Racismo
Ansiedad, miedo y humillación: cuando la policía te para por tu color de piel

Mamadou Moustapha Ngoma vivía en el barrio San Francisco de Bilbao, allí era habitual que la policía lo parase para identificarle. Este trabajador social compartía piso con dos chicos más. Un día, al llegar a casa, él y sus compañeros tenían la misma historia que contar: cada uno de ellos había sido identificado por la policía en algún momento de la jornada.  

Mamadou es africano, su piel es negra, y aunque en la entrevista que abre el informe Bajo Sospecha: Impacto de las prácticas policiales discriminatorias —presentado ayer por la organización Rights International Spain— no habla del color de sus compañeros de piso, se sobreentiende que tampoco son blancos, pues es no serlo, no encajar con la imagen de un español, lo que aumenta las probabilidades de ser parado por la policía hasta el punto que Ngoma describe en su testimonio.

La de Ngoma es una de las entrevistas que Youssef Ouled, con las fotografías de Lydia Vicente, hicieron para el informe, firmado por Rachel Neild. Los testimonios dan cuenta de qué sienten las personas que son una y otra vez interpeladas en la calle por su color de piel o fenotipo, de qué manera esta exposición condiciona su cotidianidad, su experiencia. “El uso de perfiles étnicos lanza a quienes encajan con esos perfiles el mensaje inequívoco de que no forman parte de la norma, son peligrosas y se les debe controlar. Esta experiencia tiene un impacto profundo en el sentido de pertenencia de los individuos”, denuncia en este sentido el texto.

“El uso de perfiles étnicos lanza a quienes encajan con esos perfiles el mensaje inequívoco de que no forman parte de la norma, son peligrosas y se les debe controlar”

En una investigación publicada por la Universidad de Valencia en 2013, que el mismo informe reproduce, se recoge que entre las personas encuestadas, un 6% de las personas blancas habrían sido interpeladas por la policía en los dos años previos. Frente a este porcentaje, las personas gitanas (con 60% de entrevistados identificados por la policía en el mismo periodo), las árabes y norteafricanas (45%), las negras (39%) y por último las latinoamericanas (22%) tenían muchas más posibilidades de tener que mostrar su documentación o el interior de su mochila.

En 2016, según cita el informe, activistas de organizaciones de derechos humanos hicieron durante un tiempo observación directa de las actuaciones policiales en la principal estación de autobús de Granada. A partir de ahí avanzaron diferentes tasas de riesgo: “Siendo 1 el total de paradas policiales que puede sufrir una persona blanca: [las tasa para una persona negra sería] 42:1, gitana 12:1, árabe (magrebí) 10:1, latinoamericano 8:1”.

Se trata de cifras diversas que reflejan situaciones y espacios diferenciados, pero que apuntan a una conclusión común, en España se realizan muchas, demasiadas paradas a individuos atendiendo a sus características raciales. Este hecho, según el informe, tiene que ver con que el control de migración lo realiza la policía nacional en todo el territorio, y no solo en la frontera, como sucede en Reino Unido. En Inglaterra, cuyo índice de paradas es notablemente menor, sería un cuerpo especial: la Autoridad de Frontera, la única competente para el control migratorio. 

El informe recuerda cómo en 2001, en el asunto de Rosalind Williams, una ciudadana con nacionalidad española, “el Tribunal Constitucional español arguyó que era razonable parar a una persona en virtud de su apariencia racial, puesto que este era un modo razonable de determinar quién era susceptible de ser un inmigrante indocumentado”. El informe advierte de la falsedad de este argumento en un estado donde hay cuatro millones y medio de inmigrantes con estatus legal y dos millones más de personas que adquirieron la nacionalidad. Tanto ellos como sus hijas e hijos pueden “no parecer españoles”. Estas personas, muchas segundas y terceras generaciones,  sufren “una experiencia transgeneracional de controles policiales”. Pero no son solo las personas de origen migrante quienes padecen esta exposición. Como demuestran los estudios, las personas gitanas enfrentan esta misma realidad. 

Los autores del informe hablaron con la misma Rosalind Williams, ciudadana estadounidense que vino a España de la mano de su pareja española en 1968. En 1992, en la estación de tren de Valladolid, un policía le pidió la documentación solo a ella. Cuando su marido preguntó al agente si la estaban identificando solo por su color de piel, este admitió: “Sí, estamos buscando personas como ella”. Lo que siguió fue una epopeya en distintos tribunales: “Pude luchar cada vez que mi caso fue desestimado por distintos organismos jurídicos porque no tenía miedo de recurrir. Cuando [el caso] fue desestimado por el Tribunal Constitucional, tuvimos que llevarlo fuera de España. Recurrimos a la ONU, al comité de  derechos humanos, ahí fue donde ganamos”, cuenta. En la sentencia de 2009, el comité de Derechos Humanos de la ONU dictamina que si bien los estados tienen el derecho de efectuar controles para controlar la inmigración ilegal, estos no deben ser hechos en base a la raza.

El informe también abunda en las consecuencias para la misma policía, y cómo estas prácticas desgastan la confianza hacia la institución por parte de quienes se sienten amenazados y maltratados por los controles, dificultando la cooperación ciudadana. Así, incluye el testimonio de un inspector de policía, quien reconoce que lejos de haberle formado en igualdad, se le ha subrayado siempre que hay determinados perfiles asociados a unos u otros delitos empujando a los agentes a “centrarnos mucho en determinadas personas, bien por su cultura, etnia, raza, origen”.

El funcionario apunta que este tipo de detenciones sirven para demostrar a una sociedad que comparte estos prejuicios que el cuerpo policial está haciendo su trabajo. “Con respecto a las personas que son identificadas”, admite, “afecta negativamente, porque la imagen de la policía se ve deteriorada y la legitimidad y confianza es difícilmente remontable. Es muy complicado defender sus derechos y libertades, no somos su policía sino la de una población mayoritaria”. 

A Malick Gueye le identificaron cuatro agentes de la policía secreta después de correr tras él, en el metro, cuando se dirigía al trabajo. Lo retuvieron durante media hora con el argumento de que buscaban “un chico negro”

Los testimonios que recoge el informe dan fe de las consecuencias en las personas de esta sobreexposición a las actuaciones policiales. A Malick Gueye, educador social y portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid, le identificaron cuatro agentes de la policía secreta después de correr tras él, en el metro, cuando se dirigía al trabajo. Lo retuvieron durante media hora con el argumento de que buscaban “un chico negro”. El ejemplo de Gueye ilustra un fenómeno corriente, las identificaciones, cacheos, o detenciones en el transporte público. El hecho de ser señalado en el espacio público, señala el informe, delante de muchas personas, resulta humillante.

Cuando Isabelle y Esther Momadou, expertas en derechos humanos, presenciaron una redada masiva en el barrio de Lavapiés, en Madrid, pidieron explicaciones. Según cuentan, un agente las llamó “putas negras” y fueron, ellas también, identificadas. La gente que había cerca no hizo nada. Sintieron mucho miedo: “Al mismo tiempo que te defiendes y ejerces tu derecho a preguntar y pides al agente que se identifique, eres consciente de cómo podría acabar la parada, notas esa sensación de nerviosismo, miedo, inseguridad y te sientes muy sola”, recuerda Esther.

El temor de que se repitan estos controles modifica la forma en la que las personas se relacionan con la ciudad, que se convierte en un campo inseguro, algunas cambian sus rutas, otras su forma de vestir. La cuestión se agrava evidentemente en los casos en los que las personas están en espera de regularizar su situación, o tras la pérdida sobrevenida de la residencia después de muchos años en el país. Delia Servin es una de estas personas que mientras transitaba su proceso de regularización evitaba los transportes públicos y cualquier lugar donde pudiera haber policía ante el temor de una expulsión: “Estuve encerrada cuatro años, esclavizada, por lo que me generó el control policial”, lamenta.

Del otro lado el informe recoge los argumentos que la policía reproduce para justificar estas prácticas: una mayor eficacia por concentrar recursos en perfiles específicos, o la ausencia de quejas por estos procedimientos. Sin embargo, las quejas en torno a estos controles han llegado al Defensor del Pueblo en gran cantidad: como resultado en 2013 trasladó a la Dirección General de la Policía un conjunto de medidas que debían adoptarse  para evitar el uso de perfiles étnicos. Entre ellas la introducción de formularios para registrar las paradas policiales, con una consecuente desagregación de datos, y la creación de un mecanismo de denuncia específico e independiente. 

Con su proceso de regularización abierto, Delia Servin evitaba los transportes públicos ante el temor de una expulsión: “Estuve encerrada cuatro años”, lamenta.

El informe destaca la labor de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad (PGPD), un dispositivo que une a dos asociaciones policiales con nueve organizaciones no gubernamentales. En este marco se propicia la introducción de formularios de identificación que registren posibles sesgos en las policías locales. Este modelo ya experimentado con éxito en Fuenlabrada en 2007, ha sido probado desde entonces, según el informe, en otros 15 cuerpos municipales de policía. El año pasado se inició un proyecto piloto en el distrito de Ciudad Lineal, pero el nuevo equipo al frente del Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, ha decidido no continuar en esta línea.

En otras regiones de España diversos gobiernos están adoptando el Programa para la Identificación Policial Eficaz (PIPE), se apunta en el informe, donde se liga la implementación de estas iniciativas al entendimiento de que “la acción policial basada en datos empíricos no solo es más justa, sino también más eficaz y es la tendencia en la acción policial del siglo XXI”.

Más allá del diagnóstico, el informe ofrece una serie de recomendaciones que parten de la necesidad de que los cuerpos policiales admitan expresamente la perfilación étnica. Se apunta también a la prohibición explícita de estas prácticas y la inclusión de “criterios claros y estrictos de sospecha razonable”. Para ello proponen servirse de formularios de identificación que aporten información sobre el perfil racial de las personas paradas con el fin de visibilizar los sesgos policiales y afinar la eficacia y por otro lado, generar garantías y mecanismos independientes de denuncia. Por último, se apuesta por “un mayor compromiso y diálogo con las comunidades sobre enfoques no discriminatorios de la acción policial y sobre la coproducción de enfoques de seguridad comunitaria entre policía y residentes, en particular en barrios diversos”.