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Han recibido Insultos, amenazas, escupitajos y hasta les han pinchado las ruedas del coche. Desde el 20 de septiembre, día en el que la Guardia Civil detuvo a cargos del Govern catalán, se han contado hasta 33 casos de agresiones, intimidaciones y amenazas a periodistas. Así lo recoge el informe I-O. Llibertat d’informació a la corda fluixa, elaborado por media.cat, el Grup de Periodistes Ramon Barnils, Irídia, lafede.cat, Novact y el Institut de Drets Humans de Catalunya.
El informe, presentado ayer, recoge hasta 110 situaciones que ponen en peligro la libertad de información y está basado en el Mapa de la censura, un proyecto de media.cat creado en 2015 con el objetivo de recoger hechos y situaciones que cohartan la labor de los periodistas en los Països Catalans. En todo el año, este mapa ha recogido 122 casos, de los que 110 tuvieron lugar en los últimos dos meses relacionados con el proceso independentista y de estos, 60 han afectado directamente a periodistas o medios de comunicación.
“33 son agresiones, amenazas o intimidaciones, de las que más de una veintena han tenido lugar en el contexto de manifestaciones nacionalistas españolas”, explica el Grup Barnils en un comunicado. Según señalan, Catalunya Ràdio y TV3 han sufrido especialmente este tipo de agresiones.
Presiones, censura y autocensura
En esos 60 casos también se incluyen 18 casos de presiones, censura o autocensura. “Consideramos especialmente relevantes las quejas de los trabajadores de la televisión y la radio públicas estatales, que muestran su desacuerdo con la forma en la que se han tratado informaciones referentes al 1-0”, continúa el comunicado.En el caso de TV3 y Catalunya Ràdio, además de las constantes amenazas, insultos o daños en su equipo, el l Tribunal Superior de Justícia de Catalunya mandó a la televisión y radio autonómica el pasado 12 de septiembre una notificación en la que les advertía de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión de la Ley del referéndum emitida por el Tribunal Constitucional.
El informe recoge también once casos de resoluciones judiciales, actuaciones policiales y denuncias que podrían haber obstaculizado la labor periodística. El Grup Barnils señala como ejemplo las notificaciones que prohíben publicar anuncios del referéndum bajo amenaza de repercusiones penales y el hecho de que responsables de varios medios de comunicación fueron citados a declarar.
También ha habido al menos tres casos en los que los cuerpos de seguridad del Estado han denunciado a periodistas o medios de comunicación, como a la directora del programa El matí, de Catalunya Ràdio o a un periodista de la revista El Jueves.
A esto se suman medio centenar de casos en los que se podría haber vulnerado el derecho a la libertad de información o expresión de la ciudadanía, con el cierre de páginas web, con la denegación de permisos para celebrar actos o conferencias sobre el referéndum o con la requisa de carteles sobre el 1-0.
El informe, redactado por el periodista Roser Reyner, ha contado con la colaboración de Laia Serra, abogada especialista en derechos fundamentales y ha estado coordinado por la peirodista de Mèdia.cat Elisenda Rovira. El Grup Barnils lo presentará hoy en la Conferencia paralela de la OSCE dedicada a Sociedad Civil, en Viena.