazó la entrada en vigor de la norma para las operaciones en curso durante dos años, lo que supuso que unos 57 expedientes quedaran exentos de cumplir con el 30%, porque ya tenían certificado urbanístico o por haber justificado una compraventa antes de julio de 2016. Esto hizo que otras 425 viviendas que podrían haber sido públicas estén ahora en el mercado privado. Y con la llegada de la crisis sanitaria de 2020, la paralización inmobiliaria de aquellos años hizo que la ley se mantuviera, de facto, suspendida otros dos años. 

“No es casual que ahora en 2023 cuando la medida empezaba a funcionar al 100% hayan surgido las críticas por parte de las promotoras y ciertos partidos como el PSC sobre su funcionamiento”

La baja cifra de viviendas obtenidas por la ley del 30%, explican desde el Sindicat, se deben también a la “picaresca” de los promotores que subdividían las obras para que no superar el mínimo de metros cuadrados que pide la norma, y a “la pasividad del propio ayuntamiento a la hora de hacer cumplir la norma”. La falta de inspecciones y sanciones ha hecho que se perdieran al menos otras 120 viviendas, según los incumplimientos detectados.

"No es casual que ahora en 2023 cuando la medida empezaba a funcionar al 100% hayan surgido las críticas por parte de las promotoras y ciertos partidos como el PSC sobre su funcionamiento”, dice Lucía Delgado de PAH Barcelona.

Para el Sindicat de Llogaters se trata de un “boicot” por parte del lobby inmobiliario que funcionó desde el lanzamiento de la ley. Primero, enumeran, amenazaron con “la ruina” si se aprobaba el 30%, después “después presionaron para que no se suspendieran las licencias restando potencial inicial a la medida”, una vez aprobado intentaron sin éxito tumbarlo en los tribunales y hoy “pregonan que no funciona en una especie de profecía autocumplida y con el altavoz de Collboni y Trias para que lo recorten o lo vacíen de contenido”.

La modificación de ley estará a cargo de un “grupo de expertos”, entre los que no hay, “por alguna razón”, ironizan desde el Sindicat, ningún representante de la sociedad civil ni mucho menos del movimiento de vivienda y vecinal que impulsó la ley del 30%. 

“La ciudadanía de Barcelona no merece dar pasos atrás en materia de vivienda. Nos jugamos la posibilidad de permitir que las familias puedan quedarse a vivir en su ciudad a un precio asequible”, dicen desde esta organización de arrendatarios.

La ley del 30% fue copiada en la Ley de Vivienda que entró en vigor en la primavera de 2023 y es considerada como una de las principales herramientas para ampliar el raquítico parque público español. Sería una medida, al igual que el recargo en el IBI a la viviendas vacías, que necesita del apoyo local para ser aplicada. Todo indica, que en Barcelona, la segunda ciudad de España y capital de la especulación inmobiliaria, no se aplicará tampoco esta medida.