Valladolid
El Centro Social La Molinera de Valladolid recibe una notificación para ser desalojado antes del 25 de abril

El Centro Social La Molinera de Valladolid recibió el 5 de abril una notificación judicial que informa de que el espacio autogestionado será desalojado en un plazo máximo de 20 días y que, para efectuar dicho desalojo, el magistrado Jose María Crespo de Pablo, ha autorizado el “auxilio” de la Policía, tal y como consta en el auto del Juzgado de Instrucción nº1 de los tribunales vallisoletanos.

En un comunicado de prensa, La Molinera indica que el centro ha decidido no interponer un recurso ante el Juzgado de Instrucción nº1 al considerar que técnicamente el recurso no puede tener “carácter suspensivo” y que el juez responsable carece de “objetividad”. Recuerdan que Crespo de Pablo “dejó pasar el tiempo para que algunas de las personas procesadas por las ilegalidades relacionadas con el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (caso PGOU) vieran sus causas sobreseídas tras la prescripción de plazos”. La modificación ilegal del PGOU permitió la construcción del Hotel Marqués de la Ensenada en La Molinera, un proyecto privado económico que quebró en 2017, dejando una deuda de 3,3 millones de euros. 

La Molinera fue declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León en 1991. Tras la quiebra del hotel, La Molinera fue vendida por un millón de euros a un fondo buitre y vandalizada, hasta que en 2018 fue okupada para ser convertida en un Centro Social abierto al vecindario. 

La Molinera se “reitera” en el comunicado en la defensa del proyecto autogestionado durante los últimos cinco años, que ha permitido evitar su “vandalización, destrucción y especulación inmobiliaria”. Asimismo, señalan que el Ayuntamiento de Valladolid “se ha mantenido al margen en la búsqueda de una solución digna” para el edificio, “desentendiéndose de trabajar por un desenlace que lo mantuviera en manos del conjunto de la ciudad y que evitase su adquisición privada por un fondo buitre”.  

Segundo intento de desalojo

En el 'caso PGOU', el Tribunal Supremo finalmente confirmó en 2022 la condena de un año y tres meses de prisión al jefe del Área de Urbanismo, Modesto Mezquita, y al arquitecto municipal, Luis Álvarez Aller. Previamente fue condenado, y no recurrió, el exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, a dos años de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial, prevaricación y prevaricación urbanística.

Este no es el primer desalojo al que se enfrenta el espacio autogestionado La Molinera. El 21 de marzo de 2022, la Policía lo desahució, pero unas horas después, miembros del centro volvieron a entrar en el edificio.