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Racismo
Discriminación racial: un mal que persiste marcado por la infradenuncia
La Federación de Asociaciones de SOS Racismo, presente en Aragón, Catalunya, Bizkaia, Galicia, Gipuzkoa, Madrid y Navarra, presentaba ayer su informe anual sobre el racismo en el Estado Español. La entidad, que denuncia el racismo estructural, institucional y social desde el año 1995, retoma este ejercicio analítico en base a las denuncias recibidas, incluyendo una muestra de entrevistas en profundidad con víctimas de violencias y otros actores implicados en la respuesta a las agresiones racistas y xenófobas.
Cuatro años han pasado desde que SOS Racismo interrumpiera la publicación de estos informes, un periodo de tiempo marcado por la emergencia de una pandemia donde se ha señalado especialmente a las personas racializadas, con un “aumento del abuso policial y de las identificaciones por perfil étnico, el aumento de la violencia policial, los desahucios sin alternativas habitacionales, o malas gestiones de la enfermedad en los centros de Internamiento de Madrid o de Barcelona”. El recrudecimiento de la violencia en las fronteras, como se pudo ver el pasado 24 de junio en Melilla, o el auge de la extrema derecha son otros de los procesos que han marcado estos últimos cuatro años, en los que se ha avanzado en la normalización de los discursos de odio.
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Sin embargo, no todo es negativo, señalan desde SOS Racismo: La aparición de nuevas herramientas para combatir el racismo, como la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, el documento comunitario “Una unión de la igualdad: Plan de Acción de la UE: Antirracismo para 2020-2025”, o los avances en Catalunya con la Ley Ley 19/2020, de 30 de diciembre de Igualdad de Trato, muestran progresos en la lucha contra el racismo. Pero es sobre todo la emergencia de un movimiento antirracista protagonizado por personas migantes y racializadas, liderando iniciativas como Regularización Ya, celebran desde la Federación, el hecho más esperanzador de los últimos años: un periodo en el que han visto incrementarse notablemente el número de denuncias, de las 350 anuales, a las más de 500.
La Federación de Asociaciones de SOS Racismo se basa en estas denuncias recogidas en sus Oficinas de Información y Denuncia extendidas por el territorio —donde víctimas y testigos de discriminación racial cuentan con asesoría jurídica gratuita— para mapear la situación del racismo en el estado desde la perspectiva de las víctimas.
SOS Racismo destaca que la mayoría de las denuncias recibidas por racismo y discriminación tienen que ver con el “racismo institucional”, y en particular con lo referente a trámites de extranjería y de adquisición de la nacionalidad
Así, en base al medio millar de denuncias presentadas —partiendo de la infradenuncia en este ámbito, y la brecha ente las situaciones de discriminación vividas y aquellas que llegan a ser señaladas— la Federación destaca que la mayoría de los casos tienen que ver con “racismo institucional”, y en particular con lo referente a trámites de extranjería y de adquisición de la nacionalidad. Es decir, el racismo se da en procesos burocráticos imprescindibles para las personas migrantes, donde se topan con discriminación y racismo por parte de la administración. Pero no son solo las instituciones públicas las señaladas, en el ámbito privado la raza también opera como determinante en la denegación de prestaciones y servicios. En este sentido, la organización detecta insultos y trato discriminatorio, en la entrada en locales de ocio o el acceso a vivienda, entre otros ámbitos.
Otro marco en el que se da el racismo es en el de la convivencia: conflictos y agresiones racistas que pueden producirse en el ámbito vecinal, en el espacio público, o el campo familiar o escolar. En cuanto al aspecto laboral, son sobre todo las mujeres quienes denuncian abusos, o que sus empleadores no cumplen con sus compromisos de formalizar sus contratos. Volviendo al ámbito de lo público, la denegación de acceso a prestaciones y servicios de estas características es otro de los espacios de discriminación más comunes. Especialmente sensible es el acceso a la asistencia sanitaria. Por último, las denuncias relevadas en el informe señalan los conflictos con organismos institucionales, como los cuerpos de seguridad del estado.
Pero, ¿cuáles son los actores que discriminan? En su estudio la Federación destacata tres “agentes discriminadores”, las entidades públicas, las privadas y las personas particulares. Son los primeros agentes, las entidades públicas, las más señaladas en las denuncias, seguidas de las personas particulares, y por último por las entidades privadas. Por otro lado, no todas las personas sufren el mismo grado de racismo, la mayoría de denuncias (el 43%) provienen de personas africanas (21% del Magreb y 22% del África subsahariana), mientras las personas sudaméricanas presentaron el 34% de las denuncias.
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La situación administrativa influye a la hora tanto de sufrir discriminación como de denunciar, la mayoría de las denuncias fueron presentadas por personas en situación regular (48%) o con ciudadanía europea (20%), las denuncias presentadas por personas en situación administrativa irregular representaron solo el 32%. Los números de SOS Racismo, muestran paridad de género en las denuncias, con un 51% presentadas por mujeres. A nivel cuantitativo, los datos reflejan también que la mayor parte de las denuncias no llegan a ser judicializadas ni las víctimas acceden a otros procesos de reparación.
En una aproximación más cualitativa, la organización ha intentado entender los mecanismos que llevan a denunciar y el fenómeno de la infradenuncia. El objetivo es “apoyar al aumento de la denuncia y (…) tratar de dar respuesta a una de las preguntas, que constituye otro de los ejes de la investigación ¿cuáles son las expectativas de la persona denunciante cuando decide denunciar?, y en cuanto a los procesos de reparación ¿qué se espera de este proceso? ¿o no espera?”, explican en el informe.
Así, mediante entrevistas en profundidad a personas que han sufrido situaciones de discriminación racista, de las cuales algunas han denunciado y otras no, distinguen tres tipos de narrativas relacionadas con el racismo: la primera es la que pone en el centro lo biológico, lo innato o los rasgos fisicos, o las diferencias culturales y religiosas como si fueran “naturales”. En segundo lugar estaría una narrativa en la que el racismo es una “construcción histórica social”, que justificaría la desigualdad de poder y la exclusión. En tercer lugar estarían los prejuicios e imaginarios frente la otredad, que se sitúan en la raiz del desprecio al diferente.
Entre las víctimas de racismo entrevistadas la mayoría señala que quienes sufren mayor discriminación son las personas gitanas. Magrebíes y afrodescendientes, seguirían esta lista, que se concluye con las personas latinoamericanas y de origen asiático
Entre las personas entrevistadas, destacan en el informe, la mayoría señala que quienes sufren mayor discriminación son las personas gitanas. Magrebíes y afrodescendientes, seguirían esta lista, que se concluye con las personas latinoamericanas y de origen asiático. Medios de comunicación y discursos políticos, manifiestan las personas entrevistadas, se vienen centrando específicamente contra marroquíes y personas afrodescendientes.
Dede sus propias experiencias con el racismo, las personas entrevistadas presentan dos discursos o percepciones, señalan desde SOS Racismo. El primero hace énfasis en la cotidianeidad con la que se sufren agresiones racistas, el segundo considera las discriminaciones como hechos puntuales que suceden en un momento concreto, o particularmente hacia determinados colectivos. Quienes visibilizan la discriminación como un hecho cotidiano, avisan de una normalización de unos hechos que se acaban considerando como inevitables, como un “precio” a pagar por estar aquí. Se trata, advierten desde SOS Racismo, de un discurso más presente entre las personas migradas, frente a las personas nacionales gitanas o racializadas.
Respecto a las motivaciones para denunciar, en las entrevistas se señala la necesidad de hablar y ser escuchado, la búsqueda de información concreta para denunciar agresiones físicas o verbales, o “la defensa de la dignidad que sienten lesionada”, como factores citados por las propias víctimas para dar el paso, además de visibilizar este tipo de hechos y que no queden impunes.
Contar con una red de apoyo que sostenga, y estar en situación regular, son factores determinantes para animarse a denunciar. Por otro lado, el miedo a no ser escuchados, a las posibles represalias o a los costos de un proceso judicial, o la asimilación de cierta impunidad institucional relacionada con las diversas experiencias en los países de origen están entre los factores disuasorios a la hora de denunciar. Sin embargo, “el primer obstáculo”, explican en el informe “es la falta de información por parte de las víctimas que desconocen el procedimiento para denunciar legalmente una agresión racista o cuando son víctimas del racismo. Como segundo obstáculo, la diferencia de trato percibida cuando se va a denunciar por ser una persona racializada”.
En el documento también se indaga sobre los efectos de sufrir agresiones racistas. Las personas entrevistadas señalan daños en la autoestima, la discriminación produce “miedo, rabia, preocupación, tristeza, falta de capacidad para relacionarse, sentimiento de culpabilidad, angustia, impotencia, estrés y frustración”, y coloca a las personas “en guardia” para la próxima experiencia de este tipo.
La discriminación produce “miedo, rabia, preocupación, tristeza, falta de capacidad para relacionarse, sentimiento de culpabilidad, angustia, impotencia, estrés y frustración”, y coloca a las personas “en guardia”
Las discriminaciones sufridas varían según la edad y las etapas vitales. Género u orientación sexual también influyen, remitiendo a una mirada interseccional. Las agresiones más violentas pueden desencadenar daño psicológico en diversos grados, dejando incluso secuelas emocionales que perduren en el tiempo.
Para afrontar la realidad de la infradenuncia, tomando como referencia el trabajo cualitativo con las víctimas, la Federación SOS Racismo aporta algunas recomendaciones y propuestas. En primer lugar destaca la necesidad de introducir un enfoque integral que vaya más allá de la “mera atención reactiva a las personas víctimas” sino que articule recursos comunitarios públicos y privados para la prevención de las agresiones, la detección de comportamientos discriminatorios y el acompañamiento de las víctimas. Destacan también, que dada la desconfianza que las víctimas manifiestan hacia las insituciones públicas, es necesario que sean actores independientes quienes las atiendan.
En relación con la desconfianza en las instituciones públicas, desde SOS Racismo se propone revisar el modelo policial, “la existencia de prácticas como las identificaciones étnicas raciales, la desconfianza basada en el estatus administrativo de la víctima, o la actitud mostrada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado respecto a la población racializada”, empujan a la organización a apuntar a la necesidad de modelos basados en lo comunitario. En cuarto lugar, el informe reflexiona sobre la necesidad de superar el punitivismo a la hora de abordar la justicia racial, pensando la resolución de conflictos con instrumentos que vayan más allá de lo represivo.
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En este sentido, plantea la necesidad de introducir nuevos mecanismos para la reparación del daño, que no tiene por qué venir, según expresaron las personas entrevistadas, por la vía judicial: “basta con una restauración individualizada, sencilla y directa con el victimario en la mayoría de las ocasiones”. En este mismo sentido, la entidad propone una mejora en el tratamiento de la víctima, ante la complejización normativa para denunciar y las dificultades de la aplicación práctica de las herramientas. Se hace asimismo énfasis en la formación en lo relativo a los distintos instrumentos para combatir la discriminación, orientada a todos los actores implicados, pero también a la población en general, también se destaca la necesidad de empoderamiento de las personas racializadas para que se sientan legitimadas a la hora de denunciar la violencia, en paralelo a la concienciación en la sociedad en general de que existen estas prácticas racistas, y que es responsabilidad común combatirlas.
Dotar de centralidad a las propias personas afectadas por el racismo y la discriminación, y situar la ley al servicio de la justicia racial para asentar sociedades antirracistas, son propuestas que completan el decálogo que ofrece SOS Racismo para combatir la discriminación y facilitar que se denuncie y enfrente cuando esta se da. “Necesitamos ver cómo las leyes, las políticas públicas, los planes etc. con voluntad política y dotación económica deben estar al servicio de una visión más amplia y como instrumento para generar un debate público, participado y sosegado que pongan en el centro la necesidad de luchar contra la desigualdad de todo tipo, y sobre todo como compromiso para la construcción de una sociedad antirracista, igualitaria e inclusiva”, concluye el informe.