República del Sudán
La guerra en Sudán se enquista: ejército y milicias cometen crímenes de guerra contra la población civil

Pasaban cinco días del inicio de la guerra en Sudán cuando la familia de Kodi Abbas tuvo que salir corriendo de su casa. Los enfrentamientos que los primeros días del conflicto no habían llegado a su barrio en Jartum, estallaron de repente. La confrontación entre las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS)  y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) estaba demasiado cerca de su hogar. “Mi mujer y mis hijos huyeron de casa (...) Mis dos hijos menores, Hassan, de seis años, e Ibrahim de ocho años, junto a mi sobrino, Koko, de siete, eran pequeños y no pudieron correr los suficientemente rápido. Les mataron. A los tres”. 

El testimonio de Kodi Abbas, un profesor de 55 años, es uno de los muchos que Amnistía Internacional ha recopilado en su informe “La muerte vino a casa: crímenes de guerra y sufrimiento de la población civil en Sudán”, en el que reporta cómo, desde aquel 15 de abril en el que los antiguas aliados, FAS y FAR empezaron una guerra sin cuartel entre sí, con terribles efectos para la ciudadanía sudanesa.

El conflicto entre los actores implicados, liderados respectivamente por General Abdel Fattah al-Burhan ( y General Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti), surge tras el fracaso de la paz alcanzada el 5 de diciembre de 2022, firmada por ambos grupos y un sector de la sociedad civil —y criticada por una buena parte de activistas sociales y disidentes— por el que Sudán debía volver a la senda de la transición democrática iniciada por la revolución de diciembre de 2018. Los dos actores habían sido hasta ese momento aliados, dando un golpe de estado conjunto que truncaría el proceso democratizador en septiembre de 2021. La lucha de poder entre el ejército, y las FAR, creadas en 2013 a partir de las filas de los Janjaweed y funcional desde entonces al mantenimiento del régimen de Al Bashir, derrocado en 2019, auguraba un panorama político difícil para el país. La tensión finalmente estalló en un conflicto que se ha ensañado con la población civil.

Tiroteos en Jartum

Joshua Craze

Sidecar

Sidecar Tiroteos en Jartum

Joshua Craze

Los enfrentamientos en Sudán reflejan una compleja puja por poder y recursos entre el ejército del país, arraigado a la capital, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, surgidas al calor de las políticas de desestabilización de El Bashir.

El balance de la organización internacional de estos más de tres meses de guerra es un compendio de vulneraciones de los derechos humanos que ha sacudido el país, condenando a miles de personas a abandonar sus casas, y a atravesar la frontera con los países vecinos. Situaciones como la vivida por la familia de Abbas, se han dado desde entonces tanto en la capital, Jartum, como en Darfur o el Kordofán norte. Amnistía Internacional apunta cómo en las poblaciones donde FAS y FAR se enfrentan, junto a sus milicias aliadas, no hay ningún lugar seguro, las casas, los lugares donde la gente va a refugiarse, las calles que atraviesan para ponerse a salvo o buscar lo necesario para alimentarse, los hospitales, las carreteras que toman quienes quieren dejar el país, en todos esos lugares la gente es atacada. Algunos mueren, otros son heridos, muchos de los heridos morirán después dada la carestía de recursos sanitarios para abordar la emergencia. 

La organización desgrana de qué manera la vidas de las personas son amenazadas por los contendientes: desde los ataques deliberados a las balas perdidas, ninguno de los dos actores enfrentados en lo que AI ha dado en llamar un conflicto armado no internacional —en el marco de la Convención de Ginebra— estaría respetando los derechos de la población. Algunas de las vulneraciones que se reportan, de hecho, suponen crímenes de guerra, por los que han fallecido miles de personas y otras miles han sido heridas. 

La investigación empezó con los mismos primeros enfrentamientos, el 15 de abril, y termina el 26 de julio. Para recabar los testimonios AI entrevistó tanto a personas refugiadas en el este del limítrofe Chad, como a personas que aún se encuentran en territorio sudanés, incluyendo algunas entrevistas que se hicieron presencialmente en Nairobi y Londres. Las personas entrevistadas señalan, detalla el informe, especialmente a la FAR como perpetradora de violencia, involucrándola en aquellos ataques deliberados hacia la población civil. Además de los ataques indiscriminados, recoge el informe, se señala a las milicias tras el asalto de la iglesia copta Mar Girgis, un mes después del inicio del enfrentamiento, el 13 de mayo.  Los atacantes abatieron a cinco miembros de la iglesia, saquearon el templo, insultaron a los presentes, e intentaron encontrar a las niñas acogidas en el orfanato de la institución religiosa sin conseguirlo. 

Son ya 2.6 millones de personas las que han tenido que abandonar sus hogares, atravesando 750.000 de ellas las fronteras hacia Chad, Egipto y el Sur de Sudán. La guerra no ha afectado solo a sudaneses sino también a personas de otras nacionalidades que llevan años refugiadas en el país

Pero fueron muchas las mujeres, en los lugares afectados por los enfrentamientos, que no pudieron escapar a la violencia sexual de las partes enfrentadas. Tanto las violaciones como los secuestros de mujeres para mantenerlas como esclavas sexuales, son prácticas que han proliferado desde que estallase la contienda y que recuerdan al modo sistemático en el que la violación se usó como un arma de guerra en la guerra de Darfur, que comenzó hace ya dos décadas, en 2003. Un conflicto nunca cerrado que se reactivó horas después de que comenzaran las hostilidades en Jartum, cuando las ciudades El Fashir en el Norte de Darfur, El Geneina, en Darfur Occidental y Zalingei en Darfur Central, empezaron a registrar enfrentamientos, en los que además de los dos principales actores en disputa, se sumaban otras milicias aún activas.

De nada han servido las múltiples declaraciones de alto al fuego que se han anunciado desde que estallara el conflicto, este no ha hecho sino recrudecerse y enquistarse. Según las Naciones Unidas, reporta AI, son ya 2.6 millones de personas las que han tenido que abandonar sus hogares, atravesando 750.000 de ellas las fronteras hacia Chad, Egipto y el Sur de Sudán. Se da la circunstancia de que la amenaza no ha afectado solo a sudaneses sino también a personas de otras nacionalidades que llevan años refugiadas en el país, como pueden ser etíopes, eritreos y ciudadanos de Sudán del Sur.

El informe denuncia asimismo la ineficacia de la respuesta internacional a un conflicto que pone la vida de millones de personas en riesgo.

La guerra en primera persona

De las 181 personas con las que las investigadoras de AI conversaron, 59 eran supervivientes y testigos de violaciones de derechos humanos, 42 familiares de víctimas, 11 personal médico que atendió a sobrevivientes, y 13, trabajadores humanitarios. 

La organización reconoce por otro lado que, en el caso de Darfur, no pudo recabar información sobre ataques perpetrados por milicias no árabes (y en particular Masalit) dado que en los campos de refugiados del Chad oriental donde entrevistó a personas refugiadas, la mayoría huían de la FAR y otras milicias árabes aliadas. Además de los testimonios la organización de derechos humanos se ha basado en vídeos distribuidos en las redes sociales, imágenes satelitales, y otro tipo de documentos que han sido verificados antes de ser incluidos en el informe. 

“Me llevaron bajo el puente, donde habían acampado, me tiraron al suelo, y me apalearon, eran seis. Uno de ellos me disparó. La bala entró por mi espalda y se quedó en el abdomen. Después vieron mis documentos y comprobaron que no soy un soldado y no tengo relación con el ejército, y me liberaron”, quien habla es un joven periodista que fue interceptado por la FAR en Jartum mientras tomaba fotos con su teléfono móvil. El joven fue afortunado y, tras caminar a casa de unos parientes, un médico le extrajo la bala que, milagrosamente, no había dañado ningún órgano vital, algo que le salvó la vida, pues los hospitales no están operativos, siendo esta la causa de muchas de las muertes que se han registrado desde el inicio de la guerra. 

De hecho, los hospitales han sido uno de los objetivos de ataque de ambas partes, siendo bombardeados y saqueados. En el hospital universitario de El Geneina, 47 personas que habían tomado refugio, fueron asesinados. El 14 de mayo, otro ataque en el Medical Rescue Center acabó con la vida de 14 personas, una de ellas, el médico de 38 años Adam Zakaria Is’haq que trabajaba con la Darfur Network for Human Rights. Los ataques documentados en la ciudad fueron perpetrados por milicias árabes armadas, según declararon colegas del doctor. 

“Estaba con mi marido y mis dos hijas menores. Miembros de la FAR en uniforme entraron en la escuela y mataron a dos hombres heridos, y a otros tres hombres que les estaban asistiendo”

Un mes después, el 14 de junio, la FAR convocó al Gobernador de El Geniena, quien murió a manos de las milicias junto a su guardaespaldas. Este asesinato provocó un éxodo de numerosas personas pertenecientes a la comunidad Masalit hacia Chad. Estas personas, sufrieron también la violencia durante su huida. “Éramos 20 personas en nuestro coche, doce de mi familia, y otras ocho. Viajábamos con otros vehículos en convoy escoltados por hombres mesalit armados. Nuestro vehículo volcó cerca de Adi Kun, y nos quedamos atrás. Cuando volvimos a la carretera, milicianos árabes montados en motocicletas vestidos de civil dispararon a nuestro vehículo desde el lado derecho. Mi prima Nada y otras cuatro mujeres murieron”, explica uno de los supervivientes. 

Las personas también fueron atacadas mientras permanecían en el lugar donde habían ido a buscar refugio, “había un tiroteo intenso alrededor y las balas venían de todas partes. Fuimos a una escuela cercana. Estaba con mi marido y mis dos hijas menores. Miembros de la FAR en uniforme entraron en la escuela y mataron a dos hombres heridos, y a otros tres hombres que les estaban asistiendo”, explica en el informe una mujer que perdió un embarazo de nueve meses por heridas de bala.

De nuevo la violencia sexual como arma de guerra

“Dos hombres vestidos con uniformes de la FAR, con sus rostros parcialmente cubiertos con pañuelos y llevando rifles kalashnikov, vinieron a mi casa. Solo estábamos mis hijas y yo... Me apuntaron con sus rifles y amenazaron con matarnos a los tres si no salía fuera. Los dos hombres se quedaron en mi casa por dos horas y 20 minutos, cuando se fueron mis hijas estaban mal”, narra un vecino de Jartum sobre la violación de sus hijas, subrayando que tras la agresión no había ningún lugar donde ir ni posibilidad de buscar ayuda médica para las jóvenes. 

El informe recoge el caso de un grupo de 24 mujeres y chicas que fueron secuestradas y encerradas en un hotel, mantenidas en condición de esclavitud sexual durante algunos días por integrantes de las FAR

Según testimonios de médicos recopilados por AI, las violaciones que se vienen produciendo desde el 15 de abril son perpetradas tanto por integrantes de las FAR como por las milicias aliadas. Las mujeres y niñas fueron asaltadas en sus casas, o cuando estaban en el exterior buscado alimento. El informe recoge asimismo el caso de un grupo de 24 mujeres y chicas que fueron secuestradas y encerradas en un hotel, mantenidas en condición de esclavitud sexual durante algunos días por integrantes de las FAR. La falta de hospitales activos y de cualquier tipo de acompañamiento tras haber sufrido violencia sexual, así como la ausencia de autoridades policiales ante las que denunciar las agresiones, agrava las consecuencias en las víctimas. Son de hecho las FAR, antiguos Janjaweed, conocidos por la violencia sexual sistemática en Darfur, la fuerza señalada principalmente. AI destaca que la mayoría de casos de violación se dieron en el territorio controlado por esta fuerza, por parte de sus propios efectivos o de milicias aliadas. También se registraron algunos casos en los que se acusaba a las FAS de estar detrás de esta violencia. 

“Estamos comprometidos con salvaguardar a los individuos de toda forma de crimen, incluyendo las agresiones sexuales, condenamos toda acción no ética y rechazamos estas acusaciones”, alegaban desde las milicias en respuesta a AI. En la misma comunicación, señalaban haber puesto en marcha comités para investigar las denuncias, combatir la impunidad y cooperar con la ciudadanía, estableciendo puntos focales contra el crimen. Ese es el tono general de las comunicaciones de estas fuerzas cuando se les acusa de vulnerar los derechos humanos, la negación de haber cometido cualquier crimen y la alusión a mecanismos de fiscalización en el lenguaje de los derechos humanos. Las FAS, por su parte, ha negado en términos similares su implicación en ataques contra la población civil, pero siendo menos prolífico que su rival, informa AI.

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Un día las bombas se empiezan a escuchar más cerca, tu casa ya no es un lugar seguro, las calles se llenan de gente armada que podría matarte, los cafés se vacían, los hospitales colapsan, la guerra ya está ahí, y tú no estás preparado.

Recomendaciones

El informe termina con una serie de interpelaciones a las partes implicadas, organismos internacionales y terceros países. A las FAR y las FAS les exige que detengan la violencia contra la población y garanticen vías seguras para que la gente pueda dejar las zonas de conflicto. También les pide que faciliten el acceso de ayuda humanitaria y protejan a trabajadores e instalaciones, y por último que investiguen las vulneraciones de derechos cometidas por sus efectivos. Respecto a las autoridades sudanesas, y en particular al Ministerio de Justicia y al de Seguridad Social, se les exige que pongan en marcha las investigaciones necesarias para garantizar la rendición de cuentas y que brinden apoyo específico a las víctimas de violencia sexual.

La organización anima a los organismos internacionales regionales como el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos a empujar activamente por el fin de las hostilidades y garantizar que se investiguen las vulneraciones de derechos humanos. También abogan por extender el embargo de armas que afecta a Darfur a todo el país. La organización recuerda el comunicado de la IGAD (autoridad intergubernamental sobre el desarollo) del pasado 10 de julio en el que se compromete a “trabajar de cerca con la Comunidad Internacional para desplegar un mecanismo robusto de monitoreo que será instrumental para llevar a los perpetradores ante la justicia”. 

AI invita así mismo a ampliar el mandato de la Corte Penal Internacional que investiga los crímenes en Darfur a aquellos cometidos en todo el país, y reforzar la misión de la ONU en Sudán. Conmina a los países fronterizos a abrir las fronteras y facilitar la protección internacional a las personas refugiadas, interpelando también a los países aliados de Sudán fuera de la región para que acojan a las personas exiliadas.